Las consultas populares son necesarias para la democracia, siempre y cuando estas no sean una farsa. Y es que, a pesar de anunciarse que la construcción de la controvertida planta de amoniaco sería una decisión de los mismos pobladores de Topolobampo, el Gobernador Rubén Rocha anunció como un hecho el proyecto ante inversionistas y empresarios, durante su participación en el Foro Mar de Cortés 2021 el fin de semana pasado.
El ejercicio plebiscitario está previsto se realice entre el 27 y 28 noviembre, bajo la supervisión de un comité de ciudadanos, propuesto por el mismo Presidente Municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, quien juega para el mismo equipo del Gobernador. Por si fuera poco, algunos integrantes de dicho comité se han manifestado abiertamente a favor de la construcción de la planta, restándole todavía más credibilidad al ejercicio.
Esta situación revela un nuevo estilo de gobernar, al que bien podría llamársele autoritarismo plebiscitario, una forma sutil de ejercer el poder, bajo la simulación de una consulta democrática, para legitimar proyectos preconcebidos.
Es un estilo de gobernar, que, para este caso, también contraviene el Estado de Derecho, toda vez que el complejo industrial actualmente se encuentra suspendido por un repertorio de amparos, promovidos por el colectivo ¡Aquí no! Estos recursos todavía se encuentran en una etapa de desahogo, por lo que, todo parece indicar, el gobierno morenista en Sinaloa intenta utilizar el instrumento de la consulta, como medio de presión popular para que las instancias judiciales resuelvan en favor de la construcción de la planta de fertilizantes.
Un fallo en ese sentido, y bajo esas circunstancias, implicaría una afrenta a la división de poderes, así como un atropello a los derechos humanos, con el pretexto de la voluntad de las mayorías.
Es preocupante que estas observaciones se vean como exageradas. Hay quienes piensan que un gobierno electo ni siquiera tuviera por qué consultar nada, pues el pueblo ya le otorgó su consentimiento en las urnas. La realidad es que a Sinaloa le urge una verdadera transformación de su cultura cívica. Por otro lado, este proyecto revela una carencia de ideas propias. Se supone que estamos en presencia de un gobierno de alternancia, pero la planta de amoniaco es una iniciativa que le quedó pendiente a la administración anterior.
La justificación para darle continuidad se basa en la oportunidad de convertir a Sinaloa en un productor de fertilizantes, sobre todo en un momento en el que el precio del amoniaco se ha disparado por el alza de los energéticos a nivel mundial. Sobre este punto, más que una consulta se requiere un foro de discusión para valorar todas las implicaciones de hacer de Sinaloa un estado dependiente de industrias de alto impacto con el medio ambiente y el modo de vida de las comunidades.
Otra justificación para echar andar la planta de amoniaco es la generación de puestos de trabajo. Sin embargo, aquí el desempleo no es un asunto tan preocupante, el 97.4 de la población económicamente activa se encuentra ocupada. El problema, más bien, es que somos el estado con los salarios promedio más bajos en todo el país. Esto se debe a que gran parte de la oferta de trabajo deriva de actividades poco competitivas. La planta de amoniaco no resuelve esta situación.
La estrategia de gobierno en materia de desarrollo debe ser más inteligente, tanto en lo económico, como en el ámbito político, pues no hace falta una consulta popular para saber que en Sinaloa la ciudadanía desea oportunidades bien remuneradas. La precariedad del mercado laboral es la incertidumbre de los estudiantes universitarios y la frustración de muchos profesionistas. Al mismo tiempo en todo México el modelo democrático institucional no ha sido tan eficaz para resolver los problemas materiales de la población, y eso ha hecho virar la política hacia el populismo.
En Sinaloa ya se advierten los síntomas. Es un camino que promete mucho, pero que no tiene un futuro de prosperidad.
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