Esta semana se cumplen 11 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, una de las heridas abiertas más profunda de la memoria colectiva del País.
El inicio del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum coincidió con el décimo aniversario de los hechos, trayendo consigo la promesa de renovar el diálogo con las familias, a la luz de un cierre de sexenio en el que los obstáculos institucionales se impusieron a los iniciales esfuerzos de esclarecimiento, y en el que se llegó al punto de buscar imponer la imposibilidad de alcanzar la verdad a las propias familias y sus representantes, avivando una serie de descalificaciones en contra de estas organizaciones.
En este nuevo contexto, la Presidenta anunció una nueva perspectiva para la investigación, basada en el uso de métodos y tecnologías que permitieran generar pruebas objetivas, superando así la dependencia en testimonios que, en distintos momentos durante los 11 años, había conducido la investigación.
Lamentablemente, este nuevo enfoque no pudo ser visto como un avance real mientras no había cambios en instituciones clave, como la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA). La permanencia del Titular de esta fiscalía especial sólo reforzó la percepción de continuidad, más que de renovación -como sucedió de manera más amplia con la permanencia de la entonces titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB)y en la reelección de la titular Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)-. No fue sino hasta julio de este año que se produjo un cambio en la UEILCA, luego de que se hicieran públicos diversos escándalos que confirmaron lo que las familias habían denunciado desde el nombramiento del titular, la falta de idoneidad para encabezar una investigación de tal complejidad, que significó la pérdida de casi tres años en el avance del caso.
Paralelamente, siguen sin resolverse pendientes clave en la investigación: las extradiciones largamente solicitadas -en particular la del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal que en dos gobiernos no se ha logrado traer ante la justicia, cuando en otros casos recientes ello ha ocurrido de forma expedita- y la falta de colaboración por parte del Ejército Mexicano al negarse a entregar los más de 800 documentos de inteligencia pendientes.
Así, las familias se fueron acercando al aniversario decimoprimero de los hechos con la expectativa de que esta nueva aproximación de la investigación pudiera dar resultados tangibles. Lamentablemente, después de la última reunión con la Presidenta, en voz de las propias familias, los resultados habrían sido insuficientes, medidos a la luz no de los tiempos del actual gobierno, sino por los más de 10 años de lucha incansable por conocer del paradero de sus hijos. Porque los tiempos de las víctimas no se miden en ciclos sexenales, sino en la medida del dolor que cargan día a día.
El reflejo más doloroso de esta situación es que, en este año, un padre del colectivo de familias falleció sin conocer del destino de su hijo, don Donato Abarca Beltrán, padre de Luis Ángel Abarca Carrillo, quien se suma a los otros cuatro padres y madres de Ayotzinapa y a los miles de familiares de personas desaparecidas en el País, que han partido sin obtener una respuesta del Estado sobre el paradero de sus hijos o seres queridos.
Así las cosas. Las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa llegan a un nuevo aniversario de estos dolorosos hechos sin haber alcanzado verdad y justicia. También llegan sosteniendo dignamente su exigencia por esclarecer los hechos, acompañados de las organizaciones que desde hace 11 años hemos caminado a su lado, pero con la claridad de que las personas que lideran de este proceso son ellas: las madres de los estudiantes que movidas por el amor hacia sus hijos siguen marchando y exigiendo verdad y justicia, como lo hacen dignamente tantas otras familias, de las más de 130 mil personas desaparecidas del País.
