Ayotzinapa: 12 años en búsqueda de verdad y de justicia
El pasado sábado 26 de septiembre se cumplieron 12 años de uno de los hechos que han marcado la historia contemporánea del País: la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Las familias de los normalistas desaparecidos, como las de decenas de miles de desaparecidos en México, continúan demandando verdad y justicia. Esta demanda se enmarca en los dos años de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que desde el inicio anunció una nueva perspectiva para la investigación -y hay que decirlo, una nueva etapa en el diálogo con las familias-, y que a lo largo del año fue anunciando que se presentaría un informe sobre los pasos dados con esta nueva aproximación, cuya información le fue presentada a las familias en su última reunión, un mes antes de que se cumplieran los 12 años.
Así, al cierre de dos años, se han presentado como avances principales la revisión de la investigación por medio de nuevas herramientas tecnológicas, la atención especial a la revisión de la telefonía en el caso y algunas líneas que han derivado de esta.
De ello, destaca la profundización de la investigación sobre la telefonía de los estudiantes cuyas líneas o celulares habrían sido utilizados después de los hechos. Información que ha sido revisada en diversos momentos y que ha abierto nuevas líneas de investigación sobre posibles funcionarios públicos que hicieron uso de estos aparatos.
También se presentó como un resultado derivado de este nuevo impulso la vinculación de quien fuera, al momento de los hechos, el Gobernador del estado de Guerrero. Al respecto, en su oportunidad, las familias expresaron que para ellas es relevante la detención y por ello insistieron al Fiscal Especial en la necesidad de que esta investigación sea fortalecida. Ello porque la misma está sustentada principalmente en testimonios de testigos colaboradores, lo que dista de la narrativa de que esta nueva etapa de la investigación se sostiene en pruebas científicas, y para las siguientes etapas del proceso penal se requiere de un acervo probatorio fortalecido.
Adicionalmente, se presentó como una línea preponderante: la relativa a la relación de los dueños de una funeraria, que tenía -al momento de los hechos y hasta hace poco- la concesión del Servicio Médico Forense de Iguala, con elementos del grupo criminal que estuvo involucrado en los hechos y en la que se han documentado múltiples irregularidades. Sobre esta línea de investigación, relacionada con el posible traslado y destino final de estudiantes y el uso de hornos crematorios -basada en declaraciones presentadas como indicios el día de hoy-, al ser tan dolorosa y determinante, se requiere que haya solidez científica en los peritajes, y no sostenerla únicamente en testimonios; pues ya en el pasado se ha abusado de la figura de los testigos de identidad reservada en el caso.
Por otro lado, las constantes demandas de las familias continúan sin ser priorizadas y se mantienen como los grandes pendientes. La investigación, en los hechos, lleva ya tres años sin supervisión internacional, persiste la renuencia a entregar información militar de inteligencia y existe una falta de información sólida sobre las extradiciones pendientes, en particular la del entonces titular de la Agencia Criminal de Investigación.
Al respecto, durante la conferencia de prensa, se reiteró que tanto el entonces Presidente López Obrador, como la actual Presidenta Claudia Sheinbaum, han solicitado información a la Secretaría de la Defensa Nacional y que esta ha enfatizado que ya se ha entregado la información relacionada. Sin embargo, como ha sido ya determinado por un Juzgado en febrero de este año, existen 853 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia que no han sido entregados, pues la discontinuidad en los folios de los archivos demuestra que la información existe y debe ser entregada, pese a que la Sedena ha negado su existencia.
En lo que respecta a las extradiciones pendientes, el caso del titular de la Agencia Criminal de Investigación cobra particular relevancia, pues no fue sino hasta agosto y septiembre de este año cuando se requirió información por vía diplomática y de la FGR, sin que -en los hechos- haya información sobre el estado actual desde hace ya cerca de tres años, cuando en diciembre de 2023 se anunció que la solicitud estaba ya en su etapa final de análisis.
En síntesis, el informe, relevante para dar a conocer a la sociedad los avances de la investigación, lamentablemente dista de acercar a las familias a conocer el paradero de sus hijos, la exigencia prioritaria por estos 12 años.
Las familias de los estudiantes continúan sosteniendo dignamente su exigencia de justicia y de verdad para esclarecer los hechos. No podemos dejar de recordar que en este año una madre y un padre de los estudiantes desaparecidos fallecieron sin conocer su paradero: doña Genoveva Sánchez, madre de Israel Caballero Sánchez, y don Francisco Rodríguez Morales, padre de Everardo Rodríguez Bello, cuya esposa Minerva había fallecido en 2018. Su muerte nos recuerda que la búsqueda por los 43 ha sido siempre una colectiva y llena de solidaridad, que ha sumado a la sociedad en su conjunto para no sucumbir ante el olvido.
Así, con la solidaridad que acompañó a las madres y padres de los estudiantes en su marcha del 26 de septiembre y movidas por el amor a sus hijos, siguen exigiendo verdad con la misma dignidad que lo hacen miles de familias en el País que buscan a un ser querido. A 12 años, no dejamos de nombrar a Abel, Alexander, Adán, Abelardo, César Manuel, Antonio, Benjamín, Bernardo, Carlos Iván, Carlos Lorenzo, Christian Alfonso, Cutberto, Dorian, Christian, Giovanni, Everardo, Felipe, Emiliano, Jorge Luis, Jorge Antonio, Jonás, Israel, Jorge Aníbal, Jesús Jovany, Jorge, Israel, José Ángel, José Luis, José Eduardo, José Ángel, Leonel, Luis Ángel, Magdaleno Rubén, Jhosivani, Julio César, Luis Ángel, Mauricio, Miguel Ángel, Miguel Getsemany, Marcial, Marco Antonio, Miguel Ángel y Saúl. Y con ellos, a las más de 132 mil personas desaparecidas en México.
