A nueve años de la noche cruenta de Iguala, las familias de los normalistas siguen luchando por la verdad y por la justicia, dando un digno ejemplo de amor y resistencia.
Los hechos son conocidos. El 26 de septiembre de 2014 fueron desaparecidos en Iguala, Guerrero, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en una jornada donde también fueron privados de la vida seis personas, incluyendo a tres estudiantes, y resultaron heridas varias decenas de víctimas, entre las que se encontraban un estudiante que continúa en estado mínimo de conciencia hasta el día de hoy y a otro joven alumno que sobrevivió a un impacto de bala en su rostro.
Al inicio, la investigación fue conducida por el Estado de Guerrero, que dejó ir pistas y líneas de investigación clave. Después, intervino la Federación por medio de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), que confeccionó, sin evidencia científica, un relato de cierre que se presentó como la “verdad histórica”. Conforme a ésta, todos los chicos habrían sido privados de la vida en un solo evento y reducidos a cenizas en una pira humana hecha en el basurero de Cocula. Tras la publicación de esta versión de clausura, el Presidente Enrique Peña Nieto llamó a los familiares de los normalistas a dar la vuelta a la página.
Las familias resistieron este embate y propusieron que un grupo de expertos internacionales independientes analizara el caso. Así llegó a México el GIEI en 2015, para realizar un cualificado trabajo de revisión de la hipótesis oficial, al amparo de las medidas cautelares que otorgara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En septiembre de ese año y después en abril de 2016, mediante sendos informes, el GIEI concluyó entre otras cosas que la “verdad histórica” carecía de sustento probatorio; que se había torturado de forma generalizada durante la investigación; que se habían dejado de lado líneas relevantes de investigación vinculadas al trasiego de trasnacional de drogas, y que el Ejército no había entregado toda la información con que contaba. En la revisión de las inconsistencias de la llamada “verdad histórica” fue determinante, también, la labor realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que practicó el más contundente análisis multidisciplinario sobre el basurero de Cocula con que hoy contamos.
Por esta labor, el Gobierno federal prácticamente echó del País al GIEI. Las familias, sin embargo, resistieron el cierre del sexenio. Su lucha fue alentada en esos momentos duros por hitos del caso como la publicación de un Informe hecho por la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que documentaba el profuso empleo de tortura en la indagatoria. En 2017, el Poder Judicial encontró fundados estos señalamientos y echó por los suelos las acusaciones presentadas, mediante una innovadora sentencia emitida por un Tribunal Colegiado de Reynosa, debido al cúmulo de irregularidades presentes.
En esas condiciones, las familias llegaron al 2018, cuando era patente que habría alternancia en la Presidencia de la República. Aunque inicialmente se les propuso una Comisión de la Verdad, al existir pendientes de justicia, ellas y ellos insistieron en que este diseño sería insuficiente. Fue así que se generó una nueva etapa anclada en tres componentes centrales: una figura que concretara la voluntad política de esclarecer, misma que en el caso se tradujo en la Comisión para el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (COVAJ), que por sus características y limitaciones no es equiparable a las comisiones de la verdad surgidas en otras latitudes; una nueva Fiscalía Especial, que desembocó en la creación de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación en el caso Ayotzinapa (UEILCA), cuyo titular fue nombrado muy tardíamente y después removido recientemente cuando se atentó contra su independencia técnica; y finalmente el regreso de los expertos del GIEI que habían participado en el caso, lo que se materializó plenamente, con retraso, hasta el 2020.
En esta fase, algunos avances de proceso se han logrado: la “verdad histórica” fue reconocida como insuficiente; perpetradores de tortura se encuentran hoy en prisión; mandos de la PGR rinden cuentas también por la manipulación de la indagatoria y, lo más importante, fueron identificados los restos de algunas de las víctimas, lo que se informó a sus familias mediante procesos dignos y respetuosos.
Adicionalmente, gracias a investigaciones periodísticas, hoy sabemos más sobre el entorno macrocriminal de Iguala en 2014; sabemos que en efecto esta zona la controlaba una red que no era una mera organización regional con capacidad de sobornar algunas policías municipales locales, sino un potente entramado delictivo en el que se habían desdibujado las líneas entre el Estado y el narcotráfico por el contubernio de autoridades municipales, estatales y federales, incluyendo en estas últimas a la Policía Federal y al Ejército. Así lo confirman los mensajes de texto del servicio Blackberry empleados por la red criminal en cuestión durante 2014, prueba objetiva que acredita más allá de toda duda el contubernio del narcotráfico con autoridades municipales, estatales y federales, e incluso con los castrenses.
Pero el tema esencial, que es el paradero de los jóvenes y el esclarecimiento pleno de lo ocurrido, continúa pendiente. Esto es, sin duda, lo que más pesa sobre el ánimo de las familias, que llegan a este aniversario sin haber alcanzado el resultado que esperaban. La sensación es que el tiempo se agota sin arribar a la luz de la verdad.
A este sentido de frustración han abonado las Fuerzas Armadas, en el contexto del alarmante empoderamiento militar que vemos en el presente. Esos obstáculos se han traducido en la omisión de entregar documentos relevantes, lo que motivó la salida del GIEI y la protesta de los familiares en el Campo Militar Número 1; en el otorgamiento de beneficios procesales inauditos, como la prisión domiciliaria a un mando castrense relacionado con el caso por mediación expedita e irregular de la actual Guardia Nacional; o incluso en el intento amedrentador de los militares procesados de llamar a juicio a los actores que han contribuido a alcanzar verdad en el caso.
Ante esta realidad, los padres y las madres han apelado de nuevo al Presidente de la República como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, con la esperanza de que se ponga del lado de la verdad y de las víctimas y no del Ejército y sus mentiras; con la esperanza de que no se institucionalice la mentira militar; con la esperanza, en fin, de que la razón de las víctimas no sucumba frente a la razón de Estado. El resultado de este último lance es aún incierto.
Estando en duda si aún habrá espacio para que el poder civil se imponga sobre el poder militar en este caso, lo que es indudable es que a nueve años la dignidad de los padres y de las madres sigue irradiando una fuerza inclaudicable, frente ante la que sólo cabe empatizar y reconocer. Son ellos y ellas -más que activistas, organizaciones, expertos, funcionarios o instancias- quienes al mantenerse en unión y movimiento siguen abriendo brechas para la verdad. Esto hermana a las familias de Ayotzinapa, con tantas y tantos familiares que buscan a los más de 100 mil personas desaparecidas que le hacen falta a México, con quienes comparten dignidad, indignación y esperanzas, y les vuelve un referente para todas las personas que frente a la violencia, las desapariciones, la deshumanización, la estigmatización contra las víctimas, el maltrato institucional y la impunidad normalizada, alzan la voz y no se dejan en este México herido. No les dejemos solas.
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