Un día triste. Se cumplen siete años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y aún no sabemos el paradero de 40 de los normalistas desaparecidos en la noche de Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Desde entonces, Ayotzinapa dejó de ser una localidad del estado de Guerrero que no sabíamos pronunciar para convertirse en un hecho histórico que resume la barbarie, el horror, la guerra informal y la gravedad de las desapariciones como un fenómeno masivo en México. Que en el país se pudiera atacar, perseguir, asesinar a seis personas y desaparecer a otras 43 normalistas rurales se convirtió en un golpe directo a la conciencia nacional.
Ese hecho mostró súbita y traumáticamente que México atravesaba un contexto prácticamente de guerra, en el que actores armados, públicos o privados, podían atacar, agredir y desaparecer masivamente a un grupo de estudiantes en completa impunidad. Las manifestaciones masivas que siguieron a la trágica noche de Iguala fueron un despertar a la conciencia de millones de mexicanos, especialmente jóvenes, que en este país el derecho a vivir, el derecho a no desaparecer, tenía que ser defendido en las calles.
Quienes nos manifestamos las semanas siguientes a la desaparición de los 43 normalistas entendimos desde muy pronto que ese macabro operativo no era obra solamente del crimen organizado. Desde muy pronto se vio con claridad la intervención de agencias de Gobierno. Por eso el lema “Fue el Estado”, que se pintó en la plancha del Zócalo y en miles de paredes de nuestras ciudades, fue una consigna política que identificó con claridad al responsable de este acontecimiento disruptivo.
Lamentablemente, llegamos al séptimo aniversario de esta tragedia con muy pocos avances en la investigación de la desaparición de los 43 y en una situación mucho peor en todo el país porque la epidemia de las desapariciones ha sido más larga y profunda de lo que pensamos en 2014.
Al presentar los avances de la investigación que lleva a cabo el Fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, este remarcó que se han hecho búsquedas en 136 distintos sitios y en doce de ellos se hallaron restos óseos, con lo que se identificaron otros dos normalistas desaparecidos: Joshivani Guerrero de la Cruz en junio de este año, y de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre en julio de 2020. Alexander Mora Venancio, en tanto, fue identificado en diciembre de 2014. Habló también de que se han expedido 89 órdenes de aprehensión, de las cuales 40 faltan por cumplirse. Y aseguró que se ha develado las mentiras y torturas sobre las que se construyó la supuesta “verdad histórica”. La Fiscalía especial tiene 40 videos que muestran a funcionarios de la extinta PGR interrogando mediante tortura a los detenidos.
Sobre la investigación de la masacre y desaparición de los normalistas, los padres y familiares de los estudiantes, se sienten un tanto decepcionados por el poco avance real en el esclarecimiento del caso y por los varios pendientes que existen para dar con el paradero de los 43 desaparecidos. Así lo expresó Blanca Nava, madre de uno de los normalistas desaparecidos: “Enrique Peña Nieto se burló de nosotras, nos pisoteó, hizo lo que quiso con nuestro dolor y el actual Gobierno está haciendo lo mismo. Yo no veo ningún avance, seguimos como el primer día sin saber nada”. Dolor, frustración, impotencia rodean a los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa.
A pesar del cambio de discurso y de trato del actual Gobierno federal hacia los familiares de los normalistas desaparecidos, hay varios pendientes por cumplir. Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas, mencionó entre otros la extradición de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal y a quien se considera uno de los principales responsables de la manipulación de la investigación llamada “verdad histórica” y de la comisión de otros delitos como tortura de detenidos.
Otro pendiente importante es la investigación al Ejército mexicano. En entrevista para Radio Universidad de Guadalajara, Vidulfo Rosales reveló que un testigo declaró a la Fiscalía que al menos 25 normalistas desaparecidos fueron ingresados al cuartel del 27 Batallón de Infantería de Iguala, “algunos asesinados” y que posteriormente fueron entregados a grupos criminales. Y también hay evidencias de que algunos militares de este batallón estaban en la nómina del grupo delictivo Guerreros Unidos. “Todo este conjunto de elementos son suficientes para iniciar una investigación exhaustiva contra elementos del Ejército mexicano, y eso se le dijo al Presidente” en la reunión que tuvieron los familiares con Andrés Manuel López Obrador el viernes 24 de septiembre.
Se llega, entonces, al séptimo aniversario con muy pocos avances en la investigación. Lo mas lamentable es que este aniversario nos recuerda que como país estamos peor que en 2014. En esa fecha nos espantaba conocer que había más de 30 mil desparecidos; hoy hay tres veces más desaparecidos reconocidos oficialmente y miles más que no son denunciados.
Ayotzinapa fue un punto de quiebre que no supimos aprovechar como país, dijo Vidulfo Rosales. Aquella tragedia debió servirnos de aprendizaje para detener la violencia que se generalizaba y que provocaba el regreso de la práctica de las desapariciones forzadas, como se demostró contra los normalistas.
Si en ese horrendo episodio el Estado hubiera encontrado a los estudiantes, castigado a los responsables y cortado de tajo las cadenas de impunidad que protegen los vínculos de fuerzas públicas y gobernantes con el crimen organizado, tal vez las desapariciones no se hubieran convertido en la epidemia que ahora se extiende por todo el país. Pero estamos peor que hace siete años. Los asesinatos, las masacres y desapariciones se multiplican porque el Gobierno sigue permitiéndolo, porque no ataca y elimina las cadenas de impunidad y las complicidades entre agentes del Estado y el crimen organizado. Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta en México.
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