Bajan los delitos, ¿mejora la seguridad?
Notas para una evaluación de la seguridad

En la mañanera del 10 de febrero, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que los homicidios dolosos pasaron de un promedio diario de 86.9 víctimas en septiembre de 2024 a 50.9 víctimas en enero de 2026, marcando así el enero más bajo desde 2016.

Son datos que no deben despreciarse, ya que la tendencia en los homicidios ha tenido una tendencia al alza estable desde 2012. Sin indagar en las temporalidades y la forma en que presenten los datos, y asumiendo que son precisos, ¿es posible decir México es más seguro? No es una pregunta fácil de responder, pero a continuación daré unos elementos con los cuales se puede realizar una evaluación.

Es importante comenzar por definir qué se entiende por seguridad, concepto que proviene del latín “securitas” que significa libre de peligro o ausencia de peligro, donde el término “público” refiere a que concierne a la sociedad y a que es responsabilidad y obligación del Estado el brindar a la sociedad una condición de protección de la integridad personal, de sus bienes y de sus libertades. Esta idea ha ido en evolución y hoy en día también se puede referir a “seguridad ciudadana” o “seguridad humana” incluso como el siguiente paso de la seguridad pública, pero el quid sigue siendo la ausencia de peligros.

Para el caso de México, este concepto se materializa en la Constitución en el artículo 21°, donde se considera que “la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia”.

A partir de entender lo que conlleva esta obligación, en primera instancia se puede decir que no tenemos seguridad ya que, a pesar de que han disminuido los delitos, éstos prevalecen y, según métricas internacionales, México sigue siendo un país con alta incidencia delictiva, en particular de homicidios. Pero al no haber en el mundo lugar libre de delitos este argumento se debilita, por lo que sería una deshonestidad intelectual sostener que la incidencia de un delito definiera por sí solo la seguridad de un país.

Si reconocemos que la incidencia delictiva es un fenómeno permanente de las sociedades actuales, entonces no podemos hablar de la seguridad como un estado definitivo, como un rango donde se mida en absolutos, donde 0 sea ausencia de seguridad y 1 cuando exista seguridad, sin mayores matices, sino de un proceso continuo de trabajo de las instituciones y colaboración con la sociedad para contener y progresivamente eliminar los peligros y amenazas para la sociedad.

Se podría argumentar que la disminución de los delitos ya mencionados se traduce en que el Gobierno federal efectivamente está trabajando por eliminar estos peligros y así mejorar la seguridad.

La disminución de delitos siempre será algo positivo y digno de reconocerse, sobre todo la disminución de los homicidios, pero tristemente el contexto de violencia del País es complejo, por lo que el estado de la seguridad difícilmente se puede aprehender únicamente desde los números. En consecuencia, es importante poner los datos en el contexto político-social.

Una parte importante de la crisis de violencia del País se genera por la existencia de grupos delincuenciales organizados, quienes se encuentran en permanente conflicto por el control de mercados criminales, ya sea entre grupos o de éstos con las fuerzas estatales. En México, la existencia de estos grupos “está ligada estructuralmente a la política y como negocio posible desde el poder político y supeditado a este”, como dice el investigador Luis Astorga. De manera que la secrecía que caracteriza estas relaciones dificulta la observación y evaluación de este fenómeno, sobre todo para saber cuánto se ha avanzado en la eliminación de este peligro. Pero la continuidad y permanencia de los grupos delincuenciales organizados en México invitan a pensar que es un fenómeno que sigue presente con fuerza.

Estamos en un punto en el que la ausencia de delito no significa ausencia de delincuentes, por lo menos no de carácter organizado, sino que éstos ya han logrado monopolizar un mercado criminal y cuentan con menor resistencia a su dominio. En este escenario no podemos decir que la seguridad ha mejorado ya que los principales habilitadores de la inseguridad en México, tanto actores criminales como las debilidades institucionales, siguen presentes.

Ahora, si cuestionamos las cifras oficiales, encontramos varias organizaciones civiles que señalan discrepancias en los registros de las carpetas de investigación de las fiscalías estatales respecto al delito de homicidios. Por ejemplo, Causa en Común expone que en los estados se está reclasificando el delito de homicidio doloso en el rubro de otros delitos contra la vida, o como homicidios culposos. Por otro lado, se tiene la crisis de desapariciones que representa una anomalía en el registro de delitos y que deja ver una crisis profunda de violencia y de capacidades institucionales para contener la violencia ejercida por grupos delictivos y por particulares.

En los ejercicios de comunicación del Gobierno, donde declaran con orgullo y satisfacción que los delitos van a la baja, lo que para ellos es muestra de que la estrategia de seguridad está funcionando, debemos cuestionarnos si realmente vemos mejoradas las condiciones de seguridad de la sociedad y, de no ser así, indagar sobre qué está detrás de este fenómeno de inseguridad que estamos experimentando.

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El autor es analista de seguridad pública, delincuencia organizada y control territorial.