¿Balcanización o transformación del Estado?
Cada vez que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas ha comenzado a tocar ámbitos sustantivos de poder, reaparece en México un argumento absurdo de quienes defienden el estado monocultural, “reconocer mayores derechos indígenas podría fragmentar al país, afectar su soberanía o incluso balcanizarlo”.
No es un argumento nuevo; durante los debates que precedieron a la reforma constitucional de 2001, diversos actores políticos invocaron el riesgo del separatismo para cuestionar la autonomía indígena. Su persistencia resulta reveladora; mientras los derechos indígenas permanecen en el plano cultural o declarativo, generan menor resistencia; cuando inciden sobre quién decide sobre el territorio y sus bienes naturales, la controversia se convierte en una disputa sobre poder.
La reforma del artículo 2 constitucional de 2024 abrió una oportunidad histórica para la transformación del Estado; pues el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con patrimonio público y personalidad jurídica no puede agotarse en una declaración. Si son sujetos políticos y jurídicos, su participación en las decisiones que afectan sus territorios, instituciones y formas de vida debe tener impactos reales.
Como se ha demostrado, el Estado no es un actor monolítico. Dentro de él conviven instituciones, gobiernos, congresos y otros actores que sostienen posiciones divergentes frente al reconocimiento indígena. Frente a reformas que amplían derechos indígenas pueden coexistir actores estatales que buscan profundizar el mandato constitucional y otros que procuran limitar sus efectos, particularmente cuando estos inciden sobre territorios, recursos naturales o proyectos extractivos.
Por ello, la disputa no puede reducirse a una oposición entre los pueblos indígenas y el Estado. Lo que está en juego es qué Estado habrá de resultar del reconocimiento constitucional de la pluralidad política y jurídica del país.
El territorio constituye el punto crítico. Reconocer lengua, cultura e identidad puede ser compatible con estructuras tradicionales de autoridad estatal. Reconocer, en cambio, derechos territoriales, autonomía, jurisdicción y participación efectiva en decisiones sobre recursos puede modificar relaciones materiales de poder. De ahí que el lenguaje de la “unidad nacional”, la “soberanía”, el “desarrollo” o la “seguridad jurídica” pueda utilizarse para presentar estos derechos como obstáculos al interés nacional.
Pero esa narrativa construye una falsa disyuntiva; México no tiene que elegir entre unidad nacional y derechos indígenas. La autonomía no equivale a independencia; el pluralismo jurídico no implica la desaparición del Estado. La libre determinación puede, por el contrario, democratizarlo al reconocer que dentro de su territorio coexisten pueblos con instituciones, normas y proyectos políticos propios.
La pregunta, entonces, no debería de ser cuánto reconocimiento puede concederse sin “poner en riesgo” al Estado, sino cuánto puede transformarse el Estado para hacer compatible su unidad constitucional con la pluralidad de pueblos que lo integran. La construcción de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos constituye una oportunidad histórica. El desafío es determinar si la reforma de 2024 producirá una redistribución efectiva de autoridad, recursos y capacidad de decisión, o si el reconocimiento permanecerá limitado por estructuras que históricamente han permitido reconocer derechos sin redistribuir poder.
En este proceso, la existencia de posiciones indígenas divergentes tampoco invalida la legitimidad de la participación. La libre determinación no exige unanimidad. Exigir una sola voz indígena reproduciría, paradójicamente, la lógica homogeneizadora que el nuevo constitucionalismo pretende superar. Frente al viejo fantasma de la “balcanización”, conviene formular una pregunta distinta: ¿y si lo que está en juego no es la fragmentación de México, sino su transformación?
Un Estado intercultural no es un Estado dividido. Es un Estado capaz de reconocer que su unidad no depende de negar la diversidad de los pueblos que lo integran, sino de construir instituciones capaces de convivir con ella.
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La autora es Maira Olivo, coordinadora del programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de Fundar México.
