Buscar no debe costar la vida: la crisis de desapariciones en México y el derecho a la verdad

“Buscar no debe costar la vida” fue el mensaje que hace algunos días dejaron familias de personas desaparecidas en México en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington. En una audiencia que se realizó a solicitud suya, las mujeres y hombres buscadores mostraron su digna rabia, su congruencia y la fuerza que tienen porque les mueve el amor. Hasta allá fueron a exponer que en México, buscar a una persona desaparecida significa poner en riesgo la propia vida. Una espiral infinita de desaparición y muerte.

La crisis de desapariciones y la crisis forense, que suma más de 50 mil cuerpos sin identificar, han sido uno de los lastres de las últimas décadas, pero en el presente sexenio se han profundizado de formas inimaginables. Desde 2010, más de 20 personas buscadoras han sido asesinadas en diversos estados del país y todos, absolutamente todos los casos, están en la impunidad. Lorenza Cano, hermana buscadora, sigue desaparecida desde el día 15 de enero de este año. Su esposo e hijo fueron asesinados por un comando armado que entró a su casa en Salamanca, Guanajuato; a ella se la llevaron y desde ese momento no hay noticias de ella.

En Washington se habló de Lorenza como también de otras madres, hermanas, padres, hermanos y familiares. Las y los buscadores que viajaron desde Guanajuato, Sinaloa y Aguascalientes relataron cómo son extorsionados, seguidos por “halcones”, amenazados, sus casas incendiadas, e incluso cómo sus compañeras y familiares han sido asesinados o desaparecidos.

El caso de Rosario Lilián Rodríguez, madre buscadora asesinada en 2022, es la muestra del horror que viven quienes buscan. Lily, como le nombran cariñosamente sus compañeras, fue secuestrada después de una misa que ella organizó el 31 de agosto de 2022, en honor a su hijo Fernando Abixahy Ramírez, desaparecido. Poco después de la misa, ella fue asesinada. “Su cuerpo fue envuelto en la lona que llevaba la foto de su hijo, la mataron a golpes y le pasaron con una camioneta por encima”, dijo ante la CIDH Alejandra Martínez, compañera de Lilián y hermana de Ismael Alejandro Martínez Carrizales, desaparecido desde 2020. (1)

El Estado mexicano se mostró indolente y dejó ver la poca importancia que le da a la crisis de desapariciones en el país y a los ataques contra personas buscadoras. Sólo se presentó por videollamada. Peor aún, Teresa Guadalupe Reyes, la Comisionada Nacional de Búsqueda, se apareció en cámara fugazmente, pasó solo para dejarles galletitas a las personas que daban la cara por las tremenda fallas del Estado.

En Washington se denunció un agravio más. Quedó claro que el Estado no sólo no ha logrado proteger a todas las personas contra las desapariciones y no busca a quienes están desaparecidas; tampoco garantiza la seguridad de quienes buscan.

La ONU ha declarado el 24 de marzo como Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y la Dignidad de las Víctimas. En México, y como lo demuestran cada día las madres, esposas, hermanas, padres, hijos e hijas de personas desaparecidas, todos los días son de la dignidad de las víctimas y de quienes les buscan. Son ellas quienes aportan al derecho a la verdad que tenemos como sociedad. Por ellas conocemos a cada una de las personas desaparecidas que nos faltan todos los días.

En la audiencia del 28 de febrero, la comisionada Andrea Pochak de la CIDH dijo que la violencia y los ataques contra las mujeres buscadoras son intolerables. Nos unimos a sus palabras. También a la exigencia por justicia ante los casos de violencia contra las personas buscadoras, y ante la urgencia de garantizar que su integridad y sus vidas sean respetadas. Buscar no debe costar la vida.

Todas sus vidas importan. Les nombramos: Marisela Escobedo Ortíz, asesinada en Chihuahua el 16 de diciembre de 2010; Nepomuceno Moreno Núñez, asesinado en Sonora el 28 de noviembre de 2011; Sandra Luz Hernández, asesinada en Sinaloa el 12 de mayo de 2015; Miriam Rodríguez Martínez, asesinada en Tamaulipas el 10 de mayo de 2017; José Iván Orozco Medina, asesinado en Michoacán el 11 de enero de 2018; Zenaida Pulido Lombera, asesinada en Michoacán el 20 de julio de 2019; María del Rosario Zavala Aguilar, asesinada en Guanajuato el 14 de octubre de 2020; Francisco Javier Barajas, asesinado el 29 de mayo de 2021 en Guanajuato; Gladys Aranza Ramos Gurrula, asesinada en Sonora el 15 de julio de 2021; José Nicanor Araiza Dávila, asesinado en Zacatecas el 27 de julio de 2021; Ana Luisa Garduño Juárez, asesinada en Morelos el 27 de enero de 2022; Jorge Ulises Cardona Zavala, asesinado en Guanajuato el 27 de junio de 2022; Brenda Jazmín Beltrán Jaime, asesinada en Sonora el 17 de julio de 2022; Grisell Pérez Rivera, asesinada en Hidalgo el 23 de agosto de 2022; Rosario Lilián Rodríguez Barraza, asesinada en Sinaloa el 31 de agosto de 2022; Buscadora asesinada en Puebla (el Colectivo pide anonimato) el 04 de octubre de 2022; María del Carmen Vázquez Ramírez, asesinada en Guanajuato el 06 de noviembre de 2022; Teresa Magueyal Ramírez, asesinada en Guanajuato el 02 de mayo de 2023; Griselda Armas. Asesinada en Michoacán el 23 de octubre de 2023; Lorenza Cano Flores, desaparecida en Guanajuato el 15 de enero de 2024; Angelita Almeraz León, asesinada en Baja California el 08 de febrero de 2024; Noé Sandoval Adame, asesinado en Guerrero el 13 de febrero de 2024.

1 La audiencia fue solicitada por los siguientes colectivos y organizaciones: ARTICLE 19, Oficina para México, Centroamérica y el Caribe, Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” AC, Colectivo Buscadoras Guanajuato AC, Colectivo Buscadoras Zacatecas AC, Colectivo “Buscando a Pablitos”, San Francisco del Rincón, Guanajuato, Colectivo “Hasta Encontrarte”; Irapuato, Guanajuato, Colectivo de Investigación del Proyecto “Incidencia de las familias de personas desaparecidas en Guanajuato y Jalisco a partir de los procesos de organización y de construcción de memoria” (PRONACES, CONAHCYT 319130), Colectivo “Por las voces sin justicia”, Mazatlán, Sinaloa, Colectivo “Voz de los Desaparecidos en Puebla”, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, IBERO Puebla, Observatorio Designaciones Públicas, Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, Red Internacional de Asociaciones de Personas Desaparecidas (RIAPD) y Unión Regional de Búsqueda del Bajío (50 Colectivos).

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