Cambios en las compras públicas. ¿Más reformas para la opacidad?

Asegurar suficiencia de medicamentos, insumos alimenticios, una eficiente infraestructura hospitalaria o que las comunidades cuenten con agua potable y saneamiento depende de muchos factores y toma de decisiones, pero una de las principales es de una adecuada política de compras públicas, que permita al Gobierno y a las autoridades adquirir bienes y servicios con la mejor calidad y a un buen costo, que garantice a la sociedad el acceso a derechos como la salud, educación, agua o vivienda.

La política de compras públicas es relevante porque permite al Estado obtener las mejores condiciones -en bienes, obras y servicios- para cumplir con sus funciones sociales. Además de que se destinan grandes cantidades de recursos públicos a este propósito; según IMCO, entre 2018 y 2024, el monto destinado a compras públicas federales ascendió a 2.6 billones de pesos. Tan sólo en 2023 la Administración Pública Federal destinó 702 mil millones de pesos en sus compras, lo equivalente al 8 por ciento del PEF de ese año (1), principalmente en el Sector Salud, como la compra de medicamentos, y en obras públicas para proyectos de infraestructura, como el desarrollo del Tren Maya. Por el monto de recursos públicos que se maneja, el destino de las obras o bienes adquiridos, así como por la interacción del Estado con los proveedores que puede generar riesgos de corrupción, su gestión debe de ser ampliamente vigilada y transparente.

Recientemente se aprobaron en la Cámara de Diputados reformas a la Ley de Adquisiciones y Ley de Obras Públicas (2) que, de acuerdo con las y los diputados, tienen como fin fortalecer el sistema de compras a través de una gestión de ahorros que deje de privilegiar a ciertos grupos políticos y económicos, que diversifique la competencia de proveedores, que tenga más controles de rendición de cuentas y de prevención de irregularidades a través de nuevas estrategias de contratación y la modernización de un sistema de seguimiento de las compras públicas (3), que además beneficie a grupos sociales prioritarios (como población indígena, migrantes, mujeres, etc).

Sin embargo, la implementación de estas reformas se atisba muy compleja y retadora frente a la realidad de las compras públicas, como es el abuso de adjudicaciones directas, la falta de información que compruebe la entrega de servicios, sobreprecios, la competencia desleal, entre otras. Además, preocupa que las reformas incluyen cambios que propician más riesgos para el control de la opacidad, el desvío de recursos o en la contratación de empresas fantasma y, con ello, generar un campo fértil para más corrupción que al final afecta la garantía de derechos, como son:

a) Plataforma Digital de Contrataciones Públicas. Se trata de un nuevo sistema que busca sustituir a CompraNet. A través de esta se pretende tener en tiempo real el seguimiento al ciclo de las contrataciones públicas y la trazabilidad de su gasto. Sin embargo, su implementación se advierte como un gran desafío pues será la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno la encargada de gestionarla junto con otras importantes plataformas, como es la Plataforma Nacional de Transparencia, frente a un recorte de su presupuesto, que para 2025 se redujo 4 por ciento (4). Además, resulta preocupante que en la transferencia de información se pierdan datos, contratos o el histórico de las compras públicas. Cabe recordar que en los últimos años CompraNet presentó diversas fallas que tuvieron como consecuencia la pérdida de diversos contratos registrados (5).

b) Adjudicación directa con estrategia de negociación. La reforma formaliza este mecanismo como una estrategia que podrá ser usada en casos de urgencia. Es decir, que cuando se determine que existen acontecimientos imprevisibles, como una emergencia sanitaria o un desastre natural, las instituciones públicas podrían seleccionar a algún proveedor sin la necesidad de un concurso abierto.

Aunque en México se permite la adjudicación directa de manera excepcional -en no más del 30 por ciento de los montos contratados y con estas reformas en no más del 20 por ciento-, en los últimos años parece haber un abuso de esta figura. De acuerdo con datos del IMCO, desde 2020 las instituciones adjudican de manera directa más del 90 por ciento de sus montos contratados (6), particularmente aquellas encargadas de adquirir medicamentos, como Birmex, y alimentos a comunidades vulnerables, como Segalmex, ambas investigadas por irregularidades en sus compras, la falta de transparencia y corrupción.

El problema con la formalización de esta figura en casos de “urgencia” es que, sin suficientes mecanismos de vigilancia y control, esta podría ser utilizada de manera discrecional al amparo de la “emergencia” afectado la libre competencia, la obtención de bienes o servicios de calidad y propiciar la corrupción. Y precisamente a través de las adjudicaciones directas es en donde más se ha detectado la contratación de empresas fantasma.

c) Estas reformas no aplican para las Fuerzas Armadas. Explícitamente la Ley de Obras Públicas señala que “tratándose de obras o servicios que deriven de programas prioritarios o proyectos estratégicos que ejecute la Fuerza Armada no les resultará aplicable la presente Ley” (7).

La exclusión del Ejército en la política de compras públicas es sumamente preocupante, pues cada vez es más evidente su participación en funciones civiles y en la construcción de obras públicas. La Sedena ha participado en más de 2 mil 800 obras de infraestructura hospitalaria y educativa, así como en proyectos prioritarios como el Tren Mata y el AIFA (8).

Desafortunadamente, esta medida incrementa los riesgos de opacidad frente a los cambios en la nueva ley de transparencia y acceso a la información que formaliza la reserva de información de proyectos “prioritarios” asociados con “seguridad nacional” o “intereses del Estado” a cargo del Ejército. Con estas reformas, los más de 236 mil millones de pesos que recibirá la Sedena en 2025 y 2026 para operar proyectos estratégicos quedarán fuera del escrutinio público y la rendición de cuentas (9), sin que se justifique su exclusión de estos procesos.

Los controles, mecanismos de seguimiento y la amplia transparencia en las compras públicas son esenciales para evitar que se abuse de figuras ventajosas para ciertas entidades proveedoras, se contraten a empresas que realmente no cuentan con la capacidad técnica ni financiera o se acuerde con proveedores que han sido sancionados o de reciente creación. Con la dependencia encargada de vigilar las compras y adquisiciones públicas sin presupuesto suficiente y la exclusión de actores relevantes, como es el Ejército, será un reto lograr implementar una política integral, automatizada y transparente que asegure que el Estado realmente adquiera la mejor opción en precio y calidad de los bienes y servicios que requiere para garantizar sus objetivos sociales.

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La autora es Sarahí Salvatierra, coordinadora del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.

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1. IMCO. “Compras públicas, una mirada al cierre del sexenio”. https://imco.org.mx/compras-publicas-una-mirada-al-cierre-del-sexenio/

2. Reformas publicadas en el DOF el 16 de abril de 2025. https://www.dof.gob.mx/index_113.php?year=2025&month=04&day=16#gsc.tab=0

3. En exposición de motivos de la iniciativa del Ejecutivo Federal por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y en la iniciativa del Ejecutivo Federal con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

4. Según los datos del PPEF 2025, a la Secretaría Anticorrupción se le recortó 7.9 millones de pesos a su presupuesto. Ver: Nuevas propuestas, menos presupuesto. Análisis del paquete económico 2025. https://fundar.org.mx/publicaciones/analisis-del-paquete-economico-2025-nuevas-propuestas-menos-presupuesto/

5. Animal Político. “Gobierno impide consultas de contratos previos a 2022”. https://animalpolitico.com/politica/plataforma-compranet-inhabilitada-contratos

6. IMCO. “Compras públicas, una mirada al cierre del sexenio”. https://imco.org.mx/compras-publicas-una-mirada-al-cierre-del-sexenio/

7. Artículo 1 Quáter de la iniciativa del Ejecutivo Federal por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

8. IMCO: La SEDENA en Obras Publicas. https://imco.org.mx/la-participacion-de-la-secretaria-de-la-defensa-nacional-en-obras-publicas-alcanza-un-nivel-sin-precedentes/

9. Reforma: Darán 236 mil mdp a Sedena para obra. https://www.reforma.com/daran-236-mil-mdp-a-sedena-para-obras/ar2980501