Camiones urbanos bajo ataque
Proteger a pasajeros y choferes
A los ataques con armas de fuego dirigidos a unidades del transporte urbano, uno que ocurrió el 7 de octubre en Culiacán y el otro ayer en Escuinapa, se les debe poner bastante atención de parte de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de Sinaloa al tratarse de hechos de violencia con los cuales el crimen organizado transita de la agresión entre grupos rivales a la acometida contra un servicio público que involucra la movilización masiva de personas.
En este tipo de delitos importa perder la costumbre de clasificarlos como extraordinarios por la baja incidencia que reportan, porque al minimizarlos se fortalece la posibilidad de que las consecuencias escalen a niveles trágicos que por fortuna no han reportado los dos casos recientes. Cuidado con permitir que el enfrentamiento de más de dos años entre células del Cártel de Sinaloa borre la tenue línea que separa a la violencia de alto impacto con aquella que constituye terrorismo deliberado.
Si las instituciones federales y estatales que participan en la pacificación de Sinaloa le dan la categoría de parte policiaco a sucesos en los cuales se compromete la seguridad de grupos de ciudadanos, lo que resultará es que se les abra otra vía libre a la logística de sicarios que persisten en ir más arriba en el reto sistemático al Estado y en la generación de miedo en los ciudadanos. Ver los problemas tal cual son contribuye a estructurar soluciones de fondo, ya no placebos que en lugar de curar el mal de la inseguridad lo hacen más doloroso y letal.
En Culiacán saltaron a la discusión pública los temores de mayores derivaciones atroces cuando el 7 de octubre un grupo delincuencial descargó sus armas contra un camión de la ruta Toledo-Centro resultando herido el conductor y sin reportarse usuarios alcanzados por las balas. La explicación que se ofreció, al ras de la justificación, es que los sicarios querían despejada la rúa Rolando Arjona y al no lograrlo atacaron con alevosía al chofer, avanzando rápido el evento al “no pasa nada”.
Lo de ayer fue más grave en Escuinapa porque la acometida fue directa contra el chofer de la unidad que transportaba a estudiantes que providencialmente resultaron ilesos. El operador también corrió con suerte y solamente fue herido con esquirlas de bala, no obstante que lo que estremece a la población del último municipio del sur es el acontecimiento en sí que puso en alto riesgo a los usuarios y la posibilidad de que las embestidas al transporte urbano se agreguen al catálogo del modus operandi de criminales.
Si bien es cierto que en el prolongado tiempo que ha durado la narcoguerra en Sinaloa el servicio de transporte urbano ha sido objetos de otros episodios violento, cabe precisar que una cosa es que los autobuses y pasajeros se hallen en medio de fuegos cruzados y otra muy distinta tiene que ver en que convoyes de gatilleros descarguen sus arsenales contra las unidades de rutas urbanas debidamente identificadas. He aquí la delgada línea entre minimizar las cosas o procesarlas con las advertencias y malos agüeros que traen implícitas.
El 7 junio de 2025 una mujer fue herida y a las semanas falleció en Culiacán, al trasladarse a bordo de un camión urbano que en el sector Stanza Córcega fue alcanzado por las balas de un atentado enderezado contra elementos de la Policía Estatal Preventiva. Además, desde el 9 de septiembre de 2024 a la fecha se han registrado en Sinaloa al menos cinco personas víctimas de disparos con armas de fuego mientras utilizaban el transporte citadino.
En todos los casos, resulta pertinente anotarlo, decenas de integrantes del Ejército, Marina, Guardia Nacional y policías federales y estatales llegaron a los lugares en que el transporte urbano resultó violentado. Y allí el sentido común cuestionó por qué tan alto contingente de la seguridad pública no estuvo antes de los hechos para anticiparse a las afectaciones contra la gente de bien.
En resumen, sí hay motivos de sobra para que los patrullajes de militares y policías protejan las rutas del transporte urbano en las ciudades donde el narco da indicios de incluir en sus atrocidades a este sistema de movilidad colectiva. Hacerlo no por cuestiones de catastrofismo ni amarillismos, sino para prevenir que se trate del guiño de la brutalidad criminal a esa parte tan estratégica del funcionamiento de las ciudades.
Ya sería muy mala suerte
Que en Sinaloa de plano,
Abra el transporte urbano,
Nueva ruta hacia la muerte.
¿Cómo pueden las cárceles ser tan porosas para permitir que entren ocho armas largas, ocho armas cortas, una granada antidisturbios y municiones para tales artefactos de guerra, según lo decomisado el 20 de octubre en el Penal de Aguaruto? La pregunta ofende hasta al criterio más jodido y la realidad certifica que la corrupción va mucho más adelante que los operativos para poner orden en los pomposamente llamados Centros de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito. No nos hagamos: la llave maestra de las complicidades son los fajos de billetes que abren los cerrojos de las penitenciarias para que en éstas se libren batallas que reeditan la ofensiva de la narcoguerra contra los sinaloense en general.
