Cárceles incorregibles en Sinaloa
Tras rejas, sucursales de la guerra
Durante los 630 días que ha durado la guerra que el 9 de septiembre de 2024 estalló en el Cártel de Sinaloa no se había registrado masacre alguna en las cárceles estatales como la que ocurrió la mañana del domingo en el Penal de Aguaruto, con saldo confirmado de muerte de siete personas privadas de la libertad. Este hecho tumba con otro golpe de salvajismo la expectativa de pacificación que un día se nutre con la baja en asesinatos y al siguiente la debilita la acción criminal de alto impacto.
Lo sucedido el mismo día que el gobierno de Claudia Sheinbaum habló de la reducción hasta en 45 por ciento de muertes por armas de fuego en México, adquiere el efecto dominó al derribar piezas fundamentales de la narrativa que comenzaba a tejer ilusiones de paz, a duras penas sostenidas con los alfileres de la frustración y desconfianza ciudadanas. En los zócalos defeños la tragedia nacional maquillada; en el campo de batalla que es Culiacán, la atrocidad cruda.
Principalmente lo colapsado tiene que ver con la información que casi a diario, o en la mayor parte de los días de la semana, daba a conocer la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado sobre los operativos en las penitenciarías con aseguramientos sorprendentes por la cantidad de lo decomisado y por la pregunta de cómo ingresaban tanto material ilícito.
Armas, drogas, bebidas alcohólicas, teléfonos celulares y equipo de comunicación satelital eran quitados y los esculques realizados horas después volvían a toparse con el reabastecimiento de tales arsenales, tecnología y sustancias. Allí estuvo de manera permanente el punto frágil de la seguridad penitenciaria y ahí permaneció avisando de homicidios dolosos masivos cuyo efecto expansivo contribuye a que profundice la percepción de miedo y desamparo.
Es decir, la efectividad que mostraron las policías con el apoyo de las fuerzas armadas daban para creer que los penales por fin se hallaban bajo el mando del Gobierno después de décadas de ser controlados por la alta delincuencia. El único misterio que emergía tenía que ver con la capacidad de proveeduría para que las PPL repusieran lo que las autoridades les habían confiscado.
Pero no. Lo que siguió inalterado en los mal llamados centros de readaptación social es la disponibilidad de insumos para que prosiguieran funcionando como universidades de especialización criminal, fortaleciéndose como las bombas de tiempo que el 31 de mayo detonaron con consecuencias que eran previsibles. Nadie diga que la riña o motín, lo que haya sido, encontró desprevenidos a autoridades del reclusorio de Aguaruto y a estrategias de seguridad pública.
¿Nunca les llamó la atención a los operativos efectuados en ésta y otras instituciones punitivas el hecho de que en cuanto salían por una puerta los materiales ilícitos decomisados entraban por otra los nuevos suministros de reemplazo? ¿Imaginaron que los escondites que descubrían en pisos y muros lo que en realidad denunciaban eran tantos hoyos-madrigueras como los que tiene un queso colocado en ratoneras? ¿Por qué no blindaron las rutas del reabastecimiento y sí permitieron que las rejas siguieran siendo barrotes de hule? Conociendo la condición peligrosa del Penal donde purgan condenas reos de las dos facciones del CDS en pugna ¿cómo omitieron la táctica de sujeción rápida de reclusos confrontados?
El Gabinete de Seguridad estatal debe informar a suficiencia qué pasó en el Cereso de Aguaruto, la situación que detonó la pelea entre internos y por qué no fue aplicado de inmediato el protocolo de contención que evitara el alto número de víctimas letales. Sin vuelta atrás en las consecuencias resultantes, al menos que la sociedad sepa dónde están los flancos endebles de los centros de ejecución de las consecuencias jurídicas de los delitos.
No puede quedar a medias la explicación de dos carreras a contrarreloj. Una de las instituciones de protección ciudadana para retrasar la implosión de la crisis en las cárceles y otra la del hampa por garantizar el abasto ilegal de pertrechos para que la narcoguerra sea librada también en tras las rejas.
Y que acabe la romería de alcaides y celadores que, como sucede siempre, son cesados o cambiados de prisión, pero en todo momento prevalece la podredumbre dentro de los calabozos.
Quién determina que el encierro,
Acabe siendo pena capital,
porque se vuelve chicle el hierro,
Que penetra la mano criminal.
La hipótesis de un solo agresor y de la misma arma blanca utilizada para ultimar a las siete personas privadas de la libertad alimentan también la posibilidad de la tardanza, por negligencia o descuido, en el personal de custodios para controlar la situación y evitar que las derivaciones letales escalaran a niveles tan trágicos. O de plano, como lo define el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Óscar loza Ochoa, las instituciones estatales y quienes las preside fallan en la custodia de penales en estado crítico. En una u otra circunstancia el desenlace es el mismo: la confianza en la Ley y quienes la aplican termina también enjaulada.
