Causas de la crisis financiera de la Universidad
Desde hace dos décadas, un mismo grupo ha mantenido el control de los recursos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con las consecuencias que hoy enfrentamos.
Con el fin de superar la crisis financiera que atraviesa la UAS es importante hacer un recuento de las causas del déficit que arrastra.
Nuestro propósito es mostrar que la crisis actual resulta de una acumulación prolongada de decisiones administrativas y financieras equivocadas a lo largo de 20 años.
En 2015, el déficit financiero de la UAS era de 1 mil 554 millones 974 mil de pesos (Segundo Informe UAS, 2014-2015), mientras que para 2025 asciende a 2 mil 661 millones 930 mil pesos (Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos 2025), un incremento del 70 por ciento.
Durante la última década, en lugar de optimizar recursos, se han mantenido prácticas como la contratación excesiva de personal de confianza o sospechas de compras a sobreprecios, lo que ha acentuado el déficit año tras año.
Como consecuencia, en 2024 se iniciaron procesos judiciales contra los Comités de Adquisiciones de la UAS por compras a sobreprecio que superaron los 500 millones de pesos, equivalentes a una quinta parte del déficit financiero acumulado.
Además, desde 2012 destaca el aumento sostenido del personal de confianza, superior al de académicos, muchos de ellos vinculados al grupo político de la administración central.
Hoy en día este personal de confianza representa el 57 por ciento de la nómina mensual universitaria, con un gasto anual de 1 mil 134 millones 972 mil pesos. Claramente, reducir este rubro tendría un impacto positivo en las finanzas universitarias.
Aunque la administración central atribuye el déficit principalmente a las jubilaciones, éstas representan solo una fracción del problema.
Para atender este problema se ha manifestado la necesidad urgente de implementar un fideicomiso. Si bien el fideicomiso se presenta como la única salida, no se han analizado con detalle las causas históricas del déficit ni se ha explicado qué garantizaría su éxito, considerando los antecedentes negativos de su primera versión en 2008.
En aquel año, el fideicomiso fracasó por la falta de aceptación y la desconfianza hacia su administración, condiciones que hoy persisten, lo que aumenta el riesgo de repetir el mismo desenlace.
A todo esto, se suma el problema de las aportaciones al Seguro Social, omitidas o incompletas en algunos periodos.
Los trabajadores que cotizamos después de 1997 recibiremos únicamente AFORE como pensión, pero el Rector ha reconocido públicamente que en ciertos años no cubrió las cuotas correspondientes. Además, cuando se llegó a hacer se hizo con base en el salario mínimo, reduciendo los montos acumulados para nuestro retiro.
Una pregunta válida es si la actual reingeniería financiera contempla también este déficit histórico en las aportaciones al AFORE, que afecta a la gran masa de derechohabientes de la institución Rosalina.
Los trabajadores universitarios hemos sido solidarios y asumido los costos de las decisiones financieras de la administración central en diversas ocasiones, pero esa disposición tiene un límite.
Cada fin de año enfrentamos incertidumbre respecto al pago de aguinaldos, que además de unos años para acá se ven reducidos por el Impuesto Sobre la Renta que la administración debe cubrir, según el contrato colectivo de trabajo (CCT).
Este 2025, las primas vacacionales no se han pagado a los jubilados y solo parcialmente a los trabajadores activos, con reducciones adicionales debido al cobro del ISR, lo que representa otra violación al CCT.
Debe recordarse también el año en que el Consejo Universitario decidió eliminar dos años de adeudo del Programa de Becas al Desempeño Académico para destinar esos recursos al pago de aguinaldos, a pesar de que dichas becas son un recurso etiquetado por la Secretaría de Educación Pública. Actualmente existen 14 meses de adeudo en ese rubro, sin claridad sobre el destino de los fondos.
Los trabajadores hemos cumplido reiteradamente con nuestra parte, sin recibir beneficios ni respuestas proporcionales. Todo indica que, una vez más, seremos nosotros quienes asumamos las consecuencias de las estrategias financieras incorrectas, una situación que plantea un panorama incierto para los empleados de una institución que integra a 191 mil universitarios.
Los trabajadores activos y jubilados hemos sido siempre solidarios con la universidad; ahora esperamos la misma responsabilidad del grupo que ha mantenido el control institucional por dos decadas, para que no solo gocen de sus beneficios, sino que también asuman las consecuencias de sus decisiones.
