Cerco político para el Alcalde de Mazatlán. Lo cuida AMLO, el que no arropó a Estrada

OBSERVATORIO
    Pero llevar o no a Benítez a juicio político depende sobre todo de la supuesta protección que le brinda López Obrador, quien de seguro ya sabe del errático y punible manejo del Ayuntamiento que realiza su pupilo en Mazatlán. Así se decía de Estrada, que contaba con el imbatible blindaje presidencial y por lo tanto se le consideraba intocable. Pues no: tanto fue el cántaro al agua de la impunidad que de pronto AMLO lo despostilló con un garrotazo de legalidad.

    Todo indica que se está cerrando la pinza del posible juicio político apretando duro para que al Presidente Municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, se le instaure el procedimiento para quitarle el fuero y responda ante las instancias de justicia por un cúmulo de delitos que, en efecto, configuran más elementos del orden penal, electoral y civil que los que existen en el actual enjuiciamiento contra Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán con licencia.

    Igual que como se comportaron las circunstancias con Estrada Ferreiro, la incredulidad social al inicio y luego el asentimiento generalizado a que sea juzgado, el curso de los sucesos en el tema Benítez Torres cumple la etapa primaria de la soledad en que lo está dejando el Movimiento Regeneración Nacional para sacar de la jugada a servidores públicos que alteran los principios de la llamada Cuarta Transformación y significan el riesgo de perder votos en 2024 cuando será electo el sucesor del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

    Antes de sucumbir en la clásica celada de la sensiblería humana, que primero exige sanción ejemplar para el bandidaje político y una vez que llega la ley dura el reclamo de castigo trasmuta a la petición de clemencia que roza la impunidad, importa analizar la cauda de presuntos delitos que por comisión reincidente cada vez se le notan más a Benítez Torres. ¿Peculado? ¿Enriquecimiento injustificable? ¿Uso indebido de la función pública? ¿Conflicto de interés? ¿Tráfico de información privilegiada? ¿Violencia política en razón de género? ¿Incumplimiento de acuerdos electorales?

    Por lo pronto, lo real es que, dentro de su propio partido Morena, al Alcalde de Mazatlán se le está cercando en la soledad que precede a la intervención de las instancias de procuración y administración de justicia. En el Eclesiastés del poder hay tiempos en que debe permitírsele al correligionario cometer algunos errores, pero no dejarle pasar que sus desempeños sean todo yerros y nada de aciertos. “Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas”.

    Por ejemplo, con el juicio político en ciernes contra Estrada Ferreiro es obligado deletrear la advertencia que el sábado hizo en Escuinapa el Gobernador Rubén Rocha Moya en el contexto del Programa Transformando Comunidades: “ningún gobierno debe hacer las cosas mal y el que las hace mal hay que sancionarlo, y si hay que meterlos a la cárcel, hay que meterlos, aquí no importa de qué partido sean, no vamos a ser paleros de nadie”. Más claro, imposible.

    O silabéese el pronunciamiento conjunto de la Senadora Imelda Castro, de Morena, y el dirigente estatal de este partido, Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, en el sentido de “todo aquel funcionario que no le responda al pueblo, que haga cosas indebidas tendrá que asumir su responsabilidad. En Morena no vamos a solapar a nadie que pase sobre esos principios, nosotros lo que vamos a hacer es respetar la decisión de los órganos que vayan a investigar y a juzgar, si dicen que es inocente, vamos a respaldar a nuestros representantes, si dicen que tiene culpa, pues tendrán que afrontar lo que ellos hagan, sus acciones”.

    Y sí, tal como lo dijo el jueves el Diputado local Luis De la Rocha Zazueta existen elementos más fuertes para llevar a “El Químico” al juicio político que los delitos integrados en las carpetas de investigación contra Estrada Ferreiro. Visualizó al Edil mazatleco siendo sancionado con el Código Penal en sus artículos 296, 297 y 298, por uso indebido de sus facultades, y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa donde violenta “todo el capítulo segundo, desde el Artículo 22 hasta el sesenta y tantos”.

    Si rugen las olas de la Perla del Pacífico es porque el gobierno marismeño las encrespa, agravando los problemas en vez de solucionarlos. Mucho ojo con el expediente de las lámparas oscuras que tiene que ver con la adjudicación directa de un contrato de compra de luminarias adjudicado a la firma Azteca Lighting, por 400 millones de pesos, proveedora privilegiada que ha sido vetada por el gobierno de Rocha Moya. Esto estriba en que funcione bien, o empañada, la lupa de la Auditoría Superior del Estado.

    Pero llevar o no a Benítez a juicio político depende sobre todo de la supuesta protección que le brinda López Obrador, quien de seguro ya sabe del errático y punible manejo del Ayuntamiento que realiza su pupilo en Mazatlán. Así se decía de Estrada, que contaba con el imbatible blindaje presidencial y por lo tanto se le consideraba intocable. Pues no: tanto fue el cántaro al agua de la impunidad que de pronto AMLO lo despostilló con un garrotazo de legalidad.

    En resumen, resulta muy importante observar con atención cómo el Gobernador Rubén Rocha y las principales cabezas de Morena proceden a desmontar aquellos espacios alterados del poder público que encorajinan a los sinaloenses y, de paso, merman la confianza depositada en la 4T. Jesús y Luis Guillermo deberían apellidarse Contreras porque mientras el Presidente y Gobernador tejen alianzas con miras a 2024, Estrada y Benítez se dedicaron a minar el voto de esperanza que le es leal al amloísmo.

    Vamos viendo. Por ello el apremio a agudizar los sentidos que nutren el análisis para luego no convertir a los servidores públicos pillos en modernos Malverdes.

    Reverso

    Con su caparazón corroída,

    Y siendo Alcalde viajero,

    Que Benítez imite la huida,

    de Estrada, al extranjero.

    Chapman la supo hacer

    De los tres negritos del arroz de Morena en Sinaloa, que son Jesús Estrada en Culiacán, Luis Guillermo Benítez en Mazatlán y Manuel Guillermo Chapman en Ahome, fue este último el que resultó más inteligente pues aceptó la propuesta de no reelegirse como Alcalde y se alejó de la probabilidad del juicio político que lo destituiría y aparte le pegaría la desprestigiada de su vida. Ahora se desempeña sin pena ni gloria como Diputado federal con blindaje y lejos de los ahomenses que lo recuerdan como el peor accidente en la historia política de dicho municipio.

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