CIDH: el combate al crimen organizado sin sacrificar los derechos de nadie
El pasado 10 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó la Resolución 1/26 sobre Crimen Organizado y Derechos en las Américas, que delinea estándares que deben seguir los Estados para cumplir sus obligaciones en el combate a ese fenómeno.
Frente al brutal panorama de violencia a nivel regional, es necesario que las recomendaciones de la Comisión sean analizadas con seriedad, tomando en cuenta los retos locales en cuanto a presencia criminal, su relación con autoridades de distintos niveles de gobierno y su alcance transnacional, la falta de acciones de prevención y la necesidad de fortalecer espacios multilaterales que respeten y promuevan los derechos humanos.
Esto, en lugar de políticas centradas mayormente en aumentar el número de detenciones, profundizar la militarización o el uso indiscriminado de prisión preventiva, que se han llevado al extremo en algunas regiones de Latinoamérica, como sucede actualmente en El Salvador.
En México, es necesario revisar y cuestionar este tipo de medidas. En el mismo periodo de sesiones, la CIDH escuchó en audiencia pública el testimonio de familiares de Bonfilio Rubio Villegas, acompañados por Tlachinollan y RFK Human Rights, sobre la ejecución extrajudicial del joven indígena náhuatl, de la Montaña de Guerrero en 2009.
Este caso ilustra los riesgos de políticas de seguridad centradas en la militarización, que ponen en peligro a la población civil, particularmente en contextos indígenas. No se trata de hechos aislados: las ejecuciones extrajudiciales persisten en el marco de acciones de seguridad que suelen quedar en la impunidad, como la ejecución extrajudicial de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa en mayo del 2025.
En este sentido, la Resolución 1/26 es clara al llamar a los Estados a no privilegiar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, sino a avanzar en su retiro progresivo y en el fortalecimiento de instituciones civiles, una recomendación especialmente relevante frente al aumento de la violencia y a casos recientes de graves violaciones a derechos humanos.
Si bien la CIDH reconoce la complejidad y el carácter multifactorial del combate al crimen organizado, insiste en que las políticas deben ser integrales y estructurales, no sólo reactivas, sino también preventivas.
Esto implica fortalecer la administración de justicia, garantizar la participación de las víctimas y las medidas de reparación integral, incorporando enfoques diferenciados para mujeres, poblaciones indígenas y personas defensoras de derechos humanos, incluyendo a las personas buscadoras, quienes enfrentan riesgos crecientes en contextos de alta presencia criminal.
La CIDH también enfatiza la necesidad de medidas integrales de prevención para la niñez. Aunque desde la tribuna presidencial se ha reiterado que la estrategia de seguridad está enfocada en la “atención a las causas”, estas no pueden reducirse únicamente al acceso efectivo a programas sociales o educativos y de recreación.
Se requieren acciones para reducir la exposición de niñas, niños y adolescentes a redes criminales, incluyendo la identificación temprana de riesgos en entornos digitales, así como la adecuada tipificación, investigación, sanción y reparación del reclutamiento forzado, en todas sus formas, una realidad doloros que está íntimamente relacionada con la crisis de desaparición en nuestro país.
Asimismo, resulta indispensable abandonar enfoques punitivistas que equiparan el combate al crimen con el aumento de la población privada de su libertad.
La CIDH advierte que el uso excesivo de medidas como la prisión preventiva oficiosa en la lucha contra el crimen organizado no sólo va en contra de los estándares internacionales de derechos humanos, sino que no atienden al propósito cautelar de protección de las víctimas.
Del mismo modo, alerta sobre figuras como “jueces sin rostro”, que, como ya hemos señalado, contraviene los derechos humanos.
Estas medidas, aunque parezcan evidentes, distan de la realidad en países como México, donde se priorizan respuestas reactivas por encima del fortalecimiento integral de las instituciones de justicia.
Se requiere construir capacidades técnicas de investigación, enfocar los esfuerzos en los flujos financieros ilícitos y avanzar en esquemas de cooperación internacional que respeten los derechos humanos.
A ello debe sumarse una política efectiva de control de armas que limite su disponibilidad y circulación –desde un enfoque de los Estados importadores y exportadores, como lo advirtió recientemente la Corte IDH en su Opinión Consultiva sobre el tema–, factor clave en la letalidad de la violencia en la región y en nuestro país.
La alta presencia criminal que hoy acecha a distintos países en Latinoamérica, entre ellos nuestro país, exige acciones eficaces de combate al crimen organizado, sí, pero nunca a costa de la integridad de las personas, especialmente de los grupos más vulnerables.
Los derechos humanos nunca pueden sacrificarse bajo la excusa de la seguridad. Como lo indicó el presidente de la CIDH, el Dr. José Luis Caballero, la resolución “rompe con esa lógica dicotómica falaz entre optar entre seguridad pública o asegurar derechos humanos” demostrando que ambas son posibles y necesarias para lograr un sistema de seguridad eficaz.
Frente a los panoramas sumamente complejos, la Resolución de la CIDH 1/26 aporta elementos fundamentales para la construcción de estrategias más efectivas, colocando en el centro el respeto a la dignidad de todas las personas.
