Claroscuros del primer crédito de Rocha. Dudas que están; respuestas que faltan

Atrajo la atención ciudadana el hecho de que el Gobernador Rubén Rocha Moya acudiera en diciembre a tres créditos contratados con la banca privada por un total de mil 500 millones de pesos para cumplir obligaciones por salarios y prestaciones al personal, así como gastos de carácter administrativo. Pero la sorpresa vendría 15 días después cuando el Mandatario estatal dio a conocer que había pagado los préstamos e iniciaría el año fiscal 2022 con cero deudas.

Porque en materia de dificultades de finanzas públicas son escasos los finales felices, a no ser la alegría de los burócratas al recibir a tiempo sus remuneraciones, la historia del crédito y el pronto pago está lejos de inscribirse en leyendas de aladinos y lámparas maravillosas. En sí el contratiempo de un gobierno sin dinero resulta penoso, qué decir de pedir prestado sin más aval que la palabra de un régimen incipiente.

El déficit presupuestal lo había atribuido Rocha a que su antecesor en el cargo, Quirino Ordaz Coppel, le dejó las arcas públicas vacías y en cambio procedió a pagar por adelantado 13 obras que no fueron terminadas, favoreciendo a 11 empresas con 109 millones de pesos. Reforzó con la declaración de que también el político mazatleco inició otras obras sin dejar los recursos para pagarlas.

Esta situación de cierre de 2021 parecía el inicio de la narrativa de reclamos al Gobernador priista por parte del morenista que llegó a la titularidad del Poder Ejecutivo estatal ofreciéndole una transición demasiado tersa a quien dejó el cargo. Pero no, lo que acabó siendo es la exigencia de transparencia y blindaje anticorrupción tanto para quien se fue como para el que llega, y redundan en que la rendición de cuentas resulta fundamental, o bien que la intervención de los órganos de auditoría, investigación y sanción hagan la labor que les corresponde, sin medias tintas ni simulaciones en posibles actos que dañan la hacienda estatal.

Más allá de la eficiencia declarada en la contratación y pago del crédito contingente que rescató las finanzas estatales, inclusive concediendo que Quirino Ordaz incurrió en irregularidades al tener para pagar obras por anticipado y no para dejar el “guardadito” para que Rocha operara en los primeros meses del sexenio, el tema lleva en todas sus aristas a que, haya sido como haya sido, la cosa pública sea completamente traslúcida ante el ojo ciudadano.

Al gobierno de Rocha Moya, que se adhiere a la máxima presidencial de “no mentir, no robar, no traicionar”, la transparencia le es como el agua al pez y desde la etapa inaugural de la Cuarta Transformación en Sinaloa está obligado a poner sus actos, políticas públicas y manejo del erario en la vitrina más transparente posible. El crédito adquirido para subsanar la parte concluyente de 2021 debía ser el punto de partida.

Ya se sabe del monto y los intereses estipulados, éstos últimos por 3 millones 340 mil pesos, sin embargo, es necesario clarificar la forma y el origen del pago. Lo poco que se sabe es que llegaron recursos de la Federación aunque no se precisa si fue por el monto total o el Gobierno del Estado asumió una parte y, en caso de ser así, de dónde obtuvo el dinero en el contexto de finanzas públicas deficitarias. ¿Se comprometen partidas del año fiscal 2022? ¿Esto tendrá o no impacto en el gasto futuro? ¿Dónde puede consultar el ciudadano común y corriente los documentos que sustentan el préstamo, los intereses y la procedencia del recurso?

Obviamente que esto les corresponde a aquellos servidores públicos en los cuales el actual Gobernador depositó la confianza del manejo de las finanzas estatales. Otra cuestión a dilucidar tiene que ver con la normativa que establece el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en el sentido de que ante cualquier desfase en ingresos-egresos los gobiernos estatales pueden recurrir a créditos sólo si son destinados al desarrollo social, no al gasto corriente. Es decir, la deuda pública es legítima cuando se acude a mayores ingresos para hacerle frente a exigencias inmediatas de los gobernados, no para pagar nóminas o cubrir compromisos del gasto corriente.

Aquí es donde el asunto cae el ámbito de Enrique Díaz Vega, Secretario de Administración y Finanzas, un experto financiero en el sector privado que ahora se cala en la administración estatal y quien llevará la carga de evitar deuda pública, ponerle diques al uso irregular del erario, y planear la austeridad republicana. ¿Y cómo es evaluado en la primera prueba que consistió en el endeudamiento que bajo ninguna circunstancia ha de ser el principio de prácticas donde el crédito indiscriminado comprometa los ingresos futuros?

En síntesis, está claro que en caso de un erario sin fondos Rocha Moya y Díaz Vega se vieran obligados a echar mano de las posibilidades disponibles pues de otra manera habrían enfrentado un conflicto social al dejar de pagar sueldos y aguinaldos a los trabajadores del gobierno estatal. Eso no está a discusión sino la interrogación de si el proceso del empréstito y liquidación se ajustó a los estándares de transparencia como señal de un sexenio que no caerá en la pérdida de credibilidad que deriva de manejos erráticos, opacos o irregulares del dinero que es del pueblo.

Quedó una duda vaga,

Del crédito de emergencia,

¿Cuando se es buena paga,

No importa la transparencia?

Aunque no lo han platicado frente a frente, a raíz del episodio de dificultad financiera con que empezó el mandato de Rubén Rocha, el Senador Mario Zamora ofreció orientación para que las soluciones a este tipo de problemas se hagan bien y de manera transparente. Desde su experiencia como ex Coordinador en la Región Noroeste de Financiera Rural y ex Director de la Financiera Nacional de Desarrollo, se propuso para analizar el bache presupuestal de Sinaloa y plantear alternativas. ¿Por qué no tomarle la palabra ahora que Rocha se está acercando a liderazgos priistas con propósitos de fortalecimiento de la gobernabilidad estatal?