Arturo Santamaría Gómez
A la memoria de mi amigo José Luis Beraud Lozano
El mea culpa peñanietista y el discurso del nuevo presidente del PRI son parte de una misma estrategia: intentar la relegitimación del Gobierno y del PRI para no perder el poder en 2018. Ambos hablan de combatir la corrupción.
Hay una ansiosa y desesperada necesidad política en ese discurso. No es que, de repente, haya una contrición, un arrepentimiento y el brote de un discurso ético que antes no exhibían. En pocos políticos existe la ética como principio. La puede haber pero este no es el caso. Lo que impele a los dos Enriques a hablar contra la corrupción es un imperativo político, una necesidad que los priistas tienen en las actuales circunstancias.
Ayotzinapa golpeó la credibilidad democrática del Gobierno de Peña Nieto ante amplios sectores de la sociedad mexicana y la opinión pública internacional; pero el tema de la casa blanca evidenció como nada que la corrupción se pasea a sus anchas por Los Pinos, en la cúspide del sistema político mexicano.
A los sectores conservadores del País la actuación del Gobierno en Ayotzinapa es respaldada o, al menos disculpada, porque implica enfrentar a un movimiento social de izquierda; pero la acción de la casa blanca ha sido más ampliamente repudiada tanto por la derecha como por la izquierda, tanto por ricos, clases medias y pobres. La casa de costo multimillonario ha provocado más repudio interno que cualquier otro tema.
Por lo menos hasta donde llegamos a ver, la corrupción de varios gobernadores priistas es peor que la de Peña Nieto, y esto influyó en sus derrotas electorales recientes; pero la del Presidente y su cónyuge ha sido mucho más conocida nacional e internacionalmente y, de manera inevitable, ha tenido mayores repercusiones políticas. Así que, el convencimiento de que la corrupción gangrena Los Pinos minó al PRI en todos los estados de la República.
La antidemocracia sacó al PRI de la Presidencia en 2000 y lo mantuvo alejado 12 años del Poder Federal. En 2018, más que el autoritarismo la corrupción amenaza con sacarlo nuevamente de la silla presidencial. Los lectores me replicarán: no, fue la lucha democrática en el 2000 y ahora la lucha contra la corrupción los que sacan al PRI del poder. Sí, claro; pero para recalcar el peso que han tenido el autoritarismo y la corrupción en las derrotas del tricolor es que las menciono como factores de primera importancia.
Los priistas no creyeron que la corrupción los podía debilitar políticamente tanto. Cuando el Presidente Peña Nieto insistía en que tal era parte de la cultura mexicana, de alguna manera nos decía que, al ser cómplices o progenitores de ella, la toleraríamos o, más aun, nos seguiríamos revolcando con ella y, por lo tanto, no afectaría al PRI y a su Gobierno.
Tuvieron que perder las elecciones en nueve estados para convencerse de que estaban equivocados, porque ni los bajísimos niveles de aceptación del Presidente Peña Nieto los hacían entrar en razón.
Así pues, el mea culpa y el discurso contra la corrupción son una estrategia política en el intento por preservar el poder; mas faltan las acciones concretas para que esa estrategia relegitime al Gobierno y al PRI.
Si la petición de perdón y el discurso anti corrupción convencen a un porcentaje considerable de la ciudadanía el PRI estaría demostrando la efectividad de su estrategia, pero para eso tienen que pasar varios meses para ver qué dicen las encuestas que miden la aceptación de la Presidencia y, sobre todo, esperar los resultados de las elecciones en tres entidades de la República en 2017.
Las acciones gubernamentales para combatir la corrupción tienen que venir pronto si no el discurso se va desgastar mucho más pronto de lo que ya está siendo. Y es que, en efecto, a juzgar por decenas de comentaristas en columnas y radio de varias partes del País pocos creen en el arrepentimiento de Peña Nieto y en el discurso de Enrique Ochoa.
Si el nuevo Sistema Anticorrupción quiere funcionar tendrá que trabajar a marchas forzadas porque hay mucha chamba a todo lo largo y ancho del territorio nacional.
Por ejemplo, las abundantes sospechas de malos manejos del erario público, acompañados de un gigantesco incremento de la deuda pública a nivel del estado y de la mayoría de los municipios en Sinaloa, obligaría a que los funcionarios del Sistema se dieran una vuelta por este territorio, al igual que a varios estados de la República. Por lo menos se tendría que revisar el uso de las partidas federales que se entrega a gobiernos estatales y municipales.
Peña Nieto y Ochoa Reza tienen poco tiempo para probar no la autenticidad de sus discursos, sino la eficacia de su nueva estrategia política. Si la corrupción ha sido el aceite del engranaje del sistema político mexicano por muchas décadas, está por verse si la anticorrupción sirve para refuncionalizarlo.
La verdad, sería una hazaña colosal, no que limpiaran de esquina a esquina al sistema político en su conjunto, lo cual es una quimera, si no por lo menos al Gobierno y al PRI de ahora a las elecciones de 2018.
Por lo pronto, para alimentar nuestro escepticismo, el segundo que debería pedir perdón es Luis Videgaray, además de devolver la casa de Malinalco; pero este, a través del nuevo Director de INEGI, ya estrenó sospechosamente una metodología para medir la pobreza en México que, de la noche a la mañana, elevó en su condición social a millones de mexicanos. Videgaray continúa moviendo piezas en su estrategia para ganar la candidatura del PRI en 2018: ya metió a Ochoa Reza a la dirección del partido y a Santaella en el INEGI.
¿Cómo vamos a creer en el combate a la corrupción si desde el nuevo INEGI, uno de los alfiles de Peña Nieto, al parecer hasta ahora el favorito, con un manotazo de escritorio quiere ocultar los malos resultados del mal manejo económico del País?
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