Competir en la adversidad: el reto
de los acuicultores sinaloenses

En los últimos días hemos visto que el campo mexicano está acaparando los titulares, pero bajo la superficie, en estanques y granjas acuícolas, se encuentra otro tema igual de delicado pero más silencioso. En Sinaloa, los acuicultores están levantando redes vacías, no de camarón, sino de esperanza. Hoy, una de cada diez empresas acuícolas ha cerrado o cambiado de manos. No es una cifra técnica: exige que el Gobierno Federal escuche y eche a andar acciones muy específicas. En México, la acuicultura representa un negocio que genera al menos 22 mil 473 millones de pesos, y da empleo alrededor de 56 mil 250 personas.

Carlos Urías Espinoza, líder acuícola de Sinaloa, ha hablado claro sobre el tema: “El contrabando y la falta de control en las fronteras están desplazando a los productores mexicanos”. Mientras el camarón ilegal cruza sin obstáculos, los pequeños empresarios lidian con altos costos, burocracia y una competencia desleal que los ahoga. Para Urías, el Gobierno federal no está cumpliendo su obligación de controlar las fronteras, subrayando que lo que no está permitido, no debe entrar.

En Sinaloa operan unas 912 granjas; en todo el país, poco más de 1,400. Si el 10% desaparece, como lo hemos dicho en columnas anteriores no hablamos solo de números: hablamos de familias que podrían verse afectadas directamente. Y si el ciclo continúa, podrían ser muchas más. Las causas son profundas: baja producción, precios que no cubren los costos, importaciones ilegales, y una desigualdad energética que condena a los productores sinaloenses a trabajar con diésel mientras otros estados ya están electrificados.

Urías Espinoza no exagera al decir que el primer ciclo del año apenas genera utilidades mínimas. “Nos estamos forzando a tecnificarnos, a reducir costos, porque el mercado negro nos supera. El Estado mexicano tiene que ver”, ha dicho ante los medios. La situación es tal que muchos acuicultores, al igual que en el campo, ya hablan de “resistir”, no de “producir”.

Hace unos meses, los representantes acuícolas se reunieron con el entonces Comisionado de Pesca y con el Secretario de Agricultura. Hubo promesas: detener el contrabando, fortalecer la inspección, revisar tratados con Centroamérica y electrificar granjas. Pero la realidad, hoy, es que esas promesas siguen flotando en el aire.

Desde COPARMEX hemos señalado que la falta de certeza jurídica y política son los enemigos silenciosos de la inversión y el desarrollo. Y eso también aplica a quienes producen bajo el sol y la sal. El abandono de la acuacultura es otro síntoma de la centralización excesiva de decisiones que ignoran las realidades regionales. No se puede hablar de soberanía alimentaria si se deja hundir a quienes producen desde el agua.

De acuerdo con Carlos Urías, el sector necesita tres acciones urgentes:

Detener el contrabando de camarón que entra por fronteras permeables y se vende sin control.

Electrificar las granjas acuícolas para reducir los costos de operación.

Reforzar la sanidad y trazabilidad, porque sin ellas el camarón mexicano pierde competitividad ante subsidios extranjeros.

Los acuicultores generan miles de empleos y alimento necesario. Incluso la ONU, a través de su agencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), promueve la acuicultura como una herramienta crucial para la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. Pero mientras el Gobierno Federal no garantice las condiciones mínimas para operar, se estará en una crítica desventaja. No se trata de subsidios ni de dádivas, sino de piso parejo. Si la ley existe, que se cumpla; si hay autoridad, que actúe; si hay contrabando, que se sancione.

México no puede permitirse que una industria nacida del agua muera por sequía de voluntad política. Ignorar al sector acuícola es renunciar a uno de los motores más nobles de la economía rural. Las granjas de camarón no piden privilegios, piden condiciones justas para competir.

Los acuicultores también alimentan, también dan empleo, también sostienen comunidades enteras. Y si el estado no corrige el rumbo, se perderán todavía más empleos en la región, lujo que no estamos para darnos.