Existe un marcado contraste entre lo que se le invierte a la seguridad pública en Sinaloa y los recursos públicos asignados a la educación, demostración fehaciente de que al Gobierno le interesa más contener la narcoguerra que avanzar en la construcción de paz positiva y con visión de futuro. En ese sentido, el informe de Mexicanos Primero denuncia las secuelas de tal disparidad: miles de estudiantes desarrollan su vida escolar en un entorno marcado por el miedo, la incertidumbre y el estrés.
De acuerdo con el balance educativo 2025-2026 que presentó la directora del capítulo Sinaloa de Mexicanos Primero, Nuria González Elizalde, hubo 120 días de suspensión de clases en alguna o más escuelas debido a la violencia y problemas operativos, es decir una fuerte merma a los 185 días de actividades didácticas para alumnos y 190 de docentes autorizados por la Secretaría de Educación Pública.
Lo más deplorable es que el miedo y el luto sí estuvieron puntuales en las aulas ya que los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que entre septiembre de 2025 y mayo de 2026 fueron asesinados 72 niñas, niños y adolescentes en Sinaloa, y sumando los hechos acumulados desde septiembre de 2024 la cifra aumenta a 173 inmolados.
Hay una especie de resignación consensuada sobre este problema, sin la asignación en lo particular o colectivo de las tareas a efectuar desde cada ámbito en la meta de la no reprobación como sociedad en la asignatura de la corresponsabilidad ciudadana. Hemos sido indiferentes, a ras de la negligencia, frente a otros golpes asestados a las escuelas en cuestión de infraestructura escolar, recortes en programas estratégicos, desinformación y anulación de esquemas que midan los aprendizajes de los educandos, deficiencias expuestas por MPS.
A finales de junio la Gobernadora con licencia, Yeraldine Bonilla Valderde, dio a conocer la autorización de la partida federal de 454 millones de pesos para el fortalecimiento de las acciones de seguridad en Sinaloa, suma a la que el Gobierno estatal le agregará 50 millones de pesos. Esto complementa los 308 millones de pesos que en 2016 provienen de los fondos de Aportaciones para la Seguridad Pública y para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública.
Nadie está planteando dejar de invertir en la recuperación de la seguridad y mejorar los sistemas de procuración e impartición de justicia, pero la experiencia nacional e internacional en materia de pacificación alecciona sobre el error de quitarle a la mesa de protección ciudadana la pata de la educación. A las acciones de represión a generadores de violencia les corresponden los resultados de corto y mediano plazo; la búsqueda de estabilidad social a través del conocimiento y la formación de mejores personas rinde civilidad y prevalencia de la Ley para generaciones enteras.
Importa notar las alertas que apaguen los cantos de sirena que nos aseguran que la educación está bien. Los procedimientos científicos y de data sustentada que efectúa MPS pretenden avisar a tiempo de los pasos hacia el abismo que denuncian que la escuela tiembla de miedo, llora al ver caer a los pupilos, mientras el aparato público permanece en inaudita desidia y responde, siempre, con la inacción en lo referente al plan estratégico e integral para salvar la enseñanza.
No es cualquier cosa ni es motivo para la desidia la investigación cuyos resultados muestra Nuria González por si los gobiernos federal y estatal también quieren “dimensionar el contexto en el que hoy crecen miles de niñas, niños y adolescentes en nuestro estado y eso importa porque puede modificar la vida cotidiana de las familias, porque puede generar miedo, incertidumbre y estrés, importa la asistencia, la permanencia y el bienestar de estudiantes, docentes y comunidades escolares”.
En síntesis, hay que meterle a la educación tanta o mayor inversión que la destinada a contener la ola violenta que arrasa con todo en Sinaloa, principalmente con la fe en las instituciones. Si han de comprar más patrullas, armas, contratar a más policías con mejores sueldos, y pagar el costo de traer a contingentes militares, entonces que haya también en la contraparte más ciudadanos construyendo las alternativas para poder vivir sin cercos militares ni asedios criminales.
En Sinaloa la educación,
Necesita de mayor esmero,
Lo dice Mexicanos Primero,
Y lo pide la pacificación.
Las fallas estructurales que presenta el malecón de Mazatlán en la fase que fue remodelada durante el gobierno de Quirino Ordaz Coopel requieren ser investigadas con rigurosos criterios técnicos, por personal especializado, antes de que la brava marea política que golpea duro a la Avenida del Mar demuela el derecho a la información confiable y a peritajes con credibilidad. Y entonces sí que el ex Gobernador que hoy despacha como Embajador de México en España responda por lo que debe responder. Ahora se escandalizan por un tramo que se comió el oleaje, los mismos que guardaron silencio cómplice cuando el colapso del tiburonario que construyó Mario López Valdez se tragó 23 millones de pesos.