"Con permiso para matar, en Mazatlán. Respuesta lenta de 'El Químico' y SSP"

Todavía hasta el sábado 17 de agosto el gobierno de Luis Guillermo Benítez Torres no había atendido cuatro requerimientos que la Fiscalía General del Estado le ha enviado para que proceda a garantizar medidas de seguridad al activista Felipe René Castro Lizárraga, quien se encuentra en probable riesgo de ataques contra él o su familia. ¿A qué se debe que el Alcalde de Mazatlán esté obstruyendo la protección a un luchador social que a consecuencia de su actividad perdió la vida de un hijo?

El más reciente oficio, con folio 1984/2019 y fecha 9 de agosto, lo giró la Fiscalía a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Delito, con copia a las secretarías de Seguridad Pública de Mazatlán y del Gobierno del Estado, dando cuenta de que Castro Lizárraga compareció a manifestar que se encuentra inconforme porque no ha recibido la protección física reclamada para él y su familia.
La Comisión Estatal de Atención a Víctimas derivó a su vez el documento de la Fiscalía a la SSP estatal para que se adoptaran las medidas de protección, procediendo a la gestión de tal previsión como la mandata la ley, así como lo hizo en los demás oficios que le han girado sobre el caso. También esta institución ha tenido conocimiento que la familia Castro López se declara insatisfecha de las acciones de resguardo implementadas.
Es decir, se ha tomado a la ligera la circunstancia de peligro en que está el defensor de aquellos que, mazatlecos o desplazados por la violencia en los municipios del sur de Sinaloa, buscan un terreno para fincar sus casas, con el viraje hacia “El Químico” Benítez y su Secretario de Seguridad Pública, Ramiro Lizárraga Medina, y el Secretario estatal del ramo, Cristóbal Castañeda Camarillo, apuntando hacia ellos el planteamiento de “los hacemos responsables” que organizaciones ciudadanas y derechos humanos hacen en el caso del joven Manuel Alejandro Castro, asesinado el 12 de julio.
Lo grave aquí es que cualquier descuido de la autoridad garante de seguridad pública se convierte en complicidad, mínimamente por omisión, con la delincuencia que ejecutó y planeó la muerte de René Lizárraga y al no poder consumarla contra este optó cobardemente a tomar la vida del hijo, Manuel Alejandro Castro López, mostrando el talante alevoso de los victimarios.
Inclusive, la Fiscalía ha considerado que mientras se realizan las investigaciones sobre el crimen cuya línea de investigación se fortalece con relación a la defensoría social del padre de la víctima, debe proporcionársele protección a René Castro y su familia, lo cual por ley les corresponde a las policías preventivas de los municipios. En reuniones con la parte afectada, aparte de la exigencia de justicia, ha cobrado prioridad la solicitud de acciones de anticipación a nuevas agresiones.
En las primeras horas y días posteriores al homicidio la Policía Investigadora en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública de Mazatlán le proporcionó protección a la familia, pero al determinar la Fiscalía que esa función de apoyo a víctimas le corresponde por ley al Gobierno municipal le envió los correspondientes oficios a la corporación a cargo de Ramiro Lizárraga, sin que hayan procedido a acatar lo dispuesto.
Por donde se vea, sí es notoria la existencia de un protocolo policiaco en torno a René Castro. Lo más probable es que sea por la negligencia de Benítez Torres y su jefe de policía, tal vez por desconocimiento de la ley o por desestimar la SSP a cargo de Castañeda Camarillo la magnitud del riesgo, dicho esto con el ánimo de que tal dejadez no alimente la hipótesis del desamparo a la parte afectada con el objetivo de proteger a la parte agresora, quien sabe con qué intereses.
Cuando una autoridad procede a la desidia o apatía en situaciones que ponen en riesgo la vida de los gobernados, lo que está dando es licencia para matar. El sistema de seguridad pública procede a paralizarse, los mandos policiacos caen el fingimiento y las autoridades e instituciones se burocratizan cerrando el círculo de la confabulación, mientras las personas, familias o conjuntos sociales bajo la mira de la delincuencia se ven indefensas sin más opción que sufrir el miedo que provoca la cercanía del disparo.
Eso es lo que más preocupa. Que las instituciones de seguridad pública desencadenen, por acción u omisión al no dar la protección debida, un ataque directo contra el activista del Movimiento Amplio Social Sinaloense.

Reverso
Conserven siempre en el bolsillo,
y en la conciencia esta verdad,
Mata el que jala el gatillo,
Y el que pone la impunidad.

CEDH y periodistas
En respuesta a las quejas interpuestas por periodistas de frente a la intolerancia de los alcaldes de Morena en Mazatlán, Culiacán y Ahome, la Comisión Estatal de Derechos Humanos que preside José Carlos Álvarez Ortega consideró ayer que el ejercicio de la libertad de expresión pasa por un momento crítico y en nada abona este contexto de violencia hacia periodistas y medios de comunicación, Considera que “los discursos estigmatizantes, el hostigamiento y la censura constituyen una afectación a los periodistas y significa una trasgresión a sus derechos humanos, lo que puede generar un contexto desfavorable para la libertad de expresión y, en consecuencia, fomenta las agresiones contra la prensa”, derivando de allí el “llamado enérgico a todas las autoridades de Sinaloa y en particular a los presidentes municipales, a que cumplan con su obligación constitucional, convencional y legal de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas y, en particular, de periodistas y comunicadores”.