Condiciones para aprender
Con frecuencia, la infraestructura escolar se entiende como un asunto de mantenimiento o de obra pública. Sin embargo, desde una perspectiva de derechos, las condiciones físicas de las escuelas forman parte de los elementos que hacen posible el ejercicio del derecho a aprender.
La escuela es el espacio donde niñas, niños y adolescentes construyen conocimientos, interaccionan y fortalecen su desarrollo integral. Cuando un plantel no cuenta con los elementos indispensables para su funcionamiento, las carencias materiales dejan de ser únicamente un problema de infraestructura para convertirse también en una barrera que limita las oportunidades educativas de quienes asisten a él.
La Constitución reconoce que los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza y aprendizaje, y establece que el Estado debe garantizar que la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneas para cumplir los fines de la educación.
En el mismo sentido, la Ley General de Educación señala que las instalaciones escolares deben reunir condiciones de calidad, seguridad, funcionalidad, accesibilidad, inclusión e higiene. Incluso la Nueva Escuela Mexicana incorpora la infraestructura y el equipamiento como una condición permanente para favorecer el aprendizaje y la participación de las comunidades escolares.
No obstante, entre ese mandato y la realidad cotidiana de miles de estudiantes en Sinaloa persiste una distancia importante.
El Balance de cierre del ciclo escolar 2025-2026 elaborado por Mexicanos Primero Sinaloa con base en fuentes oficiales, muestra que el 5 por ciento de las escuelas de educación básica en el estado carece de energía eléctrica y el 19 por ciento no cuenta con agua potable. Además, el 13 por ciento no dispone de espacios para el lavado de manos y el 15 por ciento continúa sin sanitarios independientes. Las condiciones de inclusión tampoco son alentadoras: el 73 por ciento de las escuelas carece de instalaciones adaptadas para personas con discapacidad y el 85 por ciento no cuenta con materiales adaptados para atender sus necesidades específicas. A ello se suma una brecha digital donde seis de cada 10 planteles siguen sin acceso a internet y el 63 por ciento no dispone de computadoras.
Más preocupante aún es que, al comparar estos datos con el ciclo anterior, los avances son muy limitados. Incluso, algunos indicadores muestran retrocesos. Aumentó la proporción de escuelas sin electricidad, sin agua potable, sin lavamanos y sin sanitarios independientes. Las mejoras observadas en accesibilidad e internet apenas representan un punto porcentual, insuficientes para modificar de manera significativa las condiciones en las que aprenden miles de estudiantes.
Estos resultados contrastan con la evolución reciente del presupuesto. Para 2026, los recursos destinados al Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE) para educación básica registran un incremento real de 27.1 por ciento, es decir, más de 87 millones de pesos, lo que representa una oportunidad para atender escuelas que requieren mantenimiento, rehabilitación y mejora de sus instalaciones. Sin embargo, al mismo tiempo persisten reducciones en otros componentes relevantes, como el programa de mejoramiento de infraestructura escolar, cuyo presupuesto disminuyó más de 48 millones de pesos (-32 por ciento), además de recortes en equipamiento, incluidos los destinados a aires acondicionados.
Desde luego, sería incorrecto esperar que un incremento presupuestal aprobado para 2026 se reflejara inmediatamente en mejores indicadores durante el mismo periodo. Pero precisamente por ello los datos invitan a plantear una pregunta de fondo: ¿la inversión pública en infraestructura está llegando a las escuelas que más la necesitan y está respondiendo a las principales carencias del sistema? Porque si las condiciones materiales continúan deteriorándose, el problema ya no parece limitarse al monto de los recursos, sino también a la forma en que se priorizan y ejercen, así como al seguimiento y evaluación de sus resultados.
Detrás de cada porcentaje existe una escuela donde enseñar y aprender resulta más difícil. Una escuela sin agua enfrenta problemas de higiene y salud; una sin electricidad limita el uso de herramientas tecnológicas; una sin accesibilidad continúa excluyendo a estudiantes que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación; y una sin conectividad reduce las oportunidades para desarrollar habilidades indispensables en el mundo actual. En esos casos, la infraestructura deja de ser un asunto administrativo para convertirse en un obstáculo cotidiano para el ejercicio del derecho a aprender.
Por ello, la discusión pública debería dejar de centrarse solamente en cuánto se invierte y comenzar a preguntarse cómo y qué resultados producen esas inversiones. Sinaloa necesita una estrategia estatal que priorice la atención de las escuelas con mayores rezagos; que fortalezca los sistemas públicos de información para conocer, con transparencia, el estado físico de los planteles; y que permita dar seguimiento al cumplimiento de metas concretas. Porque garantizar condiciones dignas para aprender no consiste únicamente en construir o rehabilitar escuelas. Significa asegurar que cada niña, niño y adolescente encuentre en ellas un espacio donde el derecho a aprender pueda ejercerse plenamente.
–
El autor es investigador de Mexicanos Primero Sinaloa.
