Los hechos indican que las autoridades de Educación Pública están actuando congruentemente ante esta resurgida amenaza, pero esa respuesta tiene que ser de toda la sociedad mediante un riguroso acato a las medidas sanitarias que marca el protocolo preventivo contra el Covid-19. El quid es considerarnos nuevamente inmersos en una condición de alerta, y actuar en consecuencia.

    Entre los actos registrados durante la reciente visita presidencial al Sur de Sinaloa, un hecho fuera de agenda motivó en forma destacada a una persistente difusión mediática. Tal fue el caso del retén de gente armada no identificada que en la sierra de Badiraguato retuvo transitoriamente a la caravana de los periodistas que cubrían la gira del Jefe del Ejecutivo Federal, y cuya secuencia se mantiene inmersa en un ambiente controversial.

    Era de esperar que la secuencia informativa de ese evento cobrara importantes espacios cuando los afectados fueron los representantes de la prensa nacional, cuyo despliegue molestó al Presidente Andrés Manuel López Obrador, que tildó de escandalosos a los medios y, después de redundar sobre la influencia del conservadurismo en esa reacción sensacionalista, y en respuesta a algunas versiones en el sentido de que esa irrupción armada reveló la presencia tolerada del crimen organizado en Sinaloa, refutó que él no es Felipe Calderón, a quien acusó de haber pactado con la delincuencia, por conducto de su jefe de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

    En el ámbito estatal, foco de esta polémica secuela, el Gobernador Rubén Rocha Moya asumió una posición atemperante en el sentido de considerar que “Sinaloa es mucho más que un retén circunstancial integrado por una persona armada, acompañada por un menor de edad. En relación con el mismo asunto, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, difirió ante la versión gubernamental al declarar que el grupo armado estuvo compuesto por cuatro individuos cuya identidad es investigada actualmente por la Fiscalía General de la República.

    Durante toda esta semana los espacios nacionales de opinión han replicado el tema con diferentes versiones que hablan de diez o más participantes en el multicitado retén armado, y ante toda esa proyección cobra validez la proclama reivindicadora del Gobernador Rocha Moya al establecer que, por todas sus aportaciones como estado productor, como semillero de arte y cultura, y como escenario de belleza y valores naturales, Sinaloa debe prevalecer en el ánimo de los mexicanos por encima de cualquier evento estigmático.

    Resurge en la actualidad un motivo de preocupación, pero, sobre todo, de ocupación ante el incipiente y ya evidente repunte de la pandemia de Covid-19 y ante el cual se debe de tener presente que no sería la primera vez en que ese flagelo retomara su letal presencia después de un lapso de tregua que esta vez fue tan alentador que se concibió como una mutación hacia la endemia, lo cual había motivado a experimentar una vida enmarcada por nueva normalidad, cuyas licencias ahora recobran timbres de riesgo.

    El curso secuencial de la apertura celebrativa del Carnaval de Mazatlán, que se estimó como temeraria, así como de otras promociones de inevitable desarrollo multitudinario, como fue la Semana Santa, no evidenció motivación de algún repunte del embate viral, sin embargo ahora, cuando todo parecía desplazarse hacia la mutación endémica de la pandemia, resurge la supervivencia patológica del coronavirus.

    Los hechos indican que las autoridades de Educación Pública están actuando congruentemente ante esta resurgida amenaza, pero esa respuesta tiene que ser de toda la sociedad mediante un riguroso acato a las medidas sanitarias que marca el protocolo preventivo contra el Covid-19. El quid es considerarnos nuevamente inmersos en una condición de alerta, y actuar en consecuencia.

    Y un tema que no puede pasar inadvertido es el que actualmente preocupa a la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Aerolíneas (IFALPA) que, desde su conferencia anual celebrada en Singapur, envió una comunicación al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, proponiéndole trabajar en un programa de seguridad aérea para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por la naturaleza puntual que reviste ese planteamiento, las autoridades tienen la responsabilidad de actuar en consecuencia.

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