Consenso legislativo ante necesidad ciudadana
En medio de una realidad que durante meses ha estado marcada por la violencia, la incertidumbre y la frustración social, hay decisiones públicas que, por su sentido común, terminan destacando.
El pasado 20 de marzo, la Diputada Tere Guerra, coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, hizo pública una iniciativa que busca algo que ha sido muy exigido en las últimas semanas: exentar del pago de arrastre, resguardo, trámites y otros costos a las víctimas de robo de vehículos cuando logren recuperar su unidad. Una propuesta que se suma a la presentada semanas antes por la Intercamaral de Culiacán, y que hoy también cuenta con el impulso de otros grupos parlamentarios.
¿De verdad necesitamos una reforma para que la víctima no pague por el delito que sufrió? Sí. Y esa es, quizás, la mejor evidencia del problema.
En los últimos 18 meses, Sinaloa ha acumulado más de 10 mil víctimas de robo de vehículos. Tan sólo en 2025, según datos de la Fiscalía General del Estado, se registraron 6 mil 931 casos, lo que representa un incremento de 72.95 por ciento. Como lo hemos dicho, detrás de cada cifra hay una historia concreta, un trabajador que no llegó a su empleo, una madre que no pudo llevar a sus hijos a la escuela, un productor que perdió su herramienta de trabajo. El vehículo es una extensión de la vida cotidiana.
Sin embargo, hasta hoy, el problema no termina con el robo. Para muchas familias, la pesadilla apenas comienza cuando la autoridad recupera la unidad. Ahí inicia otro proceso: denuncias, acreditaciones, trámites... y pagos. Pagos por grúas, por corralones, por almacenaje. En algunos casos, miles de pesos.
Es decir, después de perder su patrimonio, la víctima tiene que pagar para recuperarlo.
¿Justicia... o contradicción institucional?
La propia iniciativa presentada este viernes lo reconoce, este proceso constituye una forma de revictimización. Y no solo desde lo económico, sino también desde lo emocional. A la angustia del delito se le suma la frustración de un sistema que no distingue entre quien comete una falta y quien la sufre.
En este punto, vale la pena recordar que el Artículo 4 Bis de la Constitución de Sinaloa establece el derecho de las víctimas a la reparación integral del daño y a no ser revictimizadas. La pregunta es ¿cómo se explica entonces que se ha normalizado lo contrario?
Lo relevante hoy es que, por primera vez en mucho tiempo, distintas fuerzas -empresariales, sociales y legislativas- parecen coincidir en algo fundamental: corregir esta injusticia.
No es menor. En un contexto donde la desconfianza hacia las instituciones ha crecido, los acuerdos importan. Y más aún cuando esos acuerdos no giran en torno a discursos, sino a soluciones muy concretas.
Como lo hemos dicho en este espacio, esta propuesta no surge en el vacío. Entidades como Michoacán y Baja California ya han avanzado en reformas similares, demostrando que no solo es jurídicamente viable, sino también operativamente posible. Es decir, no se trata de inventar el camino, sino de seguir ejemplos que ya han funcionado.
Es una oportunidad para que el Congreso envíe el mensaje de que entiende la realidad que viven miles de sinaloenses y que está dispuesto a actuar en consecuencia.
¿Puede una medida así resolver el problema de la inseguridad? Por supuesto que no.
Pero sí puede hacer algo igual de importante: evitar que el Estado se convierta en una carga adicional para quienes ya han sido afectados.
Hoy, las iniciativas avanzan. Esta semana, la Comisión Permanente dio primera lectura a la propuesta de la Intercamaral de Culiacán. El proceso legislativo sigue su curso.
