Consideraciones sobre el Debido Proceso, a la luz de los recientes casos de opacidad y corrupción política-empresarial en Mazatlán

jorge.ibarram@uas.edu.mx

Por segunda ocasión el Ayuntamiento de Mazatlán utiliza de manera arbitraria la noción del Debido Proceso para ocultar información pública. Los involucrados quieren evitar hacerse responsables de los actos de corrupción que han sido puestos en evidencia de manera reciente.

De nueva cuenta nos enteramos que el Comité de Transparencia del Gobierno de Mazatlán decidió reservar por dos años las condiciones de rescisión del contrato de 400 millones de pesos que el Ayuntamiento encabezado por Luis Guillermo Benítez hizo con la empresa Azteca Lighting, para la adquisición de 2 mil 139 luminarias.

La cancelación del contrato se hizo luego de que la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa aparentemente encontrara irregularidades en la forma en que el Ayuntamiento de Mazatlán realizó la adjudicación directa, y sin siquiera presentar los estudios de mercado necesarios para justificar tanto la selección de la empresa beneficiada, como el valor al que se estaba comprando cada luminaria.

Fue así que, ante la imposibilidad de dar respuesta a las observaciones señaladas por la ASE, pero, sobre todo, ante el temor de encarar un inminente juicio político, que “El Químico” Benítez decidió cancelar el contrato con Azteca Lighting, pero sin dar explicación sobre la manera en que se dio por terminado el convenio de compra venta, y sin dar razón tampoco sobre el paradero de los 60 millones de pesos que la empresa ya había recibido como adelanto.

Ante tal grado de opacidad, los ciudadanos quedamos impedidos de saber si la cancelación del contrato fue de manera unilateral, o si la finalización se hizo mediante un acuerdo entre ambas partes. En cualquiera de los casos hay muchas preguntas sin resolver.

Por ejemplo, si la cancelación fue una decisión unilateral, habría que ver si el Ayuntamiento pagó una multa o penalización a la empresa, y de ser así, bien vale preguntarnos por qué los ciudadanos tendríamos de costear el recargo con nuestros impuestos, siendo que el convenio se originó por una violación a la Ley de Adquisiciones, y por lo tanto, quienes debieran asumir el costo tanto civil como penal son los funcionarios implicados.

En caso de que la rescisión del contrato haya sido concertada, bien harían las autoridades en informarnos qué beneficios obtuvo Azteca Lighting para aceptar el acuerdo, y sobre todo hacernos saber si la empresa devolvió el dinero que ya se le había entregado, o si se le permitió quedarse con los 60 millones como una forma de compensación.

También existe la posibilidad de que la empresa no haya aceptado ningún acuerdo, y en cambio eligieran demandar al Ayuntamiento por incumplimiento de contrato. No obstante, si esto hubiera ocurrido, la empresa ya lo habría anunciado.

Si esto llegara a suceder, no hay que dejar de considerar que los apoderados de Azteca Lighting, más que víctimas, también pueden ser señalados como cómplices de los delitos que resulten tras las indagatorias oficiales, pues ¿A poco no sabían que estaban lucrando con las finanzas del municipio pasando por alto las reglas de contratación?

Pero incluso, si al firmar no eran del todo conscientes de lo que hacían, en el Derecho hay una máxima que establece “Ignorantia juris non excusat” y que en términos coloquiales alude a que el desconocimiento de la ley no exime a nadie de responsabilidad.

Por eso dudo mucho que Azteca Lighting hubiese acudido a los tribunales, y lo más seguro es que hayan acordado con el Ayuntamiento una salida alterna intentando disminuir al máximo los daños de todo este embrollo en el que se metieron.

Y ahora que tienen la espada de Damocles sobre el cuello, el Ayuntamiento pretende ocultar todo rastro de corrupción y tráfico de influencias bajo el supuesto del artículo 162 de la Ley de transparencia, que posibilita la reserva de la información pública cuando “se vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no haya estado”, es decir, cuando se trate de casos que pongan en riesgo el derecho al debido proceso.

Sin embargo, para hablar de una vulneración al debido proceso, primero tendría que haber un proceso judicial en marcha, ocasionado por la inconformidad en alguna de las partes, ya sea por el incumplimiento, o por algún vicio de voluntad a la hora de firmar el contrato. Pero eso no fue así, porque todos los involucrados sabían a lo que iban, a robar, y entonces no hay ninguna demanda en curso entre ellos, y por lo tanto tampoco hay ningún proceso que pueda ser vulnerado.

En todo caso lo que están haciendo es entorpecer la justicia. Y en este punto mención especial merece Nayla Adilene Velarde Narváez, que, habiendo presidido el Comité Municipal de Adquisiciones, fue ella la encargada de hacer válido el contrato de los 400 millones. Y fue ella también la que decidió reservar las condiciones de finiquito del mismo contrato, solo que ahora en su carácter de Presidenta del Comité de Transparencia del mismo municipio.

Pero es de dudarse que ella sola haya planeado un atraco de tales dimensiones, lo más seguro es que la Oficial Mayor sea el eslabón más débil de un grupo de bandidos y bribones que pensaban seguir haciéndose ricos a costa del dinero de los mazatlecos.

Por eso mismo me sumo al llamado que hace Observatorio Ciudadano de Mazatlán a la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana del Congreso del Estado de Sinaloa, presidido por la Diputada Cecilia Covarrubias, así como a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que preside José Luis Moreno López, para que revisen de manera exhaustiva el tema. ¿Acaso están pintados?