En México, cada vez más proyectos de infraestructura se detienen por razones que no aparecen en los modelos financieros. No es falta de capital ni de tecnología. Es falta de entendimiento del territorio.
En la última década, tanto la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Iberoamericana, han documentado un patrón claro: proyectos que enfrentan oposición, litigios o cancelaciones por procesos sociales mal diseñados desde el origen.
El punto crítico suele ser el mismo. No es la consulta en sí, sino el momento en que ocurre y la forma en que se concibe. El Convenio 169 de la OIT, adoptado en 1989 y vigente en México desde 1991, establece que, ante la posibilidad de afectar a pueblos indígenas, debe garantizarse una consulta previa, libre e informada. Pero su alcance real es más exigente, obliga a incorporar el territorio -y a quienes lo habitan- desde el diseño del proyecto, no después.
Sin embargo, muchos siguen operando con una lectura limitada. Se consulta cuando el proyecto ya está definido, cuando las decisiones relevantes ya fueron tomadas y cuando la participación difícilmente puede modificar el resultado. En ese punto, la consulta deja de ser un mecanismo de construcción y se convierte en una fuente de conflicto.
Por eso, los conflictos no son excepcionales. Son estructurales. Cuando el componente social se incorpora tarde, el proyecto nace con una falla de origen. Y entonces el Convenio 169 deja de ser un requisito incumplido y se convierte en una barrera operativa.
Una lectura más sofisticada cambia completamente la lógica. Implica entender que la consulta es la consecuencia de un proceso previo de entendimiento. Supone levantar información en campo, mapear actores, identificar sensibilidades territoriales y, sobre todo, ajustar decisiones técnicas en función de esa información. No documentarla: incorporarla.
En México ya existen desarrollos donde ese enfoque se ha aplicado desde etapas tempranas. Casos en los que la Evaluación de Impacto Ambiental y Social (ESIA) no se limita a un estudio, sino que se convierte en una herramienta de diseño para proyectos de infraestructura. Donde el análisis del entorno no se queda en el diagnóstico, sino que deriva en decisiones concretas que modifican el proyecto.
El desarrollo de Pacífico Mexinol en Sinaloa es uno de esos casos. A partir de su ESIA -alineada con estándares internacionales- el proyecto integró trabajo de campo, diálogo con comunidades locales e incorporación de insumos sociales en su evolución. Lo relevante es que no fue como validación posterior, sino como parte del proceso de definición.
Eso se tradujo en decisiones específicas como el ajuste en la ubicación de la planta para evitar zonas sensibles; la incorporación de soluciones que no compiten por recursos locales -como el uso exclusivo de agua residual tratada proveniente de Japama-; y la definición de esquemas operativos diseñados a partir del entorno social; en otras palabras, el territorio se incorporó al proyecto.
Además, Mexinol estructuró procesos de interacción continua desde etapas tempranas, incluyendo mecanismos de consulta, seguimiento y atención de inquietudes accesibles para las comunidades; esta información se puede consultar en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y la ESIA, las cuales se encuentran disponibles en la página web de la empresa.
Estos procesos, hoy continúan como base de sus acciones de relacionamiento comunitario y de su programa de “Buen Vecino.”
Ese mismo enfoque se refleja en acciones tangibles como las evaluaciones que realizan sobre las oportunidades laborales para las comunidades locales, colaboración con instituciones como la Universidad Autónoma Indígena de México y el impulso a iniciativas orientadas a preservar la identidad cultural de la región.
Esto no elimina el riesgo social, pero lo gestiona desde el origen. Y esa diferencia es clave. Porque cuando el territorio entra al diseño, el margen de conflicto cambia.
El Convenio 169 no es un trámite ni un obstáculo. Es un estándar de viabilidad. Y en un entorno donde los conflictos sociales se han convertido en una de las principales causas de retraso en proyectos estratégicos, la diferencia entre cumplirlo en forma o en fondo empieza a ser determinante.
La pregunta ya no es si los proyectos deben cumplir con el Convenio; la pregunta es si las empresas y sus proyectos de infraestructura están dispuestos a cambiar lo suficiente para hacerlo realidad.
Abril Moreno es integrante de Voz Experta y de la Comisión de Energía de 50 + 1 Internacional.
