Cortos en materia de inversión
Hay algo que muchos sabemos: los países sólo pueden desarrollarse si crean oportunidades para la innovación. Pero promoverla requiere forzosamente un gran monto de capitales que decidan invertir en México.
Quizás percándose de eso, el Gobierno está tratando de tener una política industrial que auspicie la participación de inversionistas en nuestra economía.
Recientemente, la Secretaría de Economía de México puso en marcha el Decreto para la Autorización Inmediata de Inversiones, con la meta de evaluar y aprobar proyectos prioritarios en un plazo máximo de 30 días hábiles.
A través de la nueva Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones, el Gobierno federal busca reducir significativamente los tiempos de espera y eliminar la carga burocrática para acelerar el desarrollo del país.
De acuerdo con el Decreto de Autorización de Inversiones, las empresas pueden arrancar proyectos estratégicos unificando trámites concurrentes mediante el portal oficial de Inversiones Gob.
Asimismo, las evaluaciones estarían a cargo de un órgano transversal coordinado por la Secretaría de Economía y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con la intervención de Hacienda, Energía y Medio Ambiente.
El esquema aplica inicialmente para inversiones de carácter estratégico cuyo monto sea igual o mayor a los 2 mil millones de pesos o que se localicen en los Polos de Desarrollo para el Bienestar. Se prevé que el límite económico se reduzca de manera gradual para abarcar a medianas empresas.
Por otro lado, la obtención del visto bueno faculta a los inversionistas para comenzar las obras de infraestructura de forma paralela a la gestión de sus licencias ordinarias.
Actualmente, el mecanismo ha otorgado luz verde a 22 proyectos de inversión que inyectarán más de 8 mil millones de dólares a la economía nacional. Se espera que las propuestas que no cumplan con el perfil de la ventanilla expedita pero pertenezcan al portafolio federal contarán con una vía alternativa de resolución garantizada en menos de 90 días.
No obstante todo lo anterior, el esquema es ciertamente criticable. Por un lado, al menos por ahora, excluye a las pequeñas empresas, contiene elementos de discrecionalidad normativa y puede ser sujeto a riesgos de incertidumbre jurídica. Al exigir un piso mínimo de 2 mil millones de pesos para acceder a la vía rápida, el decreto ignora al motor principal de la economía nacional que son las pequeñas y medianas empresas.
El decreto también muestra debilidades e inviabilidad en sus reglas de elegibilidad por la fuerte dependencia de criterios netamente administrativos.
Aunque el visto bueno gubernamental permite arrancar obras de forma inmediata, esto se realiza en un formato de ejecución paralela de trámites. Las empresas deben seguir gestionando sus licencias ambientales, de agua o uso de suelo ordinarias de fondo. La burocracia sigue siendo un gran obstáculo.
Finalmente, como en el caso de otros proyectos gubernamentales, éste no ha contado realmente con la contribución de las fuerzas políticas de la Oposición. Este es indudablemente uno de sus principales talones de Aquiles.
A pesar de todo, la medida es muy positiva, pues por primera vez se instituye un mecanismo de positiva ficta. Esto pudiera liberar proyectos que se tenían atorados, desde inicios del sexenio anterior, en sectores clave como el energético. Como lo comentamos, es importante que el modelo de positiva ficta se amplíe a proyectos de cuantía media, como los hay en el sector vivienda. Ya es hora de que México active todo su potencial en beneficio de todos.
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El autor es abogado y Diputado federal.
