Crisis climática y afectaciones por las lluvias: mirar desde los derechos humanos
En los últimos días en nuestro país se registraron intensas lluvias, con afectaciones muy importantes e incluso fatales principalmente en cinco estados del país: Hidalgo, Querétaro, Veracruz, Puebla y San Luis Potosí, que derivaron en múltiples inundaciones, desbordamientos de ríos, destrucción de viviendas, cientos de personas damnificadas, más de 60 personas fallecidas y al menos 65 desaparecidas, de acuerdo con el reporte más reciente de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).
La atención de la agenda nacional se ha volcado a priorizar la grave situación que sin duda deberá atenderse con una perspectiva de derechos humanos, pues los desastres naturales no sólo son producto del azar de la naturaleza.
Son un espejo que muestra las vulnerabilidades y patrones de desigualdad existentes en nuestro país y que requieren de una respuesta no meramente humanitaria sino de respeto al ejercicio de los derechos de las personas afectadas; así lo hemos llamado también en otros momentos frente a otras catástrofes naturales, como el huracán Otis, en Guerrero.
Además, en el marco del Día Internacional para la Reducción de Desastres, es necesario destacar lo señalado desde distintos mecanismos de Naciones Unidas sobre la relevancia de la atención de desastres naturales, para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantizar la salud, educación, protección social y otras necesidades públicas de las personas más vulnerables.
También lo señalado por el Relator Especial sobre la vivienda adecuada a este respecto: “Algunos desastres naturales recientes y sus secuelas han demostrado la necesidad de integrar las normas de derechos humanos en las medidas de prevención, socorro y rehabilitación. En muchas de estas situaciones, entre las preocupaciones planteadas figuraban la discriminación, la falta de sensibilidad en cuestiones de género, la falta de participación y la corrupción, así como el retraso en la distribución de las ayudas”, entre otras.
La más reciente Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es clara en enfatizar en que las afectaciones en el contexto de los desastres climáticos son diferenciados, destacando las obligaciones del Estado frente a las poblaciones más vulnerables, como las niñas, mujeres, personas mayores, con discapacidad y en particular quienes se encuentran en situación de pobreza, como las comunidades rurales.
La labor no es menor. Desde la tribuna presidencial se indicó que del total de 150 localidades afectadas, se ha determinado hasta ahora que son 51 municipios los que recibirán atención prioritaria para restablecer servicios básicos y brindar auxilio a la población, de acuerdo a un censo, y se continúan recibiendo mensajes de exigencia frente a la necesidad de buscar a todas las personas desaparecidas y reinstalar los servicios de las zonas que se mantienen incomunicadas.
Para ello, es imprescindible exigir que sean las comunidades rurales y las periferias las que deben ser atendidas con un amplia prioridad por parte del Estado, y que la asistencia llegue más allá de las zonas turísticas que suelen ser las que reciben más atención; por ejemplo, los 47 municipios con mayor aislamiento y mortalidad, como en la Sierra Negra en Puebla y el norte de Veracruz, donde se encuentra la Sierra de Huayacocotla.
Para ello será fundamental también el acercamiento con organizaciones civiles, medios independientes y personas solidarias en el terreno que durante años han señalado la dificultad de las comunidades más vulnerables para el acceso a servicios básicos, de vivienda digna, así como la falta de acción de la autoridades para garantizar acciones de prevención, información, alerta y la gestión de riesgo, y la falta de acciones concretas para la prevención de desastres naturales y reparaciones debido al cambio climático. Son estas organizaciones y personas solidarias quienes se encuentran activamente actualizando a las comunidades y proveyendo de información de primera mano –derecho esencial en contextos como este–, como lo están haciendo nuestras y nuestros hermanos de La Voz Campesina, Radio Huaya, 105.5 FM.
Estas acciones se vuelven aún más relevantes de cara a la 30 Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se realizará en noviembre en Brasil, y donde se abordará la importancia de apostar por una agenda global de acción climática ante un ambiente en el que el multilateralismo se ha visto severamente amenazado.
Frente a situaciones de urgencia y catastróficas como se viven ahora en nuestro país, los esfuerzos institucionales deben ir encaminados a atender a la población de manera igualitaria, sin discriminación y con una perspectiva diferenciada; a la vez que deben reforzarse con acciones, presupuesto y políticas de prevención institucionales a nivel nacional de prevención ante posibles desastres y fenómenos ambientales que, lamentablemente -y ante la crisis climática- son cada vez más recurrentes.
La protección de “La Casa Común” no es una opción estética, es la precondición para evitar que personas sigan perdiendo sus vidas y sus derechos ante fenómenos que, si bien tienen origen natural, magnifican sus efectos debido a la falta de prevención, la negligencia y la desigualdad estructural, que aún persiste.
