Cuando la seguridad se come la Constitución
No son tiempos para los derechos humanos, son tiempos para la seguridad. La frase puede parecer disparatada; pero si algún día lo fue, me queda claro que ya no lo es. Si en la tensión global creciente entre la vigencia del régimen constitucional de derechos y la seguridad en clave autoritaria ya venía venciendo ésta, la llegada de Trump a la Presidencia de los Estados Unidos catalizará la tendencia a un punto que parece anticipar el réquiem por el sistema de frenos al ejercicio del poder del Estado anclado en las garantías constitucionales, frente a las normas, políticas y prácticas amparadas en el discurso de la seguridad.
¿Exagero? Ojalá así fuera.
Trump es la versión global y Bukele la regional -hay muchas otras-.
Ambos casos se retroalimentan a la manera de versiones paradigmáticas de la ruta por donde la seguridad engulle, descompone y expulsa por el caño la defensa constitucional de las garantías, que se supone son el afluente más alto de la legitimidad de las democracias modernas.
Las palabras de JD Vance, Vicepresidente de los Estados Unidos, lo enseñan de la manera más potente: “Si un Juez intentara decirle a un General cómo llevar a cabo una operación militar, eso sería ilegal. Si un Juez intentara ordenar al Fiscal General cómo utilizar su discreción como Fiscal, eso también sería ilegal. Los jueces no pueden controlar el poder legítimo del Ejecutivo”. Quien cree en esto entonces es exactamente lo mismo que creer lo que antes anoté: no son tiempos para los derechos humanos, son tiempos para la seguridad.
Mírese bien la manera como esta declaración desnuda el trasfondo: el poder legítimo recae en quien trabaja por la seguridad, no en quien hace valer la Constitución para imponer los límites sobre los excesos en las normas, las políticas y las prácticas a nombre de ella, es decir, la justicia.
En una mesa de análisis hace dos semanas, una consultora internacional en derechos humanos especializada en América Latina relató ampliamente la acelerada influencia expansiva en la región de la política detrás de la reducción de homicidios en El Salvador. En nuestro programa de radio Ni plata ni plomo apenas reflexionamos sobre el continuo hemisférico en el aplastamiento de la justicia a nombre de la seguridad.
También recientemente desde el Senado en México nos han avisado lo siguiente: “es muy probable que revisemos el sistema penal acusatorio, la experiencia es que es muy difícil mandar a la cárcel a un presunto o una presunta persona delincuente, y que es necesario siempre cuidando los derechos humanos, sin duda, pero que eso no se convierta en un obstáculo para que se pueda combatir la delincuencia”.
¿Es excesivo pensar que estamos ante el fin de un ciclo de la historia cuando desde aquí, desde allá y desde acullá se renuncia a los estándares del sistema penal acusatorio? No lo creo. ¿O lo es cuando volvemos a confirmar allende fronteras que la militarización de la seguridad avanza independientemente de que nos dé seguridad o no, y sí en cambio violente derechos, como sucede en México y también como lo enseña la terrible crisis del Ecuador?
En otro foro que hicimos hace unos días, un profesor de la Ibero CDMX especializado en construcción de paz me platicó sobre la aceptación irreflexiva de sus estudiantes a las políticas de Bukele. En efecto. El meollo del asunto no es que, vestido de izquierda, de derecha o de cualquier ideología, el poder público promueve abiertamente la depredación del régimen constitucional de derechos a nombre de la seguridad, el meollo es que cuando lo hace tiene garantizada la simpatía mayoritaria.
La mesa política y social está servida: la seguridad se come la Constitución.
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@ErnestoLPV
Animal Político / @Pajaropolitico
