¿’Cuervos’ o ‘blancas palomas’ a la SSP? Militarizar o retorno a mandos civiles

Independientemente de otras áreas importantes y estratégicas a estructurar, lo que interesa e inquieta a los sinaloenses es cuál será el planteamiento que hará el Gobernador electo, Rubén Rocha Moya, en nombres y estrategias para la seguridad pública. Y de esta impaciencia por saberlo antes de los tiempos formales de integración del Gabinete deriva la duda de si continuarán los militares a cargo de las acciones contra la violencia o retornarán los mandos civiles a las estructuras policiales.

Todo indica que la atención popular se centra en tener señales adelantadas de cómo serán los próximos seis años, contados a partir del próximo 1 de noviembre, en lo que corresponde a paz y Estado de derecho. Ello es porque algunos delitos de alto impacto evitan la percepción de mejoría de la tranquilidad pública a pesar de que existe una baja gradual pero sostenida en la comisión de homicidios dolosos.

Una fotografía en tiempo real de la incidencia delictiva en el mandato de Quirino Ordaz sí da elementos para sustentar la merma en asesinatos. Con 1,564 en 2017, 1,123 en 2018, 936 en 2019 y 809 en 2020 es incuestionable el abatimiento en alrededor de la mitad de estos hechos de alto impacto, comparando el primero con el último año, que son los que mayor zozobra causan en la población. Pero a la par han crecido las desapariciones forzadas, feminicidios, desplazamientos por la violencia, entre otros.

Aquí cabe el repaso transexenal que arroja crisis recurrentes de seguridad pública en la mayoría de los mandatos constitucionales de los anteriores gobernadores. Como ejemplos, Antonio Toledo Corro fue muy exhibido a nivel nacional e internacional por supuestos nexos y compadrazgos con los capos de aquella época, principalmente con el narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo; Francisco Labastida Ochoa quiso difuminar esa amalgama de crimen y política ponderando a la cultura y la intelectualidad, sin embargo, su mandato estuvo asediado de principio a fin por el crimen organizado y “cuartelazos” del Ejército en las policías.

A Juan Millán Lizárraga lo marcó aquel episodio de la narcopolítica escenificado en la plaza Cinépolis de Culiacán, el 11 de septiembre de 2004, donde la Policía Ministerial le daba protección a los Carrillo Fuentes, cártel asentado en Navolato; con Jesús Aguilar Padilla los hermanos Beltrán Leyva armaron la gran maquinaria del soborno a policías y autoridades para lograr protección, según el expediente que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le entregó al juez federal que llevó en aquel país el proceso contra “El Mochomo”.

Enseguida vino el sexenio de Mario López Valdez con acusaciones permanentes en narcomantas y medios de comunicación en las que el narcotraficante Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, acusó a Malova de combatirlo a él y en cambio proteger al cártel de Joaquín Guzmán Loera. Y en 2017, el primer año de la administración de Quirino Ordaz Coppel, la guerra entre los hijos del “Chapo” Guzmán y los “Dámasos” dio pie al año más violento del actual gobierno.

Es posible que Rocha Moya se apegue a la orden federal de militarizar la seguridad pública en Sinaloa, más de lo que ya está, y deje que la Secretaría de la Defensa Nacional le “sugiera” el cuadro de mandos. Podría defender como atribución propia la designación del o la titular de la Secretaría de Seguridad Pública sin pretender oponerse a la tendencia nacional que le concede bastante poder al Ejército mexicano.

De continuar la militarización, el único margen de maniobra para operar lo local le permite al Gobernador electo proyectar hacia la SSP a personajes como Marco Antonio Almanza Avilés, el actual coordinador de la Policía de Investigación, al “comandante Julio” recientemente desplazado de la Unidad Estatal Antisecuestros, a Mario Rafael González Sánchez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, o bien a Ricardo Genny del Rincón, quien es el coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Son algunas, pero no todas las cartas a jugar en la urgencia de tranquilizar el estado.

Aquí sí la pieza a incorporar provocará lecturas cardinales. Lo que se haga o deje de hacer en la conformación directiva de la SSP resulta decisivo para proyectar el estado de ánimo entre los sinaloenses que plantean como principales preocupaciones la situación económica familiar y la expectativa de paz y legalidad. Acabada la época en que cuervos de mal agüero eran disfrazados de “blancas palomas”, hoy suena la hora de pulsar qué dice, qué siente y qué quiere la gente en lo que respecta al nombramiento de servidores del área de la seguridad pública.

Y en el análisis entra el caro despliegue y alojamiento de la Guardia Nacional que con todo y bases militares, convoyes apantallantes, espaldarazo presidencial y trato privilegiado por encima de policías estatales y municipales cada vez más pauperizados, no es tan contundente en buenos resultados a la hora de cotejar los costos contra los beneficios.

Ya nunca más la vida en vilo,

Entre la vela y el amén;

Que Rubén Rocha lo haga bien,

Para un Sinaloa tranquilo.

Hay otra prueba de fuego para la Fiscalía General de Sinaloa: encontrar y rescatar a los cuatro adolescentes que desde el 14 de junio están en calidad de desaparecidos en Culiacán: Jesús Vicente Manjarrez Valdez Meza, Kevin Alfredo Valdez Meza, Joshuan Antonio Jurado Morgan y Gerardo Esteban Urbano Sánchez. Entre autoridades y ciudadanos podemos hallarlos y quitarle presión al atrio de Catedral donde cada vez hay más voces que gritan “¿dónde están? Se trata de cuatro chavos que la ciudad necesita para retomar la vida civilizada y el bullicio propio de la ciudad de los jóvenes.