Cúpula de UAS le apuesta a impunidad
Intervención presidencial de doble filo

Por supuesto que el Presidente Andrés Manuel López Obrador intervendrá, tal como lo solicitan los liderazgos de la Universidad Autónoma de Sinaloa vinculados a procesos judiciales, pero nada garantiza que lo hará a favor de quienes acuden a la movilización y victimización para tumbar la acción de la justicia que continúa firme en los tribunales locales, según lo visto el martes en Culiacán mientras se realizaba en la Ciudad de México la reunión entre el Gobernador Rubén Rocha Moya y el encargado del despacho de Rectoría, Robespierre Lizárraga Otero, teniendo como observadora a la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.

Jesús Madueña, el Rector suspendido que sigue tomando las decisiones trascendentes en la Universidad, y Robespierre Lizárraga, que es quien ejecuta las órdenes y da la cara, han insistido en que el Mandatario federal tercie en el conflicto donde en un extremo están los directivos formales y de facto de la UAS, que se dicen perseguidos políticos y aluden la violación a la autonomía, y en la otra esquina pelean la Fiscalía General de Sinaloa, Auditoría Superior del Estado y Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, agregándose ahora la Auditoría Superior de la Federación, para que la justicia castigue presuntos delitos de corrupción que afectan las finanzas universitarias.

En la hipótesis de que López Obrador asuma el rol de réferi, lo cual se determinará luego de la mesa de diálogo del martes en la SeGob, los uaseños indiciados se plantean confiados en que el jefe de la llamada Cuarta Transformación los saque impunes, cálculo que se realiza con tintes políticos y que propone desactivar la acción de la justicia. Debieran voltear a los casos de Jesús Estrada Ferreiro y Luis Guillermo Benítez Torres, ex alcaldes de Culiacán y Mazatlán, por los cuales el Presidente no metió las manos a la lumbre.

Estrada y “El Químico” fueron o son amigos cercanos de López Obrador a tal grado que, recordemos, el tabasqueño le creyó al de Culiacancito la teoría del caos de Morena en Sinaloa y lo mandó al rescate del partido, mientras que el mazatleco llegó a decirse confeccionado a imagen y semejanza de AMLO, aunque los hechos clarificaron que al ser involucrados ambos en delitos que tipifican corrupción acabaron la amistad o el halo protector amloístas.

Otra contraseña que indica que continuarán los juicios contra mandos de la UAS, ya sean en modos expedito o flemático, tiene que ver con la medida que dictó el Juez Adán Alberto Salazar mientras en la Ciudad de México se congregaban Alcalde, Rocha y Lizárraga. El enjuiciador determinó reemplazar a los asesores jurídicos y representantes legales de la Universidad, pues en vez de defender a la víctima, que es la casa de estudios, procedían a afectar los intereses de esta. Caían en conflicto de interés al salvaguardar a la institución de quienes posiblemente la dilapidaron, y al mismo tiempo proteger a los presuntos desfalcadores.

Si siguiéramos deconstruyendo las señales, el posicionamiento que hizo Robespierre Lizárraga en el sentido de que mantendrá la movilización de su gente durante la visita a Sinaloa que López Obrador anunció para mañana quiere decir que más allá del “diálogo” al que acudieron en calidad de sordos, los protagonistas del establishment rosalino resolvieron que no les fue tan bien como esperaban. Nadie reincide en las presiones si se siente escuchado y comprendido por el Presidente y la Secretaria de Gobernación.

De realizarse desde Palacio Nacional cualquier operación salvamento sería el último reducto de los cabecillas de la UAS, a todos los que el término abarca, para salir avante en las batallas que libran contra auditorías, fiscales y jueces. Solamente que tal arbitraje que piden a gritos también podría derivar en el efecto expansivo que haga que desde las instancias judiciales locales las denuncias penales remonten a lo federal y allá no se andan por las ramas al enderezar todo el aparato punitivo en delitos contra el patrimonio público, o adversarios políticos envalentonados.

Entonces, con los datos a la mano disponibles, lo que sucedió es que el Gobernador Rocha y el Rector en funciones Lizárraga Otero dejaron sus cartas sobre la mesa de Gobernación y lo que sigue es un ejercicio de cartomancia de parte de María Luisa Alcalde que les adivinará el futuro a los protagonistas del diferendo. Ni falta que hace quemar mucha materia gris para aventurar el corolario de todo esto.

¿Qué sigue? Que los tribunales prolonguen el debido proceso para evitar que el trabajo judicial resulte enturbiado por las guerras de lodo que abundan en el proceso electoral en curso. Y que sea el resolutivo del sufragio constitucional el que determine el 2 de junio si los sinaloenses refrendan indirectamente el apoyo a las políticas públicas del gobierno de Rubén Rocha, dándole triunfos electorales aquí a los candidatos de Morena a Presidente de México, senadores, diputados federales y locales, y a presidentes municipales. Cuidado si ocurre esta revalidación del voto de confianza al Gobernador.

Y en caso de no ser así, una victoria comicial de la Oposición sí le significaría la inmejorable tabla de salvación a los judicializados cuadros de mando de la UAS.

Los acuerdos que están tejiendo,

Los uaseños judicializados,

Los evidencian desesperados,

Aferrados al clavo ardiendo.

En la otra Universidad, la Autónoma de Occidente, el grupo denominado Movimiento para la Defensa de la Verdadera Autonomía le agrega una cláusula al proceso que realiza el Congreso del Estado para reformar la Ley Orgánica de la UAdeO. Solicita que “se establezcan los procedimientos necesarios para convocar a una nueva elección de Rector o Rectora lo antes posible, para atender por una parte esa demanda de democratización en la toma de decisiones y por otra darle por fin al nombramiento de nuestra máxima autoridad las condiciones de legalidad, transparencia y certeza de las que evidentemente carece hoy en día”.

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