De cómo la seguridad nacional se traga la seguridad ciudadana

    Los andamiajes de la seguridad ciudadana y la seguridad nacional son diferentes, pero el discurso político los ha confundido, jalando la primera hacia los estándares de la segunda. Si la primera debe ser los más transparente posible y así es como funciona mejor, la segunda opera lejos del control democrático ciudadano.

    @ErnestoLPV

    Animal Político @Pajaropolitico

    La hegemonía política actual ha llevado al límite la confusión entre función policial y función militar. El contexto que ha hecho eso posible incluye la socialización de un discurso político que confunde la seguridad nacional y la seguridad ciudadana. Por décadas hemos intentado aclarar la diferencia conceptual y jurídica, pero ha sido imposible. La operación mental en la mayoría de los gobiernos y la sociedad es simple: si la seguridad ciudadana es socavada por amenazas que rebasan las capacidades policiales entonces deben intervenir los militares; es una lógica básica incremental que no distingue diferencias cualitativas.

    La consecuencia es que, al profundizarse las violencias, en particular las asociadas al uso de armas de fuego, parece estrictamente lógico llamar a los militares porque justamente tienen más capacidad de fuego y usándola lograrán someter las amenazas que la policía no logra dominar. En síntesis: si usamos más fuerza tendremos mejor seguridad ciudadana y nacional, habida cuenta de las amenazas armadas.

    Esta concepción generalizada es consecuencia y a la vez causa del histórico debilitamiento de la policía porque, entendido el problema de la seguridad como un asunto de capacidad de uso de la fuerza con armas de fuego, las instituciones policiales son miradas, en el mejor de los casos como débiles y en el peor como inútiles. Las policías no me sirven porque las amenazas las rebasan; por tanto, mejor pasemos la inversión a quienes tienen las mejores armas: los militares.

    Desde las personas sin especialización alguna en estos temas, hasta otras que sí han estudiado la seguridad en sus diferentes dimensiones, pero también buena parte del sector intelectual que promueve la democracia, desde todas partes convergen en el mismo razonamiento: ponen el uso de la fuerza armada en el centro de su comprensión sobre la seguridad y por tanto convalidan relativamente la intervención militar.

    ¿Y cuál es el problema de todo esto que parece tan claro? El problema es que el fundamento mismo del razonamiento está en el error. En un portal del Gobierno federal encontré una parte de la respuesta adecuada; ahí se lee que la policía es un “Cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos, a las órdenes de las autoridades políticas... las policías se encargarán... de acuerdo a las nuevas tendencias internacionales, a [sic] la seguridad ciudadana...” y los ejércitos “se encargarán de la seguridad nacional, es decir, de enfrentar a aquellos agentes que ponen en riesgo o amenazan al Estado.

    Aquí hay dos opciones; la más aceptada -desafortunadamente- es aplicar el mismo criterio incremental de la fuerza a través de las armas de fuego, asumiendo que la potencia armada es la mejor respuesta para proteger al Estado. Tal razonamiento queda alineado al supuesto continuo entre la seguridad ciudadana y la seguridad nacional, es decir, la diferencia es un asunto de menos a más fuerza.

    Pero la opción correcta la ofrece parcialmente el texto citado, diferenciando lo que en el derecho se llama objeto jurídico tutelado: la seguridad ciudadana protege, como su nombre lo dice, a la ciudadanía, mientras la seguridad nacional protege a las instituciones. Entender bien esto cambia todo. No son intercambiables la seguridad nacional y la seguridad ciudadana en los conceptos, las normas, los programas, los presupuestos, las estrategias, los procedimientos, los estándares y demás. Y lo más importante: para que la protección vía la seguridad ciudadana realmente funcione, debe ser operada con instituciones que aprenden a trabajar directamente con la gente en las comunidades, de ahí el crecimiento global de la policía orientada a la solución de problemas y de la policía de proximidad. En cambio, la seguridad nacional opera lejos de la gente a través de procesos cuya eficacia no depende directamente de la colaboración con esta.

    Los andamiajes de la seguridad ciudadana y la seguridad nacional son diferentes, pero el discurso político los ha confundido, jalando la primera hacia los estándares de la segunda. Si la primera debe ser los más transparente posible y así es como funciona mejor, la segunda opera lejos del control democrático ciudadano.

    Las instituciones militares habilitadas como policías son el paradigma de la confusión. La doctrina militar asociada a la seguridad nacional engulle a la seguridad ciudadana, sacando a la calle uniformados cuya doctrina, mística, disciplina, normas y estándares de operación funciona bajo la mayor opacidad posible.

    Apenas recibí un nuevo testimonio del más alto nivel -quien pidió al anonimato- con terribles indicadores que confirman que la Guardia Nacional funciona muy por debajo de los más básicos estándares de operación de la seguridad ciudadana, en particular en su dimensión vinculada a la investigación de delitos. “No quieren ni saben cumplir esa función”, me confirmaron.

    Detrás de la decisión de transferir la seguridad ciudadana a los militares, entregándoles la función policial, está un despropósito lleno de implicaciones destructivas profundas.

    El autor es coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigió el Instituto para la Seguridad y la Democracia -Insyde- (2003-2016).

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