El jueves 14 de diciembre, el Senado de la República clausuró su período ordinario de sesiones y con ello también las posibilidades de que resolviera las más de cien designaciones que tiene pendientes, rezagos injustificados que acumulan hasta 1840 días de retraso y generan un impacto significativo en el funcionamiento de las instituciones. (1)
La falta de designaciones no es una casualidad ni un descuido, sino parte de un conjunto de estrategias de debilitamiento institucional que buscan minar los controles y contrapesos democráticos y, como resultado, la garantía de los derechos humanos de las personas. Una de estas estrategias se despliega justamente con las omisiones deliberadas -tanto del Senado como del Ejecutivo Federal- de su obligación constitucional de designar altas responsabilidades públicas. En otras palabras, están dejando de designar. Otras se expresan en ataques abiertos sobre su existencia y/o funcionamiento o en amenazas por desaparecerlos, como la reciente declaración presidencial sobre su intención de eliminar a los órganos autónomos a través de una reforma constitucional, argumentando que “no sirven para nada”.
El antepenúltimo periodo de sesiones ordinarias de la actual Legislatura cierra con un saldo más que negativo en materia de designaciones públicas, con más de cien nombramientos pendientes. Para septiembre pasado -con el inicio del período- se registraban 18 designaciones rezagadas del universo priorizado por el Observatorio de Designaciones Públicas. Únicamente resolvieron cuatro: una del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, una del Consejo de la Judicatura Federal y dos del Tribunal Superior Agrario. Por lo que siguen 14 rezagadas: tres del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA); tres de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); tres del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); dos de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción y tres del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Además, se sumaron tres más por la conclusión de la responsabilidad durante el período ordinario que tampoco se completaron: dos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y una en el TFJA. A lo que se agregan otras tres que terminan su mandato el próximo 31 de diciembre y quedarán vacantes: dos de la Comisión Reguladora de Energía y una en la CNH.
Lo anterior, sin considerar otro paquete de 44 magistraturas en órganos jurisdiccionales locales en materia electoral y salas regionales y especializadas, y alrededor de 71 más en materia administrativa.
En este patrón de omisiones, el Poder Judicial ha tenido que intervenir, como fue el caso de las tres designaciones que se encontraban pendientes en la Comisión Federal de Competencia Económica, donde a partir de una sentencia emblemática el Ejecutivo y el Senado tuvieron que hacer su chamba. Sin embargo, no ha sido el mismo escenario para las del IFT y el INAI. La controversia constitucional interpuesta por el IFT aún no ha sido resuelta por la Corte y la resolución sobre las vacantes del INAI ha sido cínicamente desacatada por el Senado. La sesión del 6 de diciembre pasado resultó ser un ejercicio de total simulación, donde al final no se concretaron las designaciones pendientes como lo ordenó el máximo tribunal del país. (2)
Incluso, otra práctica observada en esta apuesta de captura y debilitamiento institucional es la intención de colocar perfiles cercanos en las presidencias de órganos que han experimentado cambios a lo largo del año, forzar renuncias, enviar iniciativas que permitan avanzar en este sentido o en su caso, el ataque directo a determinada institución cuando el resultado es contrario al proyecto de la llamada 4T.
La obstrucción, la omisión o la designación de perfiles no idóneos es corrupción y se contrapone con un ejercicio democrático del poder, para evitar su concentración y abuso. El cumplimiento de las obligaciones constitucionales no puede estar supeditado a la voluntad o capricho de un partido ni a sus intereses particulares. Las personas tenemos derecho a que las instituciones funcionen de manera óptima para la garantía de nuestros derechos y una vida digna; sólo con instituciones completas y perfiles idóneos en las altas responsabilidades públicas podremos alcanzar avances en el respeto a los principios democráticos fundamentales.
Con el cierre de este periodo legislativo, el Senado de la República concluye un capítulo más de su historia marcado por la negligencia y la omisión de sus responsabilidades. Un año más sin designaciones idóneas es un año más de retrocesos para nuestra democracia.
* Las autoras Kathia García Rodríguez es investigadora del Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones) y Marcia Itzel Checa Gutiérrez es coordinadora general. El Observatorio es un proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas y generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles como una vía para contribuir al fortalecimiento de las instituciones.
1 Los días de rezago que registran las designaciones pendientes del universo priorizado por el Observatorio de Designaciones Públicas se puede ver aquí. Este universo comprende las siguientes instituciones: Banco de México, Instituto Nacional Electoral, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Comisión Federal de Competencia Económica, Comisión Nacional de Hidrocarburos, Comisión Reguladora de Energía, Fiscalía General de la República, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Tribunal Superior Agrario, Auditoría Superior de la Federación, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Comité de Participación Ciudadana y Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción.
2 Al respecto, ver este hilo que problematiza esta situación. En seguimiento a ello, el 13 de diciembre se recibió una nueva propuesta de parte del Ejecutivo Federal con únicamente diez propuestas para Salas Regionales.
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