La semana pasada la calificadora de deuda soberana HR Rating hizo pública su decisión de modificar el estatus concedido a la deuda soberana de México de negativo a estable, tres niveles por encima del grado de inversión. Ya antes Japan Credit Rating Agency había procedido en el mismo sentido, también de negativa a estable, pero cuatro lugares por encima del grado de inversión. Cada agencia calificadora maneja su propia métrica.
La modificación de la calificación representa un reconocimiento al gobierno de México, debido a su prudencia fiscal, el fortalecimiento de los ingresos tributarios y la trayectoria descendente de la relación deuda/PIB. En un entorno internacional complicado, ha mejorado la resiliencia de la economía mexicana ante choques externos. No es poca cosa.
En las circunstancias actuales, México no presenta ya un problema de deuda a largo plazo y, en cambio, tiene margen para aplicar un enfoque de gasto público más expansivo. Sin embargo, el comportamiento de la inflación restringe esa posibilidad, ya que ésta tiende a acercarse al 8 por ciento.
En general, el gobierno mexicano no está buscando un crecimiento soportado en la expansión fiscal, sino uno basado en el comercio exterior y la inversión privada, particularmente la extranjera. Bajo tal perspectiva, las fuentes de estímulo a la inversión deben provenir de las demandas externa e interna y del entorno macroeconómico estable, no de la expansión del gasto público. Éste se ha ampliado, en sintonía con el ingreso público.
El razonamiento del párrafo anterior se deriva de la presentación del Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en la “Latin American Cities Conferences: México City” (28/04/2022), que resume los pilares de la estrategia del Gobierno de México en tres puntos: adherencia al T-MEC, certidumbre en el marco de política macroeconómico y definición de una nueva frontera de potencial de producción. Este último aspecto tiene que ver más con un cambio estructural de largo plazo, no con reacciones ante la coyuntura.
En este momento el riesgo mayor para la economía mexicana no está en el entorno fiscal, sino en el monetario. Por el lado de la inflación. Como este fenómeno tiene fuertes componentes externos la política monetaria no ha sido suficientemente efectiva. Las decisiones de política monetaria son competencia de la banca central, del Banco de México.
Desde nuestra perspectiva el Banco de México ha hecho la tarea: su enfoque restrictivo en materia de aumento de la tasa de interés de referencia ha sido más oportuno que en otros países, y ya casi se lleva un año. Si solamente se tomaran medidas monetarias para contener las presiones inflacionarias, éstas tendrían que ser mucho más agresivas, a fin de inducir una contracción de la demanda agregada, lo cual implicaría severos daños sobre las actividades económicas y el empleo.
Como es bien sabido entre macroeconomistas la inflación no es meramente un asunto monetario. De manera que otras medidas también pueden ser efectivas, en particular las de tipo fiscal. Sirva para ilustrar el punto que, con motivo de la presentación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), las autoridades hacendarias han dicho que la inflación sería del 12 por ciento y no de 7.72 por ciento si no se hubieran sacrificado el cobro del impuesto sobre la gasolina y adoptado las otras medidas respecto a energéticos.
Explícitamente el gobierno mexicano ha sostenido la inconveniencia de tasa de interés más elevadas. Es decir, no considera deseable descansar exclusivamente en mayor agresividad en materia de política monetaria. En contrapartida está proponiendo cargar el esfuerzo sobre el aumento de la oferta de bienes y servicios, vía los costos, el aumento de la producción y otro tipo de medidas. Esto es lo que expresa el PACIC. Por llamarle de algún modo, se trata de un enfoque no convencional, utilizando los márgenes fiscales de que se dispone.
En resumen, las medidas se refieren a sacrifico fiscal por el lado de las importaciones de productos básicos e insumos (libre importación y agilización en aduanas), mayor efectividad contra asaltos a transporte de carga (que elevan los costos), aumento de la producción de granos (precios de garantía y entrega de fertilizantes), fortalecimiento de los programas de abasto y reservas estratégicas (para contrarrestar los daños de la libre importación de granos) y el compromiso de grandes empresas de mantener precios estables por un periodo de seis meses en productos de la canasta de consumo básico.
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