Defender los derechos humanos con fe inquebrantable

Defender los derechos humanos es una gran lucha que nos hermana a miles de personas en México y en el mundo para hacer valer nuestra dignidad e igualdad. Esta tarea ha llevado siglos. Quizá podamos establecer su inicio en 1793 cuando fue aprobada la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, uno de los documentos primigenios en los que se forjaron los derechos humanos. Su artículo 23 establece la necesidad de “la acción de todos para asegurar a cada uno el goce y conservación de sus derechos...”. Y sí, gracias a ello hoy contamos con mecanismos diversos para garantizar su vigencia.

El trabajo conjunto, organizado, constante y sobre todo la resiliencia nos ha ayudado a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) a sortear infinidad de obstáculos y sinsabores. Los logros son parte del cimiento que hoy sostiene las legislaciones locales o instrumentos globales que garantizan la vigencia de los derechos humanos a nivel local o mundial.

Todos ellos cuentan y no debemos dejar pasar la oportunidad de celebrarlos. Quienes trabajamos por la defensa de los derechos humanos estamos tan inmersas en nuestros afanes cotidianos que no abrimos espacios para contar nuestras historias de cambio.

De ahí que en el presente texto enuncio algunos logros que obtuvimos en 2023 en casos y temas emblemáticos que han implicado años de trabajo. Son logros relevantes para la comunidad Amnistía Internacional, a la que coloquialmente llamamos “famnistía” (activistas, membresía, donantes y simpatizantes), pero sobre todo son relevantes para las víctimas y sus familias, cuya lucha acompañamos con la certeza de que estos cambios pueden tener repercusión positiva en otros tantos casos de violaciones a derechos humanos.

En la búsqueda de justicia para la joven Karla Pontigo, quien fue víctima de feminicidio en San Luis Potosí en 2012, la familia de esta logró -con el apoyo de las OSC que la acompañamos-, mediante un trabajo tenaz, objetivos muy importantes en su búsqueda de justicia y reparación integral del daño.

El más reciente de ellos fue la creación, el 13 de enero de 2023, de una Fiscalía Especializada en Feminicidios para ese estado. Un hecho inédito que estableció la pauta para que las muertes violentas de mujeres sean investigadas con perspectiva de género.

Esto fue posible gracias a una sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el 13 de noviembre de 2019, sobre el feminicidio de Karla. La sentencia resultó ser un parteaguas porque en su parte medular ordenó que se rehiciera la investigación del caso con perspectiva de género, veredicto que establece un precedente valiosísimo -junto con la sentencia del caso Mariana Lima Buendía- para la investigación de los feminicidios en México.

La familia de Karla llevó su caso a la SCJN porque la primera investigación del feminicidio de la joven, hecha por la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí -ahora Fiscalía General de Justicia (FGJSLP)-, estuvo plagada de irregularidades, entre ellas clasificó el delito como homicidio doloso y no lo investigó con perspectiva de género.

El peregrinar de la familia de Karla en su búsqueda de justicia ha llevado 12 años, a lo largo de los cuales enfrentamos los sinsabores de la estulticia con que se conducen las autoridades. La creación de la fiscalía puede ser un ejemplo para otros estados del país y ni que decir de la sentencia que -junto con la de Mariana Lima Buendía- es referencia para atender otros casos de feminicidio en México.

Una disculpa pública forma parte de la reparación integral del daño a que tienen derecho las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias. Es una medida de satisfacción que debe ofrecer el Estado y su objetivo es reintegrar la memoria y dignidad de las víctimas. Esto es independiente de que las familias de éstas deben tener acceso a la justicia, a la verdad y a garantías de no repetición de los hechos.

Desde Amnistía Internacional, impulsamos la realización de tres disculpas públicas durante 2023. La primera, para las familias de Nadia Muciño Márquez, Daniela Sánchez Curiel, Diana Velázquez Florencio y Julia Sosa Conde -todas ellas víctimas de feminicidio precedido de desaparición en el Estado de México-, por las deficiencias al investigar los casos y por la violencia institucional ejercida contra las familias. Sus casos están documentados en nuestro informe Juicio a la Justicia.

La segunda, estuvo dirigida a las mujeres de diversas colectivas que fueron víctimas de una terrible represión policial el 22 de agosto de 2020, cuando protestaban pacíficamente contra la violencia sexual en León, Guanajuato. La disculpa se ofreció porque se violentó su derecho a la reunión pacífica, a la libertad, a la integridad personal, a estar libres de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a vivir una vida libre de violencia. El caso está reseñado en nuestro informe La era de las Mujeres.

La tercera disculpa pública fue para la familia de la joven Alondra Guadalupe González Arias, quien fue víctima de feminicidio en marzo de 2017, en Jalisco. El gobierno de Guadalajara se disculpó por su incapacidad de cumplir con su obligación constitucional de garantizar el derecho a la vida de la joven. Su caso lo difundimos ampliamente en nuestras campañas #JuntasHastaLaVida y #VivanLasMujeres.

Las reuniones con las autoridades, en las que se acordaron los términos de las diferentes disculpas públicas se dieron por separado y sucedieron a lo largo de tres años, en los casos del Edomex y Guanajuato, y en el del feminicidio de Alondra por al menos cinco años.

Ya zanjados todos los acuerdos sucedió lo indecible. En el Edomex la Fiscalía del Estado de México (FGJEM) canceló el acto horas antes de su realización, prevista para el 8 de noviembre de 2022. Su actitud insensible e indolente constituyó un agravio más para las víctimas y sus familias. En Guanajuato ocurrió lo mismo. La autoridad pospuso el acto la madrugada del lunes 21 de agosto de 2023.

Ni las madres de las víctimas de feminicidio, ni las jóvenes violentadas en Guanajuato cejaron en su derecho de que se les ofreciera una disculpa pública. Las OSCs y Amnistía Internacional las seguimos apoyando en las gestiones con los respectivos gobiernos. Nuestras activistas en México y en diversos países realizaron una intensa labor enviando cartas, firmando peticiones y activándose en las redes sociales denunciando la actitud de las autoridades. La noticia tuvo un impacto negativo para éstas en los medios de comunicación.

Finalmente, la FGJEM ofreció su disculpa a las familias de víctimas de feminicidio el 28 de febrero de 2023. Por su parte, el gobierno de León se disculpó con las jóvenes que sufrieron la represión policial el 29 de septiembre de 2023. En el caso de la joven Alondra, el principal enemigo a vencer fue la burocracia y finalmente la disculpa para la familia se ofreció el 28 de noviembre de 2023.

Los tres casos son una muestra palpable de lo mucho que cuesta hacer que una autoridad reconozca nuestros derechos, pero finalmente las disculpas públicas se concretaron y con ello se estableció un precedente importante para este tipo de medidas de satisfacción.

Otro tema que destaco es la realización del Foro Muertes Intolerables en el que analizamos las acciones del Estado mexicano destinadas a erradicar las deficiencias en investigaciones por feminicidio. El foro lo efectuamos en el marco de los 30 años de que inició la documentación de los feminicidios en México, con los casos emblemáticos de Ciudad Juárez y Chihuahua, y a 20 años de que Amnistía Internacional publicó su Informe México: Muertes intolerables, 10 años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua

El auditorio del Museo Memoria y Tolerancia estuvo totalmente lleno. Fue un gran ejercicio en el que académicas, activistas, madres de víctimas de feminicidio y representantes de organizaciones, todas con una amplísima experiencia, reconocimos el enorme trabajo de las madres de Cd. Juárez y Chihuahua que contribuyó a la construcción del actual andamiaje legal y las instituciones con que se cuenta para atender la violencia contra las mujeres.

Reconocimos también la lucha de Irinea Buendía y Esperanza Lucciotto, quienes en la búsqueda de Justicia para sus hijas Mariana Lima y Karla Pontigo, víctimas de feminicidio, llevaron sus casos a la SCJN. Ésta emitió sendas sentencias que hoy son referencia obligatoria para que miles de madres de víctimas de feminicidio tengan acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño. El acto estuvo precedido de un acto conmemorativo en Chihuahua, para honrar la memoria de las mujeres víctimas de feminicidio en ese estado.

En septiembre de 2021, diversas colectivas colocaron en la ex glorieta de Colón la silueta de una mujer con el puño izquierdo en alto: se trataba de la llamada “Justicia”, símbolo de resistencia ante las omisiones del Estado en el cumplimiento de su obligación de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y los cuerpos feminizados.

La autoridad de la CDMX se negó inicialmente a ceder el espacio que las colectivas reclamaron para honrar la memoria de las mujeres que han luchado por nuestros derechos. Sin embargo, el 26 de junio de 2023, luego de dos años de constantes e intensas negociaciones, el Frente Amplio de Mujeres que Luchan y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, acompañadas por Amnistía Internacional, logramos la permanencia definitiva de la Glorieta de las mujeres que Luchan y gritar con mucho orgullo que ¡La glorieta se queda!

En noviembre de 2022, el colectivo EPUmx –integrado por más de 300 organizaciones defensoras de derechos humanos de México, entre ellas Amnistía Internacional–, participó en las presesiones de cara al cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU). Ahí presentamos un informe general y 17 informes temáticos con recomendaciones sobre diferentes temas de derechos humanos que pueden ser consultados aquí. Durante muchos meses estas 300 organizaciones trabajamos intensamente elaborando estos informes, recopilando evidencia y realizando gestiones de incidencia con los Estados.

Al cierre de esta columna, confirmamos que este trabajo ha tenido resultados: más de un centenar de países que participaron el 24 de enero en el Examen Periódico Universal de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, urgieron al Estado mexicano a redoblar esfuerzos para que todas las personas podamos ejercer nuestros derechos. En particular destacaron temas como la desaparición forzada, asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, vigilancia digital, violencia contra las mujeres, protección de las personas migrantes y la militarización de la seguridad pública.

Durante 2023, las organizaciones y colectivas conquistamos el espacio público y demostramos que nuestra lucha es incansable. Por eso, año tras año salimos a las calles para conmemorar el Día Internacional de la Mujer (8M); el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible (28S) y el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N). Con gran alegría nos sumamos también a la marcha a pie por libertad, justicia y dignidad para la comunidad LGBTIQ+.

Tenemos claro que en México se vive una grave crisis de derechos humanos y que hay una gran diversidad de temas pendientes en nuestra agenda, como la militarización de la vida pública, la violencia contra las mujeres, los feminicidios, el creciente número de personas desaparecidas, la estigmatización que hace el Estado de las personas periodistas y defensoras de derechos humanos, o la persecución de las madres buscadoras, entre otros.

Los avances obtenidos a través de los años nos motivan a seguir adelante. Hoy avanzamos sobre la base que construyeron las personas que nos precedieron en la defensa de los derechos humanos y siempre habrá alguien que continúe nuestra lucha. Hoy nos toca a nosotras mantener la vela encendida y lo seguiremos haciendo con fe inquebrantable.

* La autora Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México @amnistiamexico.