Defender los derechos humanos en México: una labor que no debe costar la vida
En México, defender derechos humanos sigue costando la integridad para decenas de personas. El pasado 16 de octubre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su tercer Informe sobre la Situación de personas defensoras de derechos humanos en las Américas, el cual incluye información actualizada de los países de la región –tras 13 años de haber publicado el anterior–, incluyendo las preocupaciones sobre México frente a los contextos de violencia generalizada en muchas comunidades del país, que propician las agresiones contra personas defensoras.
Este es un tema que, por su relevancia y gravedad, ha tomado relevancia frente a la comunidad internacional. En su informe, la CIDH retoma información de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde se pudo constatar que entre enero de 2019 y septiembre de 2023 al menos 91 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas con posible relación a su actividad de defensa, así como datos de la organización Front Line Defenders.
En contraposición del discurso oficial que responsabiliza al crimen organizado de la violencia en el país, la Comisión observó que en un 43.1% de los casos la responsabilidad de estas agresiones recaería presuntamente en funcionarios públicos.
La Comisión es clara en observar que, en México, los contextos de inseguridad y violencia exacerbada en diversas zonas del país, aunado a la corrupción y los conflictos comunitarios no atendidos por parte de las autoridades locales son algunos de los factores estructurales que propician la violencia en contra de las personas defensoras.
Uno de los grupos que la CIDH identificó con alta vulnerabilidad fueron las personas buscadoras de personas desaparecidas, principalmente madres.
Al respecto, la Comisión alertó de condiciones extremadamente peligrosas para realizar la labor de búsqueda, los impactos diferenciados de esta en las mujeres y la falta de protección del Estado.
Resaltó las desapariciones y asesinatos de mujeres buscadoras, las cuales fueron abordadas en audiencia que tuvieron distintas integrantes de colectivos ante la CIDH el 28 de febrero de 2024 que, como señalamos anteriormente, tristemente tuvo un deshonroso desdén de las autoridades mexicanas.
En México, los registros reportan que desde 2010 al menos 32 personas buscadoras han sido asesinadas, como lo hemos denunciado reiteradamente.
En los mismos días que se publicaba el informe, los colectivos de Sinaloa y la propia Comisión de Derechos Humanos del Estado denunciaban la desaparición de María de los Ángeles Valenzuela, del colectivo “Corazones Unidos por una Misma Causa A. C.”, quien buscaba a su hija y había denunciado diversas amenazas en el marco de su búsqueda.
En el informe también se resaltan los riesgos, la criminalización y estigmatización de personas defensoras del medioambiente y el territorio. Da cuenta también de los casos de desaparición de los defensores, como el de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz en enero de 2023, quienes siguen sin ser localizados, al igual que los asesinatos de estas personas, como el del defensor Eustacio Alcalá en abril 2023, quien fue reportado primero como desaparecido y dos días después encontrado sin vida.
Sobre este tema, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) tiene registrados 94 eventos de agresión y 236 agresiones específicas durante el 2024, lo que es una muestra de la trascendencia de tomar acciones inmediatas para atender la epidemia de agresiones en contra de quienes asumen en los territorios el cuidado de nuestra Casa Común.
La Comisión también externó la preocupación sobre el aumento del uso de tecnologías de espionaje como el malware Pegasus contra personas defensoras, como lo han revelado investigaciones de Citizen Lab, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y Social TIC.
Esto aunado a la impunidad que rodea a las investigaciones, particularmente la falta de avances y la omisión en el acceso a la justicia, tal y como recientemente observó a profundidad la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en su informe “El impacto de la vigilancia digital en la libertad de expresión en las Américas”, que examina el uso de tecnologías de vigilancia contra personas periodistas y personas defensoras en la región, abordando en detenimiento el caso de México.
No sólo ello. Además, la Comisión alertó sobre los mensajes de descrédito y estigmatización de la labor de defensa de derechos humanos emitidos por parte de las autoridades de alto nivel. Por ejemplo, las más de 27 menciones directas desde la tribuna presidencial, en la anterior administración, para estigmatizar nuestra labor. Más las decenas de ocasiones que mencionaron a otras organizaciones civiles o a defensores en terreno y el clima de hostilidad que estos generan.
La crisis de derechos humanos se ha reflejado también en la violencia que reciben quienes asumen su defensa. Para enfrentarla, la CIDH realizó una serie de recomendaciones: adoptar una política integral de protección para las personas que defienden derechos humanos, cumplir con las medidas cautelares que ha emitido en diversos casos, avanzar diligentemente en las investigaciones de agresiones contra personas defensoras, fortalecer la búsqueda de quienes han sido reportadas como desaparecidas y prohibir la vigilancia sin orden judicial.
Es imperante no dejar a un lado la mirada internacional ni ignorar la problemática que es más que evidente. La acción de defender a las más y los más vulnerables, a los territorios y la Casa Común en nuestro país ya no puede ser más un sinónimo de riesgo, sino del reconocimiento por el cuidado de la vida.
