Derecho a defender derechos: contra la criminalización de la protesta en México
Desde hace varias semanas, comunidades y habitantes del área metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, han realizado protestas y bloqueos para exigir su derecho humano al agua potable y al saneamiento. Lo hicieron tras denunciar durante meses la contaminación del agua de abastecimiento público y por la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades locales, quienes solo se pronunciaron sobre la problemática cuando se hizo pública la crisis hídrica a nivel nacional, anunciando medidas paliativas con cortes de servicio y tandeos por zonas. Por su parte, las autoridades federales anunciaron acciones parciales, pues se trata de una de las zonas metropolitanas más grandes del país, a la par que se busca sostener esfuerzos de la administración anterior, en una zona donde diversos esfuerzos comunitarios defendieron su territorio por años.
En contraste, las energías de los funcionarios se concentraron en vigilar las marchas, hostigar a las y los participantes y desplegar ampliamente a los elementos de seguridad pública.
Las acciones de las autoridades no se limitaron a la intimidación. El domingo 11 de octubre se registraron hechos de represión, violencia y uso excesivo de la fuerza, incluido el lanzamiento de proyectiles de gas lacrimógeno por parte de elementos de seguridad, quienes también lanzaron polvo extintor y agua a presión contra las personas. Los reportes preliminares llegaron a contabilizar 51 personas detenidas arbitrariamente —quienes ya fueron liberadas, algunas todavía con procesos en libertad— y decenas de personas heridas, entre ellas, periodistas que cubrían las protestas. Un hecho completamente reprobable.
Inmediatamente, organizaciones civiles del estado, como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia “Francisco Suárez, SJ” del ITESO, documentaron los hechos, emitieron pronunciamientos, acompañaron a las familias de las personas agredidas y detenidas y condenaron la actuación policial.
La Relatora Especial de Libertad de Asociación y Asamblea de Naciones Unidas, Gina Romero, llamó a investigar de forma pronta e independiente los hechos y exhortó a las autoridades a abstenerse de emitir discursos estigmatizantes contra quienes ejercen sus libertades fundamentales.
Sin embargo, las respuestas de las autoridades fueron lastimosas, por decir lo menos. Por un lado, el gobernador Pablo Lemus minimizó las agresiones de los manifestantes y atribuyó los ataques a supuestos grupos de choque, minimizando la responsabilidad de los elementos de seguridad. A nivel federal, en la conferencia mañanera, si bien se condenó la represión de la protesta y se exigió una respuesta adecuada del gobernador, se utilizó el espacio para abordar discusiones políticas que no atendían los temas relacionados con el derecho al agua y a la libre manifestación.
Los hechos en Jalisco muestran una grave problemática de criminalización de la protesta que está lejos de ser erradicada en todo el país. Tan solo en la Ciudad de México, el 2 de octubre, durante la 58 conmemoración de la matanza de Tlatelolco, se documentaron malas actuaciones contra manifestantes y periodistas por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y pocos días después se replicaron estas acciones durante la protesta de trabajadoras sexuales en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Sin olvidar los encapsulamientos realizados por parte de integrantes de la policía capitalina, en calzada de Tlalpan, contra familiares en búsqueda de personas desaparecidas, durante el contexto del Mundial, y los graves hechos de uso desproporcionado de la fuerza contra de las manifestaciones del magisterio disidente, que llevaron a la pérdida de la vista de uno de los manifestantes, unas semanas antes del inicio de la copa mundial. Sucedió también a finales de septiembre en Morelos, donde elementos de la policía estatal retiraron por la fuerza a estudiantes que exigían seguridad y alto a los feminicidios. Así como la criminalización de profesoras en Chiapas, por mencionar solo algunos casos recientes.
La respuesta de las autoridades, en su mayoría, es la misma: se reconocen “excesos” o “errores” de “algún elemento” y se anuncian investigaciones, sin que haya mayor rendición de cuentas ante las autoridades de control interno, instancias penales o siquiera de organismos públicos de derechos humanos. La situación evidencia una problemática más profunda: la incapacidad de las autoridades para aceptar el disenso, proteger la seguridad de quienes toman las calles y alzan la voz ante preocupaciones que afectan el día a día de las comunidades, sobre todo la de las personas más vulnerables.
Esto se suma a una realidad cada vez más documentada y que ha levantado alertas a nivel internacional: el incremento de la violencia contra quienes defienden derechos humanos, sobre todo en territorio. Personas que además son continuamente estigmatizadas de manera pública, amenazadas en sus espacios privados o laborales y que corren riesgos de ser privadas de la libertad por delitos que no cometieron, como lo ha documentado recientemente el Centro de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Berkeley.
Los hechos no se limitan a una sola entidad ni son atribuibles a las administraciones públicas locales o a partidos en específicos. Muestran una situación normalizada en diversas zonas, incluso en aquellas que presumen mantener apertura, respetar los desacuerdos y promover la paz. Sin embargo, para poder afirmar que hoy se respetan los derechos humanos en México se debe iniciar con garantizar uno fundamental: el derecho a exigir y defender derechos.
