"Desalojos en Mazatlán, un 'polvorín'. Inician AMLO y Quirino plan urgente"

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La presencia inesperada del Gobernador Quirino Ordaz Coppel con las familias que fueron desalojadas del Fraccionamiento San Fernando, en Mazatlán, significó correr la cortina de la indiferencia del Gobierno federal sobre un problema que va a marchas forzadas hacia el conflicto de enormes consecuencias sociales. La desesperación en los que necesitan vivienda, y la voracidad de particulares que acaparan el suelo urbano para venderlo después como oro molido, puede salirse de un momento a otro del cauce pacífico y desbordar en hechos violentos.

La convergencia de indignación, juicios legales, amenazas y el uso de la fuerza para solucionar por mano propia algo en lo cual las autoridades no tienen respuestas, fue tema de preocupación entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gobernador de Sinaloa, con el ultimátum que la tensión social les pone por el riesgo de que la confrontación se salga de control.

En Mazatlán, igual que ocurre en los grandes asentamientos de Sinaloa, la tenencia de la tierra con linderos de anarquía y la lucha de los precaristas por un terreno para fincar casas le dan forma a la amalgama de la inestabilidad. Dispersos en la mancha citadina, los barrios que se originaron con la toma forzada de la tierra conservan la irregularidad como diáspora maligna.
Las circunstancias han escalado a tal nivel de gravedad que López Obrador le pidió a Ordaz Coppel que mediara en los conflictos por invasiones en vez de asignarle esa tarea al Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, quien en la víspera había prometido negociar entre las partes para facilitar el arreglo. A la postre, la intervención de “El Químico” se concretó a enviarles carpas y letrinas portátiles siendo el eslabón de autoridad menos posibilitado a dar soluciones integrales, por lo tanto AMLO le volvió a solicitar el “favor” al Gobernador.

El Gobierno federal desconocía la dimensión del fenómeno. El delegado de los programas federales en Sinaloa, Jaime Montes Salas, ni los diputados federales y senadores locales habían advertido de la inminente evolución al choque violento entre familias necesitadas de lotes y viviendas contra dueños y reclamantes de las propiedades invadidas. Cuando López Obrador vio los datos entendió la gravedad y dio órdenes de que se le asignara el tratamiento inmediato.

Es desmesurado decir que el Presidente le ordenó al Gobernador que acudiera de emergencia el domingo a serenar a los grupos que ejercen presión, víctimas de la incertidumbre e impotencia. Desde principios de 2019 el Gobierno del Estado elabora un diagnóstico de una situación que podría ser considerada de un momento a otro como crisis humanitaria. Más recientemente, el 29 de septiembre, se efectuó en el puerto un cónclave con todas las instancias implicadas para buscarle una salida al problema.

Es decir, Quirino Ordaz conoce el problema y el conflicto desde antes de que enteraran a López Obrador del mismo. Ha propuesto una salida que involucre a todos los niveles de gobierno debido a que la solución es complicada porque se requieren recursos públicos inestimables que tendrían que aportar los gobiernos federal, estatal y municipal. Comprar terrenos, urbanizarlos, dar créditos para vivienda o bien regularizar colonias que se establecieron en áreas reclamadas por particulares o empresas necesitará de mucho dinero. Una estimación preliminar habla de más de 400 millones de pesos.

Si bien el sector San Fernando es hoy el foco de atención, lo único que está haciendo es ser la gota que derramó el vaso de la alta demanda de viviendas o lotes para construirlas y que se agudizó debido a que los desplazados por la violencia del sur del estado han tomado a Mazatlán como ciudad asilo. Así, mientras en ese sector se procedía al desalojo, ya estaba en curso otra acción para sacar a los ocupantes en la Colonia Manuel de la Vega.

Lo importante es que se jaló la atención del Presidente para que participe en hallar las salidas. El reporte que el Movimiento Amplio Social Sinaloense le entregó el viernes en Villa Unión a López Obrador establece que la violencia acecha por los procesos judiciales y los intereses económicos de las inmobiliarias y particulares derivados de que existen predios y fraccionamientos irregulares en distintos puntos de Mazatlán.

El documento firmado por habitantes de 24 asentamientos no se anda por las ramas al advertir que Mazatlán está sentado en un polvorín: solamente en lo que corresponde a casas de carácter social hay 22 mil involucradas. Por esa razón Miguel Ángel Ramírez Jardines, dirigente del MASS, al ver que Quirino Ordaz llegó el domingo a dialogar con las familias desalojados de San Fernando llamó a los afectados a no desesperarse. “Todo va caminando bien”, les dijo.

Reverso

Aquel que ni siquiera entienda,
Lo que significa este penar,
Pues que viva la pena horrenda,
De tener la calle como hogar.

¡Pero no se enojen!

Reyna Araceli Tirado Gálvez, directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres, reaccionó de manera inadecuada ante el planteamiento de Ricardo Jenny del Rincón, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, que exige funcionarios con conocimientos para dar resultados ante las cifras de violaciones, violencia familiar y contra las mujeres. ¿Eso qué tiene de malo? Si se les paga con recursos públicos deben trabajar, y mucho, pero si optan por simular y cobrar el cheque sin desquitarlo pues que se vayan y le dejen el lugar a quien sí pueda y quiera cumplir con las obligaciones asignadas. El que no sea un “burócrata de mediocre desempeño” que lance la primera piedra.