Desaparecer a la CEAIP no, Gobernador
Cuidar y fortalecer a órganos autónomos

sicairos6204@gmail.com

Algo de razón tiene el Gobernador Rubén Rocha Moya al señalar que algunos órganos autónomos se convirtieron en burocracias doradas que pocos beneficios le retribuyen a la sociedad, pero erra en la postura de apoyar la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que desaparezca el Instituto Nacional de Acceso en la Información, e incurriría en mayor desacierto si considera que en Sinaloa también sea eliminada la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública.

He allí la paradoja de plantear la extinción de aquello que, al contrario, debiera constituir prioridad nacional para el régimen de la Cuarta Transformación: defender y robustecer la transparencia y rendición de cuentas. En lo local y lo nacional urge el acto de recapacitación y la consiguiente enmienda al planteamiento que por cierto a los reincidentes afectadores de las finanzas públicas les viene como anillo al dedo.

Volvemos al apremio de que alguien, aunque sea en la recta final del sexenio, tendría que hacerle ver a López Obrador que algunas instituciones que son resultado de extenuantes luchas sociales, incluso tomadas como banderas por la izquierda política en su momento, deben permanecer independientes y sólidas al ser puntal del combate a la corrupción que a su vez es promesa insignia del actual Mandatario federal.

Para entender la pertinencia de un INAI más fuerte basta con recordar que mediante el ejercicio de la transparencia se le tatuó el sello de la corrupción al anterior Presidente de México, Enrique Peña Nieto, pues con solicitudes de acceso a datos se supo de la “Casa blanca” de 7 millones de dólares propiedad de la entonces primera dama Angélica Rivera; la casa de Luis Videgaray, en aquel tiempo Secretario de Finanzas, en Malinalco, Estado de México, con un valor de 500 mil dólares, así como el caso de la “Estafa Maestra” que implicó a 11 dependencia del Gobierno federal y 8 universidades públicas que se autoasignaron contratos irregulares por 128 millones de dólares.

En el caso de la CEAIP, en Sinaloa fueron desclasificados los expedientes que revelaron delitos de malversación de recursos públicos en las secretarías de Salud y Finanzas cometidos durante el gobierno de Mario López Valdez; manejo de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 en el gobierno de Quirino Ordaz Coppel; las obras opacas por el Par Vial de Culiacán siendo Alcalde de Culiacán Sergio Torres Félix; liberación de información encriptada sobre desapariciones forzadas, y bitácoras de vuelo y nombres de ocupantes de aeronaves del Gobierno del Estado, sólo por enumerar algunos casos.

Entonces el posicionamiento correcto iría en la intención de revisar todos los componentes del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, desparasitándolo de inercias y lastres y dotarlo de más garras y dientes para se muestren a los ciudadanos aquellos puntos ciegos en los cuales siguen anidando a placer los delitos que afectan el patrimonio público. El Comité de Participación Ciudadana del SEMAS, por ejemplo, cuya labor está rezagada y apática en lo concerniente a vigilarle las manos a los saqueadores de los erarios, o profundizar en los resultados de la Vicefiscalía Anticorrupción a ver si pasa la prueba de la eficiencia.

En el contexto nacional resulta inadmisible que al INAI se le pretenda afectar desde la raíz, anulándolo como piedra angular de la rendición de cuentas. Combatir la fundamental existencia de los baluartes de la transparencia no podría entenderse sin el operativo implícito para proteger a sujetos obligados que continúan en madrigueras opacas con prácticas corruptas, ahora con la posible colaboración de la 4T para que el Instituto garante no les estorbe. Esto no, Presidente López Obrador porque traiciona el principio de su triduo moral que postula no robar, no mentir y no traicionar.

En la conferencia de prensa semanal del 3 de mayo, Rocha Moya manifestó que no cree en el INAI, “comparto con el Presidente su opinión, no creo en la burocracia dorada” y al preguntársele si guarda igual punto de vista en el caso de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública en Sinaloa respondió “todo que tiene que ver con eso; yo creo que hay que reformular ese aspecto en el País y el estado”. Replantear a la CEAIP sí, desaparecerla no, Gobernador.

De inmediato le hizo eco el Presidente de la Junta de Coordinación de la 64 Legislatura estatal, Feliciano Castro Meléndrez, quien remachó con la declaración de que el Congreso está abierto a la propuesta del Gobernador de revisar a instancias que gozan de autonomía y que en los hechos se han convertido en una carga al presupuesto y no han funcionado como debieran.

Cuidado con ese esquema que lo reduce todo al costo en dinero de instituciones esenciales para la gobernabilidad. De ser así, hasta a la representación popular le tocaría el cotejo de costos-beneficios.

No le carguen a la conciencia,

Presidente y Gobernador,

El manotazo demoledor,

A la lucha por transparencia.

A un año de que comunicadores y medios nos estremecimos con el crimen que le quitó la vida al colega Luis Enrique Ramírez, otro ataque artero que amedrenta al ejercicio de la libertad de expresión en Sinaloa, la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio, que preside Lidia Oralia Sarabia, exigió que “se utilicen todos los recursos humanos, financieros y legales por parte de la Fiscalía General del Estado para que se resuelva este caso y no quede como muchas otras carpetas de investigación de asesinatos de periodistas, en el cajón del olvido”. Sí, que vaya la FGE a buscarlos y detenerlos para llevarlos a juicio, sin esperar que los asesinos se entreguen por voluntad propia o que la ciudadanía los delate a cambio de unos cuantos pesos.