En días pasados fue posible ilustrar las señales cruzadas que se emiten desde el oficialismo en el tema de las desapariciones forzadas. Por un lado, la Secretaria de Gobernación sostuvo una larga reunión con el colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco y, por el otro, la presidenta de Morena desestimó las medidas cautelares dictadas por la ONU y señaló que “desde 2018 no hay ninguna acción gubernamental que propicie la desaparición o la violación de los derechos humanos”.
La reunión con el colectivo de buscadores dejó un buen sabor de boca, al decir de sus dirigentes: destacaron el trato inédito con las autoridades, el ánimo de revisar la actuación de funcionarios, y el empezar de cero la relación entre autoridades y buscadores. Se trató de una reunión privada que mantuvo ese carácter y, sin duda, constituye una buena noticia que hay que destacar.
Del otro lado, en cambio, Luisa María Alcalde acusó que a la ONU “no le gustan los gobiernos progresistas y cercanos a la gente”, que el organismo internacional actúa “de manera facciosa”, y que tanto la administración de López Obrador, como la actual, son “ejemplos de estrategias de búsqueda y combate a la impunidad derivada de las desapariciones”. La tragedia documentada de Teuchitlán finalmente ha tenido la virtud de visibilizar un problema muy grave. Y ojalá siga mereciendo los reflectores nacionales e internacionales.
Veamos, durante la dictadura militar en Argentina se estimó (siempre se trata de cifras negras o aproximadas) que el número de desaparecidos fue del orden de 30 mil personas. En México estamos hablando de más de 110 mil, sin dictadura. El sexenio de López Obrador ha sido el que ha tenido el mayor número de desaparecidos. Esos son los datos, las actitudes están siendo encontradas.
Mientras en las filas del oficialismo hay quienes sugieren que la derecha no sólo es autora de la “fábula” de Teuchitlán, sino que incluso controla el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y que el “inmaculado humanismo” de López Obrador jamás se hubiera mancillado con alguna desaparición, los datos dicen otra cosa.
Hay también quienes empiezan a señalar que hay cosas que revisar, estructuras que fortalecer, pero -sobre todo- que entienden que el mejor método para solucionar algún problema es reconocerlo y dialogar.
Ahí está la gran diferencia: mientras Alcalde insiste en reeditar la rutina del monólogo (“no cometemos errores”, “somos víctimas perpetuas”, “no tenemos nada que cambiar o revisar”), lo de la Secretaria de Gobernación parece abrir una nueva ruta animada por el diálogo.
Ojalá prevalezca esta última. El diálogo siempre será más constructivo y enriquecedor que el monólogo, que sólo pontifica.
