Desapariciones forzadas, justicia transicional y un memorial para Sinaloa

El asesinato de Rubí Patricia Gómez Tagle, madre buscadora e integrante del Colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, el pasado viernes en su domicilio en Mazatlán, no es un crimen más, es un atentado contra la verdad, la justicia y, por lo tanto, contra la sociedad entera.

Apenas hace unos días asistí a una reunión que sostuvo la Comisión Nacional de Búsqueda con los colectivos de búsqueda de la zona sur, en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales. Al escuchar los testimonios de todas esas víctimas indirectas -madres, padres, hijas, hijos, hermanos y hermanas- las emociones inevitablemente afloraron. Pero junto a esa experiencia, también emergió en mi mente un concepto fundamental para cualquier proceso de reconstrucción social: la justicia transicional.

La justicia transicional es el conjunto de mecanismos sociales, jurídicos, políticos y simbólicos que utilizan las sociedades que han vivido violencia sistemática para enfrentar su pasado. Se trata de reconocer a las víctimas, sancionar a los responsables, reparar los daños y garantizar la no repetición.

Su eficacia ha sido demostrada en países que atravesaron guerras civiles, dictaduras o conflictos internos prolongados como Colombia, Chile, Perú y Argentina. A través de comisiones de la verdad, procesos de memoria histórica, tribunales especiales, políticas de reparación y memoriales públicos, estas sociedades lograron nombraron el horror, dignificaron a las víctimas y reconstruyeron la confianza social.

Ese marco resulta pertinente para Sinaloa, aun cuando la desaparición forzada no es un fenómeno del pasado, sino una realidad vigente.

Hablar de justicia transicional en este contexto implica reconstruir la verdad, generar mecanismos reales de investigación, reconocer a las víctimas (directas e indirectas) como sujetos de derecho, y transformar instituciones históricamente incapaces de responder. Pero también implica algo más profundo y simbólico: la memoria como forma de justicia.

De ahí la importancia de crear un memorial a las víctimas de desapariciones forzadas en Sinaloa. Un memorial no es un monumento decorativo ni una obra urbana vacía de contenido, sino es un acto político de reconocimiento. Un espacio donde los nombres importan, donde el dolor no se esconde, y donde la sociedad se ve obligada a mirar lo que durante años ha ignorado.

Esta propuesta no es nueva ni propia. Mi colega Carlos Emilio Ibarra, miembro de nuestro Cuerpo Académico y Profesor de la Facultad de Ciencia Política de Los Mochis, ha impulsado esta iniciativa en distintos foros locales e internacionales. Su planteamiento es integral y profundamente necesario:

1. Crear un Centro Regional de Memoria para la Reparación, la Justicia, la Reconciliación y la Paz; 2. Recopilar, organizar y publicar historias de vida de los familiares de víctimas de desaparición forzada; 3. Establecer una mesa de diálogo entre víctimas y autoridades de los tres niveles de Gobierno; 4. Recorrer los cinco municipios con mayor número de fosas clandestinas para dialogar con los colectivos más activos; 5. Impulsar la creación de una Comisión de la Verdad en Sinaloa y una Fiscalía de Justicia Transicional; y 6. Realizar una publicación académica sobre la reivindicación, resignificación y reconocimiento de la memoria desde un enfoque transdisciplinar.

La propuesta de creación de un memorial debe ir de la mano con el combate a la impunidad. Es una iniciativa de gran simbolismo, pues pretende visibilizar un terror que muchos prefieren ignorar. Es una forma de recordar que las desapariciones no son estadísticas, que los ausentes no son números, que las familias no son meros espectadores, y que la violencia no puede seguir siendo parte de la normalidad en Sinaloa.

Es cuanto...