Desconfianza en las instituciones: pilar de la percepción de inseguridad
La agenda pública en México tiene un tema ineludible: la inseguridad. El magnicidio del Presidente Municipal de Uruapan, Carlos Manzo; el acoso que sufrió la Presidenta Claudia Sheinbaum por parte de un hombre en pleno recorrido por la Ciudad de México, y las marchas de un sector joven de la población que protesta, entre otras cosas, por el clima violento que se vive en el país, nos hacen reflexionar acerca de la percepción ciudadana sobre la seguridad y el desempeño de las instituciones encargadas de cuidar a las personas.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 del Inegi, el 75.6 por ciento de la población considera que vivir en su entidad es inseguro. Este indicador puede tener muchas explicaciones; una de ellas es la percepción de que las instituciones encargadas de garantizar la seguridad son ineficaces. 1 Daron Acemoglu y James Robinson argumentan en su libro The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty, que se necesita un Estado fuerte para controlar la violencia y hacer cumplir la ley. En México, en cambio, lo que se observa son instituciones incapaces de contener y resolver conflictos, lo que alimenta la sensación de inseguridad.
De hecho, los datos sugieren una relación clara entre la percepción de un mal desempeño institucional y la percepción de inseguridad. La población del Estado de México, por ejemplo, lo coloca como el segundo peor estado en percepción del desempeño de sus instituciones de seguridad; al mismo tiempo, es el cuarto con mayor percepción de inseguridad (87.8 por ciento de las personas encuestadas). En Morelos, el 90.1 por ciento de la población se siente insegura y la entidad ocupa el sexto lugar entre las peor calificadas en desempeño institucional. Michoacán presenta un patrón similar: 80.9 por ciento de la población percibe inseguridad y sus instituciones se ubican en el cuarto peor lugar a nivel nacional. En contraste, Yucatán, donde solo el 39.6 por ciento de la población se siente insegura, ocupa el lugar 29 en el ranking del mal desempeño institucional de las instituciones de seguridad.
La desconfianza en las instituciones, además de abonar a la percepción de inseguridad, incrementa la cifra negra (los delitos no denunciados), que alcanza el 93.2 por ciento según datos de la ENVIPE. Este nivel tan alto se explica, entre otras cosas, por la percepción ciudadana de que denunciar no sirve de nada: los trámites son pesados, las investigaciones rara vez prosperan y la impunidad se convierte en regla. La falta de confianza en las instituciones judiciales y de seguridad alimenta un círculo vicioso en que la violencia se normaliza y la ciudadanía no encuentra propósito en acudir a las autoridades.
La violencia en las calles tiene múltiples causas, una de ellas es un Estado debilitado y deslegitimado. El desafío de consolidar un verdadero Estado de derecho exige más que diagnósticos: requiere una asignación eficiente y bien orientada del presupuesto para fortalecer a las instituciones. Además, se necesitan políticas anticorrupción que garanticen la profesionalización e independencia de las personas servidoras públicas, de los cuerpos policiales y de las fuerzas armadas. Lo anterior es indispensable para reconstruir la confianza
El autor, Imad Peniche, es economista por el ITAM y pasante en Ethos Innovación en Políticas Públicas (@EthosInnovacion).
1 De acuerdo con la ENVIPE, las instituciones consideradas como autoridades de seguridad son Marina, Fuerza Aérea Mexicana, Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Policía Ministerial, Judicial o de Investigación, Jueces, Ministerio Público y Fiscalías Estatales, Policía Estatal, Policía Preventiva, Municipal y Policía de Tránsito.
