Mi primera participación como votante en una elección presidencial fue en el mes de julio de 1970, de la cual resultó ganador indiscutible Luis Echeverría Álvarez y de ahí para adelante, de todos sus sucesores he escuchado la promesa de que serán fieles a su encargo y consumados guerreros en el combate a la corrupción, y a la fecha, ninguno lo ha conseguido, llegando al extremo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, lo cual, justamente, provocó que nos embelesaran las promesas de Andrés Manuel López Obrador, de combatir sin descanso a los depredadores del presupuesto público, pues el mal a combatir, continúa vivito y robando, en no pocas dependencias del gobierno federal y el lodo cunde no solo entre los altos mandos de las dependencias, sino también en los niveles operativos y se extiende a los gobiernos estatales y municipales.
En Mazatlán, por ejemplo, restauranteros y hoteleros, saben que, en las temporadas vacacionales, los inspectores foráneos de PROFECO se despachan con la cuchara grande para no levantar actas ni ordenar cierres de establecimientos, ante supuestas irregularidades en los negocios; extorsiones que también son práctica, común entre los inspectores estatales y municipales.
Hablarle de corrupción a López Obrador, dentro de su gobierno, es como hablar de la soga en la casa del ahorcado, y para lo cual, tiene la respuesta de contar con otros datos y que los señalamientos que se le hacen proviene de los representantes y voceros de los conservadores.
Una de las posibilidades de que López Obrador cumpliera con la promesa de combatir la corrupción, es que transparentara las cuentas públicas; que no recurriera a reservar la información, tal y como lo hicieron sus antecesores, pero no ocurrió lo deseado, de tal suerte, que a la primera mitad del año pasado, el gobierno federal ha requerido a clasificar como información reservada 16,275 casos, según información obtenida a través de la plataforma nacional de transparencia del INAI.
Por supuesto, entre la información pública negada a la sociedad, se encuentran asuntos relacionados al aeropuerto Felipe Ángeles y el llamado Tren Maya, el que por cierto, ya triplicó su presupuesto inicial de 160 mil millones de pesos a cerca de 500 mil millones de pesos considerando el recurso que se le pretende asignar el próximo año.
Dicen que el que nada debe, nada teme, luego entonces, resulta contradictorio que el Presidente de la República, autodeclarado enemigo de la corrupción, esconda información de muchas de sus acciones y que, por otra parte, esté intentando desaparecer al INAI, organismo autónomo a través del cual, se ha proporcionado información a organizaciones ciudadanas y medios de información que han servido para que nos enteremos de casos de escándalo como del llamado “Estafa Maestra”, el de la casa blanca de Peña Nieto.
También el que fue llamado el “cartel de la comida”, a través del cual, en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, una empresa proveedora de alimentos logró contratos millonarios, proveyendo de alimentos a de ínfima calidad los penales federales y a instituciones de salud ¡Ah! y también del INAI se obtuvo la información para que salieran a flote las multimillonarias irregularidades financieras en Segalmex, cuyo titular, fue perdonado por el propio Presidente de la República, argumentando que fue víctima de algunos funcionarios mañosos de origen priista.
Y así como el último caso citado, hay otras dependencias que han venido siendo señaladas por las múltiples irregularidades marcadas por la Auditoría Superior de la Federación, entre ellas, Secretaría del Bienestar en la dispersión de recursos y adquisiciones de bienes; Banco del Bienestar con millonarios contratos de bienes y servicios asignados de manera directa y lo peor, manejos de dineros asignados al Insabi, para enfrentar la pandemia del Covid-19. Pura y apestosa podredumbre.
Desgraciadamente, para el país y el futuro de todos nosotros, la promesa de acabar con el flagelo de la corrupción, no será una meta cumplida del Presidente Andrés Manuel. ¡Buenos días!
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