Desorden urbano: Les dije
Desde hace años mi despacho ha venido patrocinando diversas acciones legales para obligar al Gobierno municipal a regular el desorden urbano que se veía venir por la construcción indiscriminada de torres de departamentos en distintas zonas de la ciudad.
Esas acciones legales no han buscado frenar el desarrollo inmobiliario con las ventajas económicas que esa industria obviamente trae.
Lo que han buscado las acciones legales es que el Gobierno municipal regule y vigile esos desarrollos inmobiliarios para garantizar que cumplen con todos los requisitos que señalan las leyes aplicables, incluidos los requisitos fijados en los mismos permisos de construcción, evitando lo que ahora se ve a todas luces: un desorden urbano (les dije).
Por la experiencia adquirida, me atrevo a decir que más o menos el 80 por ciento de todas las torres de departamentos que se han venido construyendo desde la administración de Carlos Felton para acá, pero especialmente en la de Fernando Pucheta y la de “El Químico”, no cumplen con las obligaciones legales determinadas por las leyes aplicables y violan lo que los propios permisos de construcción exigen.
Muchas quejas ciudadanas de vecinos cercanos a las torres de departamentos han quedado sin atención y solución por el Gobierno municipal y, cuando acuden a tribunales, no tienen buenos resultados o porque estuvieron mal asesorados legalmente o porque les tocaron jueces y magistrados miedosos, ineptos y sin sensibilidad social.
Lo anterior se debe a que la construcción de torres de departamentos representa un enorme negocio para el Gobierno municipal vía impuestos y derechos que se cobran, pero, sobre todo, ha representado un enorme negocio para los dizque servidores públicos involucrados en la autorización y expedición de los permisos de construcción.
Es un secreto a voces que, desde los tiempos de Felton, pero sobre todo en los periodos de Pucheta y de “El Químico”, se han otorgado permisos de construcción para torres de departamentos claramente ilegales a cambio de una buena mochada, es decir, entregan los permisos de construcción a sabiendas que no deberían hacerlo, a cambio de dinero o incluso a cambio de uno o varios departamentos.
Lógicamente todo lo que tiene que ver con los permisos de construcción ilegales se mantiene oculto en el Gobierno municipal, a veces sencillamente porque se entregaron los permisos de construcción sin cumplir un solo requisito por lo que los expedientes correspondientes están vacíos.
Tan cínica ha sido la actitud opaca asumida por el Gobierno municipal, que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPC), le envió un par de “recomendaciones” para que transparente toda la información relacionada con el desorden urbano reconocido en esas recomendaciones y corrija la situación.
Aunque me tachen de ave de mal agüero, afirmo que el Gobierno municipal no le va a hacer caso a esas “recomendaciones” por la sencilla razón de que no son vinculantes, esto es, no son obligatorias.
Por lo tanto, la lucha contra el desorden urbano quedará en manos de los ciudadanos y, por lo que toca a mi despacho, ya hemos presentado acciones colectivas, amparos y denuncias por faltas administrativas que están en trámite.
Aplaudo al CPC por entregar esas recomendaciones al Gobierno municipal pero no se deben quedar hasta ahí. Si el Gobierno municipal no les hace caso, el CPC y las organizaciones ciudadanas que apoyan esas recomendaciones deben pasar a la lucha legal y deben iniciar los juicios y procedimientos administrativos y penales que correspondan.
De no hacerlo, todo quedará como un simple lloriqueo en los medios, lo que, por supuesto, no le causa la menor molestia a la Presidenta Municipal y su séquito de funcionarios corruptos o, de menos, inútiles.
