La autoridad estatal y el DIF reconocen más de 300 comunidades en alarmantes condiciones de sequía, 100 mil sinaloenses con falta de agua potable. La Conagua en el “monitor mensual” señala que Sinaloa tiene un nivel de sequía D2 o sequía severa en los municipios del centro del estado, muy lejana de la D4 que es la peor de todas, actualmente presente en los estados fronterizos de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua. Según los archivos del Servicio Meteorológico Nacional estamos lejos de vivir los peores momentos por falta de agua.
Eso dicen los números, pero la realidad en las comunidades contrasta completamente con las métricas y mediciones. Sobre todo, en municipios del norte del estado, en particular Choix, El Fuerte y Sinaloa de Leyva en donde algunos colectivos en pro de la defensa de los derechos indígenas han denunciado que actualmente hay desplazamiento de habitantes de comunidades tarahumaras en búsqueda del vital líquido.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO- advierte que el consumo mundial de agua se ha multiplicado por seis durante el siglo pasado. Desde hace años en foros internacionales se discute y debate sobre el “estrés hídrico” como un gran desafío para la humanidad.
El “estrés hídrico” expone una sobredemanda de agua, es decir, cuando la demanda del líquido es más alta que la cantidad de agua disponible en un periodo determinado de tiempo. La falta de agua no solo supone la ausencia del líquido, sino la posibilidad de que sea utilizable o apta para el consumo humano.
Cuando hablamos de migrantes ambientales, nos viene a la mente la imagen de un paisaje desolado con un camino polvoriento por donde caminan hombres, mujeres y niños con bidones vacíos en mano, recorriendo descalzos alguna región de Kenia, Botsuana o Somalia. Lejana realidad a la que poco interés ponemos, al fin y al cabo, nosotros tenemos agua, es cuestión de abrir la llave.
Pero el desplazamiento por sed no es exclusivo de países africanos o los desérticos del Medio Oriente. La realidad está más cerca de lo que nos podemos imaginar, la tenemos aquí en Sinaloa, en nuestra tierra regada por once ríos cada vez más secos. Todo aquello que se ha disertado en el marco de las convenciones internacionales sobre cambio climático desde hace décadas, nos alcanzó sin tener oportunidad de prepararnos.
La sequía no es culpa de nuestros gobernantes, ni de los del presente, ni de los del pasado. Pero la atención a este problema de vida o muerte, sí lo es, y lo es porque en principio es un tema de derechos humanos, porque el agua es un bien social y cultural más allá de un bien económico y eso solo lo regula el Estado y sus leyes. Por eso, todos los gobiernos están obligados a trazar planes y programas para cuidar y proteger los recursos hídricos, evitando a toda costa la escasez del agua para consumo humano, como las que ya vivimos.
Dudo mucho que nuestros gobernantes y legisladores conozcan los objetivos para el desarrollo sostenible y tengan en mente que nuestro país se encuentra en la peligrosa lista de naciones con alto riesgo de “estrés hídrico” de 2030 a 2040. En la agenda de nadie están estos temas tan importantes, que tiene que ver con la sobre explotación de mantos acuíferos, deforestación de los sistemas de humedales y el ramsar, la contaminación salina u orgánica de ríos, lagos y cuerpos de agua, el uso irregular para la siembra, ganadería y otras industrias de alto consumo y un larguísimo etcétera.
En pocas palabras, a los políticos de este país poco les importa el tema, porque esos problemas llegarán en el 2030, y para entonces ya no serán funcionarios y la visión que acompaña a estos servidores públicos siempre es de corto, cortísimo plazo. Luego le seguimos...
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