Detenidos en casos Torres y mineros
¿Confiar en el Gobierno? Todavía no
A los dos hechos recientes de violencia de más alto impacto, que son el atentado en Culiacán contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya, y la privación ilegal de la libertad de 10 mineros en Concordia, les han correspondido las detenciones de probables autores materiales que sí atenúan pero no resuelven de fondo la crisis de la seguridad pública en Sinaloa que significa riesgos latentes para la sociedad entera, por agresiones criminales que ocurren en el lugar y hora menos pensados.
Desde la densa niebla que es la barbarie, resulta complicado traducir en certidumbres avances como los presentados ayer en torno a los ataques contra los legisladores del Congreso local y los trabajadores de la empresa Vizsla Silver debido a que se necesitan mayores evidencias para configurar artículos de fe favorables a los gobiernos federal, estatales y municipales.
Nada de confianza ni buena perspectiva pueden germinar en ciudadanos que presencian cómo la delincuencia doblega a instituciones y quienes las dirigen, u hogares que vieron salir a sus jefes de familias para buscar el sustento legítimo y los ven regresar convertidos en restos humanos rescatados de narcofosas. Poner al Legislativo en la mira de rifles de asalto y descargar la saña hamponil contra humildes obreros nunca permitirá algún ápice de esperanza.
Existen bastantes razones para cribar en los cedazos de la duda la información que fluye de manera restringida desde la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sometida previamente a procesos de mitigación de daños. Sin bien alienta el hecho de oír a Omar García Harfuch hablando de detenidos que dieron pistas para encontrar a las víctimas de la mina de Pánuco, las interrogaciones que llegan en cascada impiden descifrar códigos presentados como satisfactorios.
La misma estrategia de detenciones posteriores a tragedias que se le asestan a la sociedad operó horas después del ataque que civiles armados cometieron el 28 de enero contra los diputados Sergio Torres Félix, dirigente de MC en Sinaloa, y Elizabeth Montoya Ojeda. Un día después, la Presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer en la conferencia de prensa mañanera que había un detenido en calidad de posible agresor de los parlamentarios.
No obstante el nivel de los servidores públicos que salen a llenar los huecos de información que dejan las instancias que debieran aportar y sustentar el contenido de carpetas de investigación, de todos modos en el fragor de la narcoguerra sinaloense la opinión pública sostiene el sospechosismo propio de tan punzantes violencias e impunidades. ¿De qué nivel de peligrosidad son los presuntos malhechores aprehendidos? ¿De quiénes reciben órdenes? ¿La eficacia del Gabinete de Seguridad Nacional no puede ir más allá de la servidumbre del Cártel? ¿Se trata de detenciones que se hacen solamente para contener el enojo social y enseguida ponerlos en libertad? ¿Qué tan importantes resultan en el organigrama criminal y cuál será el resultado en materia de mitigación de la barbarie de casi año y medio?
Entre más sanguinaria es la embestida criminal menos condiciones existen para que los datos oficiales convenzan a la gente pacífica de la atenuación de la violencia. Así nos insista Sheinbaum que en las estadísticas del Gobierno la comisión de homicidios dolosos presentan un bajón de 42 por ciento, cotejando los promedios diarios de 86.9 de septiembre de 2024 contra el 50.9 en enero de 2026.
Sobre los presuntos delincuentes detenidos tras embestir a gente pacífica e instituciones gubernamentales la observación de lo público los sitúa como aciertos que no configuran tranquilidad y dominio de la Ley, al tratarse de pistoleros cuyas identidades y perfiles hamponiles se extravían entre las legiones de civiles armados y los incalculables pertrechos de guerra de que dispone el narcotráfico.
Y esto, dicho y analizado a la luz del sentimiento popular carece desde la visión de las víctimas de méritos para volver a confiar en las instituciones y autoridades. Todo porque en tiempos de narcoguerra la parafernalia del poder público cada vez parece más celada que salvoconducto, más aberración que voluntad por cumplir la función defensora de la vida a la cual la Constitución los obliga.
Hacer con Harfuch un pacto eficaz,
Cuando la guerra a todos alcanza:
Si a Sinaloa regresas la paz,
A ti te devolvemos la confianza.
Llevar a La Mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum la hipótesis de la “confusión” que habría motivado a una célula del narcotráfico para privar de la libertad a 10 mineros en la zona de Pánuco, Concordia, aporta a la estrategia de entretener a las audiencias a través de narrativas violentas colocadas encima de la indispensable justicia ofrecida a las víctimas y sus familias. La emboscada de la “equivocación” que adquiere estatuto de verdad cuando en forma irresponsable es planteada en vivo y en cadena nacional, en contraste con hogares ahogados por el sufrimiento y sin posibilidad de hacer escuchar las recriminaciones al Gobierno que no puede, o no quiere, proteger a la gente de bien. El pódium presidencial recalcando el absurdo de creer que la vestimenta de trabajo de los obreros es confundible con la indumentaria de ametralladoras, chalecos antibalas, municiones y explosivos que portan los sicarios.
