Deuda con prensa y DDHH de Sinaloa
¿Para cuándo la Fiscalía Especializada?
Después de tres años, o cuatro que se cumplen dentro de tres meses, de la omisión del Congreso del Estado para poner en funcionamiento la Fiscalía Especializada para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el centro ciudadano de investigación Iniciativa Sinaloa interpuso el juicio de amparo indirecto ante un Juez de Distrito al considerar que la 65 Legislatura incurre en la desatención hacia ambos gremios que enfrentan agresiones, amenazas y peligros en el contexto de violencia de alto riesgo para activistas y reporteros.
El recurso jurídico sustenta que pese a que la Ley en la materia, aprobada por el Legislativo el 24 de mayo de 2022 y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa el día 27 del mismo mes y año, establece la creación de dicha instancia ministerial, la Cámara ha aplazado una y otra vez el cumplimiento de este mandato, minimizando la importancia que tiene en el sistema de defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos.
La exigencia es la más firme instaurada hasta la fecha porque día que pasa fomenta condiciones idóneas para que los agresores perciban a su favor la negligencia parlamentaria, cuantimás en la presente circunstancia que lleva cuatro meses, y pronto serán cinco, desde que el 9 de septiembre de 2024 inició la confrontación entre las dos células del narcotráfico que durante décadas operaron coordinadas al interior del Cártel de Sinaloa.
En medio de tal choque criminal, periodismo y luchas cívicas padecen las secuelas de realizar sus actividades en el ambiente de terror, ser víctimas de actos de amedrentamiento que ponen en juego la integridad física, y ni siquiera tienen la certeza de que en caso de denunciar tales consecuencias el Ministerio Público pueda integrar y resolver rápido las carpetas de investigación, por la sobrecarga de delitos a atender derivados de la narcoguerra.
Un periodismo o activismo intimidados traen consigo la eventualidad de no estar en condiciones de coadyuvar a la defensa de los sectores sinaloenses que sin distingos experimentan la sensación de las balas del crimen rozándoles la piel. Y no se trata de exageraciones ya que durante los meses de septiembre a diciembre de 2024 el Instituto Para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha emitido 49 medidas urgentes, 59 de protección, 40 de atención y 110 preventivas.
Y de la Fiscalía Especializada, ni sus luces. Terminó la 64 integración del Congreso con el mérito de que las diputadas y diputados, con Feliciano Castro presidiendo la Junta de Coordinación Política, aprobaron la Ley respectiva, aunque no hicieron la labor completa con la creación de la institución ministerial. Ahora el turno es de la 65 Legislatura con María Teresa Guerra en la Jucopo, y el compás de espera continúa a contrarreloj de condiciones más adversas para ejercer el periodismo y la defensoría social. Estas 258 intervenciones del IPPPDDHyP, un promedio de dos diarias, dan una idea de lo grave de la insensibilidad en los asambleístas y lo intimidante del riesgo para los sujetos protegidos.
Por ello, Iniciativa Sinaloa, que dirige Marlén León Fontes, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, acudió al juicio de amparo indirecto el cual fue admitido por un Juzgado de Distrito, con la fe en que el alto tribunal intervenga para subsanar el descuido que toca los bordes de la negligencia. El alegato es sencillo: con la prensa trabajando en pleno disfrute de las garantías constitucionales, los ciudadanos tendrán mayores oportunidades de acceder al periodismo que les apuntale el derecho a la información.
Iniciativa Sinaloa lo explica así: “La situación de violencia que enfrenta Sinaloa actualmente ha incrementado también el número de agresiones hacia periodistas. La falta de la Fiscalía Especializada ha impedido la consolidación de mecanismos de protección, dejando en estado de vulnerabilidad a los grupos a quienes acompaña la citada Ley. Diariamente periodistas y defensores de derechos humanos enfrentan múltiples riesgos, amenazas y agresiones en el ejercicio de su actividad”.
Y el Congreso del Estado vuelve a estar en la disyuntiva de legislar para proteger a comunicadores y activistas, como lo hizo el 24 de mayo de 2022, o proseguir en la abulia hasta que lo haga despertar otro ataque brutal a la libertad de expresión, como los que les costaron la vida a los periodistas Javier Valdez Cárdenas, el 15 de mayo de 2017, y Luis Enrique Ramírez Ramos, el 5 de mayo de 2022.
Si continúa con tal paciencia,
El Congreso en su apatía,
Llegará primero la violencia,
Mucho antes que la Fiscalía.
Con el sobrevuelo que el lunes realizó una aeronave espía de Fuerza Aérea de Estados Unidos prácticamente bordeando costas desde Sinaloa a Sonora sobre las aguas del Mar de Cortés, Donald Trump realiza el simulacro de la intervención que planea contra los cárteles del narcotráfico una vez que le apruebe el Capitolio, donde su partido tiene mayoría, la clasificación como terroristas de estas organizaciones criminales. Y si acaso esto fuera apenas un ejercicio de prueba, urge establecer la alerta máxima en México frente a los inimaginables propósitos perversos del nuevo inquilino de la Casa Blanca.