El mes pasado, el Gobierno federal anunció nuevos resultados derivados de la estrategia nacional de seguridad y, en particular, respecto a la reducción de homicidios. La disminución de homicidios en un país como México es relevante pues se trata de vidas humanas; también hay que ponderar esos pasos a la luz de cerca de dos décadas de violencia generalizada que, aún hoy, alcanza dimensiones dolorosas e inaceptables.
En el mismo contexto, se aseveró que se está trabajando sobre herramientas estadísticas para registrar el número de personas desaparecidas en México, respecto de la que ya nos hemos referido en este espacio. Como en el caso de los homicidios, las cifras son relevantes para evaluar acciones y políticas públicas, así como reconocer la dimensión de la violencia que vive el País y formular respuestas; a la vez, las cifras son insuficientes para entender el dolor que las víctimas enfrentan si la discusión se limita a minimizarlas o compararlas, pues la realidad muestra otros resultados.
Ejemplo de ello es que el anuncio llegó dos semanas después de que 11 personas fueran asesinadas en pleno día en un juego de futbol en Salamanca y de que 10 mineros fueran secuestrados en su estancia el 23 de enero, dándose a conocer luego que cinco de ellos fueron localizados sin vida e identificados en una fosa clandestina, en la zona de El Verde, municipio de Concordia, que de acuerdo con lo documentado por periodistas es un lugar que lleva años en uso y aún se desconocen sus dimensiones.
Por ello no sorprenden otras escenas vistas durante los días siguientes: una, la protesta encabezada por madres buscadoras quienes marcharon en el Carnaval de Mazatlán para exigir la localización de personas desaparecidas en la entidad –más de 7 mil según registros oficiales–. La segunda surgió de la gran indignación tras el secuestro de los mineros, llevándose a cabo protestas en al menos siete estados, ante un hartazgo de los trabajadores del sector ante la inseguridad que viven.
Tampoco sorprenden las demandas de familiares de personas ejecutadas arbitrariamente en este sexenio y de quienes han sido víctima de la violencia por grupos criminales: en octubre de 2024, el asesinato de Alexis por elementos del Ejército y Guardia Nacional, cuando viajaba en su camioneta en Culiacán; las ejecuciones de las niñas Leidy y Alexa, en mayo de 2025, por elementos del Ejército; en junio de 2025, la muerte de Jessica, una mujer embarazada, y su pareja Néstor, tras el presunto uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la Guardia Nacional; la privación de la vida de Fernando Alan Arce presuntamente por elementos del Ejército tras quedar en un fuego cruzado en calles de la colonia Tierra Blanca, todos en el estado de Sinaloa.
Más recientemente hemos escuchado otras dolorosas historias de familias, como la de Ricardo Mizael, de 16 años, asesinado el 11 de febrero atacado a balazos por un grupo de hombres armados en Culiacán; y el de otro repartidor de 16 años en el fraccionamiento Las Cerezas en la misma ciudad, entre otros.
Frente a estos hechos atroces, es comprensible que la sociedad tanto en Sinaloa como en el País exijan acciones concretas con resultados más visibles para erradicar la crisis de violencia.
Porque detrás de estas historias hay familias y rostros concretos, que contrastan con los mensajes centrados en cifras, frente a la falta de información por parte de las autoridades sobre hechos tan graves como los mencionados, advirtiéndose que es la Fiscalía General de la República o el Gabinete de seguridad quien debe de informar, sin que esas demoras en la información vengan acompañadas de mensajes oficiales que reconozcan lo dolorosa que continúa siendo la violencia en el País.
El que desde la tribuna presidencial y de otras autoridades de alto nivel en los estados se centre la reacción principalmente en la reducción de las cifras y se sugiera que es únicamente la percepción la que no ha bajado, minimiza la realidad que viven cientos de familias, tanto de los casos difundidos en medios, como de los que no han sido visibilizados.
La situación de Sinaloa -dimensionada en el contexto particular que enfrenta desde septiembre de 2024- no es distinta de la que hemos señalado en otras entidades, como Michoacán, Chiapas o Guanajuato, estados en donde son indistinguibles los límites de la criminalidad con los de autoridades locales, donde ha habido múltiples carencias de las fiscalías locales para construir indagatorias sólidas con la participación activa de las víctimas y la FGR no toma acciones al respecto, y en donde el amplio despliegue de fuerzas armadas no sólo no ha contribuido a reducir la violencia, sino que ha puesto en riesgo la integridad y los derechos humanos de las personas, con resultados fatales.
El cruento panorama de desapariciones, de la violencia y las extorsiones que viven las y los mineros, los hallazgos de fosas clandestinas, los asesinatos y ejecuciones arbitrarias obliga a tener una respuesta institucional mucho más fortalecida, con límites y exigencia de rendición de cuentas a las tareas militares, al fortalecimiento del fuero civil frente al fuero militar, y a no caer en la narrativa más acrítica de que la seguridad está mejorando. Se necesita escuchar las demandas de las víctimas con una mirada sensible y empática, para realmente garantizarles protección, respeto a los derechos humanos, justicia y reparación. Sólo así la percepción será distinta.
