Distractor llamado Alejandra Pineda
Salvar la transparencia, no a la UTE
Después de la extinción en febrero de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, en Sinaloa aplica en materia de transparencia el dicho popular que dice que el que con leche se quema hasta al jocoque le sopla, pues la reciente destitución de Silvia Alejandra Pineda Prado como titular de la Unidad Técnica de Evaluación del Congreso del Estado desató una polémica que más bien parece cortina de humo para distraer la atención de lo fundamental, que es la nueva Ley en materia de rendición de cuentas.
Cuando el daño mayor ya fue causado, el vigor cívico debe reservarse para incidir en la enorme labor resarcitoria en que entrará el Parlamento para consultar, consensuar y aprobar la Ley de Transparencia de Sinaloa, exigiendo que ésta no represente el remedo de la norma federal que convierte al Gobierno en juez y parte en los procesos de vigilancia del erario, retroceso histórico que tarde o temprano será corregido.
En esa pérdida de noción entre lo esencial y lo accesorio algunas organizaciones ciudadanas y actores políticos sobredimensionan el debate respecto a la relevancia del apéndice de la Comisión de Fiscalización del Poder Legislativo, sin reparar en la trascendencia de la lucha que viene para lograr que Sinaloa recupere los sistemas de acceso a la información y combate a la corrupción que cuenten con autonomía técnica y administrativa como la tenían los entes de la materia aniquilados.
Es que la discusión está centrada en la persona que deja el cargo y no en revisar la viabilidad de la UTE con base a los resultados que presentó durante su funcionamiento desde que fue creada en febrero de 2021. ¿Qué utilidad mostró o qué acción meritoria hizo en apoyo a la Comisión de Fiscalización? ¿Era una herramienta imprescindible o formó parte de la burocracia dorada del Legislativo? ¿En verdad se atrofia con su desaparición la cadena de combate a la opacidad?
Sería importante conocer, por ejemplo, qué tanto merma la desaparición de la UTE a las instancias prevalecientes que son lupas colocadas sobre el manejo de recursos públicos, como lo son la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la misma Comisión de Fiscalización que en lo general se superponen a un mal menor que es la posible eliminación de dicha Unidad. A luz de los argumentos y no del griterío infundado veamos qué vale más la pena: defenderla o perderla.
Cuidado con “cajas chinas” cuyo propósito es dispersar los esfuerzos que demandará la misión de reconstruir el demolido sistema anticorrupción de Sinaloa. Pensemos en que la reanimación o tiro de gracia al modelo de rendición de cuentas ocurrirá según sea la intervención social exigiéndole a la Asamblea popular que honre la representatividad que le confieren los ciudadanos. Es decir, guardemos los ímpetus antes que quemarlos en infiernitos.
En las diferentes trincheras ciudadanas se halla pendiente el ejercicio de reflexionar las ideas antes de soltarlas. Alejandra Pineda acopió buenos apoyos que se manifestaron a su favor al presentarse como víctima del Congreso del Estado, pero más allá de un finiquito laboral de esos que ocurren a diario en centenas en empresas diezmadas por la narcoguerra, lo crucial tiene que ver con mantener funcionando la maquinaria de la transparencia así le traben un engranaje o más.
En lo que sigue bien vale la pena articular los afanes porque así como en 2002 Sinaloa fue pionero en acceso a la información cuando el gobierno de Juan Millán se le adelantó en tal tendencia al entonces Presidente Vicente Flox, ahora en 2026 el objetivo consiste en darle un viraje a la actual normatividad federal tendiente a que en lo local las políticas de transparencia estén a cargo de los ciudadanos y no al arbitrio de funcionarios que perpetren la corrupción y ellos mismos se exoneren de las sanciones penales aplicables.
El llamado consiste en no perder de vista lo cardinal al permitir que señuelos personalísimos distraigan la atención generalizada que sí requieren las luchas de gran calado por los derechos y las libertades. ¿Qué tal si a cambio de pelear por la desdibujada Unidad Técnica de Evaluación hacemos posible que la 64 Legislatura del Congreso del Estado permita la operación cívica que contribuya a que Sinaloa cuente con la mejor Ley posible en transparencia, acceso a la información y combate a la corrupción?
¿O no? Un buen cirujano nunca mata al paciente durante una sencilla operación de apendicectomía.
Podría constituir negligencia,
Que la UTE y su batahola,
Nos impidan percibir la ola,
Que arrasa con la transparencia.
Desde el 31 de marzo, cuando en Tecualilla fueron asesinados en emboscada un comandante y tres agentes, quedó evidenciado que la Policía Municipal de Escuinapa está bajo ataque criminal y en ese momento la Mesa de Seguridad Pública debió adoptar en Sinaloa protocolos para protegerlos de la delincuencia que los caza aprovechando la debilidad táctica de la corporación preventiva. El miércoles un quinto elemento perdió la vida en el mismo municipio al ser atacado al llegar a su domicilio y quizás este hecho ya sea suficiente para que la fuerza pública federal y estatal determine retirar a la DSPyTM de operativos en territorios de la narcoguerra, por elemental consideración a los guardianes del orden y sus familias que antes que ser otras cosas son seres humanos.
