Educación superior: entre la ambición
del cambio y la realidad del financiamiento
El pasado 14 de abril, la Secretaría de Educación Pública publicó el Programa Nacional de Educación Superior (PRONES) 2026-2030. Su objetivo es ampliar la cobertura de la educación superior, atender los déficits de permanencia y articular un componente explícito de equidad social orientado a los hogares de menores ingresos, bajo un enfoque de justicia social y territorial. Su agenda articula, además, otras dimensiones, como la innovación, la educación continua, la gobernanza y el financiamiento, lo cual constituye una de sus principales virtudes.
El programa, sin embargo, llega en un momento complejo. La meta de cobertura del sexenio anterior no se cumplió; el presupuesto destinado a educación superior acumula caídas reales y los compromisos pendientes desde la reforma de 2019 siguen sin materializarse. Su mayor desafío será transitar de una visión ambiciosa a una ruta factible, con recursos suficientes, coordinación institucional y capacidad de implementación. El trecho que separa la ambición del PRONES de los recursos para sostenerla es el eje de este análisis.
Entre la ambición de cobertura y la trayectoria del sistema
Entre 2018 y 2024, la meta de cobertura quedó por debajo de lo prometido. La administración anterior se propuso atender al 50 por ciento de las y los jóvenes entre 18 y 22 años de edad para el ciclo 2024-2025, frente a un punto de partida del 39.7 por ciento en 2018-2019. Tras la pandemia, la autoridad ajustó la meta a la baja y la ubicó en 48.3 por ciento; aun así, no se alcanzó. El ciclo 2024-2025 cerró con una cobertura del 45.1 por ciento: casi seis puntos por debajo de la promesa original y tres por debajo de la meta ajustada.
Partiendo de 45.1 por ciento de cobertura (2024-2025), el PRONES propone alcanzar un 55 por ciento para el ciclo 2030-2031. Lo anterior implica avanzar 9.9 puntos porcentuales en el transcurso del sexenio; es decir, incorporar 1.1 millones de estudiantes al sistema. La cifra dimensiona la ambición del programa y nos exige una lectura cuidadosa dado el incumplimiento de la meta del sexenio anterior y la amplitud de la brecha entre lo planeado (10.3 puntos) y lo logrado (5.4 puntos).
La factibilidad depende del desempeño de las instituciones de educación superior (IES) públicas y privadas, así como de las modalidades escolarizada y no escolarizada en que se ofrece la formación.
Hacia 2030, la mayor exigencia recaerá sobre las IES públicas en modalidad escolarizada, las cuales deberán aportar el 31.7 por ciento de la meta. El reto es grande, pues en los últimos seis ciclos escolares ese fue el componente con el desempeño más bajo, incluso con una contracción de su matrícula.
Para revertir la tendencia, el PRONES plantea dos rutas. La primera es aprovechar los espacios ya disponibles en las universidades consolidadas. La segunda es expandir la oferta a través de las Universidades del Bienestar Benito Juárez (UBBJ) —cuyos programas no cuentan con reconocimiento— y la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) —que apenas se está consolidando.
El siguiente peso lo cargan dos componentes en la modalidad no escolarizada: las IES privadas, con el 30.4 por ciento de la meta; y las IES públicas, con el 25.8 por ciento. Dado que ambos fueron los de mejor desempeño en años recientes, la apuesta es consistente con la trayectoria observada. Sin embargo, cumplir la meta exige sostener y aumentar ese dinamismo, ya que las privadas deberán crecer 25.3 por ciento adicional sobre lo alcanzado y las públicas, un 27.7 por ciento.
El componente con menor peso es el de las IES privadas escolarizadas, el cual aportará el 12.1 por ciento de la meta. De un primer vistazo, la cifra parece modesta, pero el punto de partida juega en contra, pues la matrícula en esa modalidad se contrajo en los últimos seis ciclos escolares.
El análisis arroja una apuesta equilibrada entre las IES públicas y privadas, así como entre modalidades. No obstante, el desafío radica en reactivar la modalidad escolarizada y potenciar la no escolarizada. Queda también por resolver cómo se asegurará la calidad de los aprendizajes en un entorno cada vez más diverso, con modalidades híbridas y no presenciales.
Ninguna dimensión del PRONES revela con mayor claridad la brecha entre las aspiraciones y los recursos para cumplirlas, como el financiamiento. La reforma educativa de 2019 estableció la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior, pero el programa activa en paralelo otros compromisos que demandarán recursos con los cuales operan las IES (becas, plataformas, recursos educativos, infraestructura, equipamiento, formación y capacitación docente).
Esta tensión se agrava por la situación del Fondo Federal Especial para la Obligatoriedad y la Gratuidad (FFEOG). Comprometido desde la reforma de 2019 como instrumento central para financiar la expansión de la educación superior, el fondo sigue sin constituirse tras siete años. En el PRONES aparece de forma acotada y sin un mecanismo vinculante para su creación. En su lugar, el programa propone abrir canales de negociación entre las autoridades educativas, hacendarias y estatales para avanzar hacia esquemas de inversión paritaria. Incluso plantea que para el 2030 el 70 por ciento de las IES públicas estatales aporten la misma cantidad que el subsidio federal. Esta formulación reconoce que, dentro del propio gobierno, existen prioridades distintas entre la SEP y la SHCP, y que el modelo de dependencia de los recursos federales resulta cada vez menos sostenible.
El gran problema de fondo es que las metas del PRONES descansan sobre una base presupuestal decreciente. Entre 2018 y 2026, los recursos destinados a la función de educación superior acumularon una caída real de 2.1 por ciento, con pérdidas consecutivas en 2025 y 2026. A esa contracción se suma que el propio programa establece que sus acciones deberán realizarse con los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
En la práctica, el principal instrumento de planeación para la educación superior operará sin un esfuerzo presupuestal expansivo, dependiendo de reasignaciones internas limitadas y de aportaciones estatales sujetas a finanzas públicas ya comprometidas.
Hay además un límite político. El PRONES busca que las IES ejerzan su gasto con mayor disciplina y transparencia, y al mismo tiempo recalca que esas medidas no pueden vulnerar la autonomía universitaria. Esa autonomía, garantizada por la Constitución, deja a la federación con un margen estrecho para incidir en cómo gastan las instituciones que se gobiernan a sí mismas. Desde este punto de vista, el PRONES puede ser un punto de partida para fortalecer la rendición de cuentas en el ámbito universitario.
El PRONES debe leerse como una plataforma de acuerdo, no como un punto final. Su valor está en ordenar prioridades y reconocer desafíos que el sistema ya no puede evadir. Su mayor prueba será la implementación, que demanda una gobernanza que incluya a instituciones públicas y privadas, gobiernos estatales, sectores productivos y sociales, y comunidades académicas. También se requiere información territorial robusta, evaluación seria, financiamiento sostenible y una visión de calidad que acompañe cada nuevo espacio educativo.
México necesita ampliar la educación superior y el PRONES ofrece una ruta para lograrlo. Convertirla en capacidades reales exigirá un compromiso financiero que el programa, hasta ahora, no tiene asegurado, con lo cual corre el riesgo de terminar siendo una carta de buenas intenciones que se cumplan de forma limitada.
Los autores: Marco A. Fernández M. es líder de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad (IEEC) de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey y coordinador de los programas de Educación y Anticorrupción en México Evalúa. Roberto de la Rosa Vázquez y Javier Patiño García son investigadores de la IEEC del Tec de Monterrey e investigadores asociados de México Evalúa.
