Educación y seguridad pública
En Sinaloa, como en muchas regiones del País, la seguridad pública representa uno de los principales desafíos para la vida cotidiana, el desarrollo económico y la cohesión social. En este contexto, la mejora educativa no es solo una aspiración académica o social, sino una estrategia necesaria para construir condiciones duraderas de seguridad.
La cohesión social es la capacidad de la sociedad para mantenerse unida frente a la violencia, fortaleciendo la confianza, el respeto y la colaboración entre ciudadanos e instituciones, mediante una educación integral que fomente la convivencia pacífica y el compromiso con el bien común.
Por su parte, la seguridad pública es la función del Estado orientada a proteger la integridad de las personas y garantizar el orden social. Está directamente vinculada con la educación, ya que una sociedad educada desarrolla valores cívicos, sentido de legalidad y resolución pacífica de conflictos, condiciones indispensables para prevenir la violencia y construir entornos seguros.
La educación abarca mucho más que la simple transmisión de conocimientos; es un proceso formativo que moldea la conciencia, los valores y las capacidades de las personas a lo largo de su vida. Además, fortalece la cohesión social y contribuye a la construcción de entornos más seguros.
La educación se compone de dos pilares principales: la educación que recibimos en el hogar y la que se imparte en las instituciones educativas. Ambas son indispensables para la construcción de una sociedad más justa, pacífica y cohesionada. Enseguida abordaremos ambas dimensiones, con énfasis en el papel de las escuelas en el contexto actual de Sinaloa.
La educación que nace en el seno familiar es la primera forma de socialización. Allí se forman los valores cívicos, las normas de convivencia y el sentido de responsabilidad social que influyen directamente en la manera en que interactuamos con los demás y con las instituciones del Estado. En una región como la nuestra, marcada por periodos críticos de violencia, esta dimensión inicial de la educación cobra una importancia aún mayor.
Desde esta base social que representan las familias, debemos avanzar hacia el fortalecimiento de las escuelas y de los organismos encargados de promover la seguridad pública. La educación institucional -formal y profesional- complementa la formación del hogar al brindarnos herramientas para participar de forma responsable en la vida social y democrática.
Más aún, como comunidad académica tenemos el deber de asumir el compromiso de enfrentar con responsabilidad los retos educativos y sociales que hoy definen la realidad de nuestra región. Solo desde una educación verdaderamente integral podremos aspirar a una sociedad más segura y cohesionada.
La violencia persistente en Sinaloa ha traído consigo serios desafíos educativos: interrupción de clases presenciales, dificultad para garantizar entornos seguros de aprendizaje y una creciente desvinculación entre estudiantes y escuelas.
Ante este panorama, las clases virtuales han emergido como una herramienta poderosa para sostener la educación en medio de la incertidumbre. Su utilidad ha sido evidente, especialmente durante los periodos de mayor riesgo, permitiendo cierta continuidad académica. No obstante, aún enfrentamos el reto de mejorar sustancialmente esta modalidad. Persisten dudas sobre su impacto a mediano y largo plazo, y la experiencia de la pandemia, aunque valiosa, no ha sido del todo capitalizada.
Es fundamental invertir en infraestructura, formación docente y metodologías adaptadas a entornos digitales, para que las clases virtuales no sean solo una respuesta de emergencia, sino una opción educativa sólida y transformadora en contextos donde la presencialidad sigue siendo limitada.
Sin restar importancia a la necesidad de mejorar los cuerpos policiales o militares con más capacitación y recursos, insistimos en que se requiere, con igual urgencia, fomentar una nueva cultura cívica y educativa. Esa cultura debe comenzar en nuestros hogares y ascender hacia instituciones, organismos y órdenes de gobierno.
Esta reflexión debe ocupar un lugar prioritario en el debate público sinaloense. No podemos, desde la academia, ignorar un problema que afecta directamente la vida de nuestros estudiantes, colegas y familias. Tenemos el privilegio de contar con el respaldo de la sociedad para ejercer nuestra labor, y eso nos compromete a buscar soluciones a los problemas que más nos aquejan.
Un grupo de académicos invitamos a la ciudadanía a participar en una mesa de diálogo sobre educación y seguridad. La cita es el 16 de mayo a las 17:00 horas en la Plazuela Rosales, frente al Edificio Central de la UAS.
