"El apoyo al campo en un marco de austeridad"

No es para sorprender la caída del empleo formal, según lo muestra el registro de asegurados en el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Actualmente, tanto la política monetaria (tasa de interés de referencia del Banco de México) como la fiscal (gasto público frenado) inducen menor crecimiento económico y dañan al empleo. El papel de freno al crecimiento había provenido de la política monetaria, con la política fiscal jugando un papel ambiguo, pero expansivo en general. El gobierno actual ha alterado esa ecuación.

Aceptando que a corto plazo hay un cierto intercambio entre inflación y tasa de desocupación, así como van las cosas la contraparte de un aumento en el desempleo sería una inflación muy baja. La política fiscal recesiva estaría haciendo más fácil al banco central alcanzar su meta de inflación objetivo.

El Banco Central aplica un enfoque convencional de tasas de interés con margen respecto a la tasa de interés fijada por el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos a fin de inducir un flujo de inversión exterior positivo hacia el país y conseguir una cierta apreciación del peso o frenar su depreciación. La apreciación es vista como una vía indirecta para mantener precios domésticos reprimidos y disminuir presiones inflacionarias.

Sin embargo, debido a la alta credibilidad actual de la política de “austeridad republicana”, que puede pasar a ser de “austeridad franciscana”, más valdría que el Banco Central indujera una cierta depreciación del peso y aceptara una inflación mayor. Lo cual ofrece el beneficio de mejorar la competitividad de las actividades productivas domésticas, especialmente en bienes exportables, como los agropecuarios, compensando la presión hacia la baja del crecimiento económico.

El problema está en que el Banco Central por mandato de ley no tiene la obligación de alentar el crecimiento económico del país, y todo su esfuerzo está puesto en la estabilidad de precios. El actual enfoque de política fiscal hace visible este problema, que requiere un tratamiento legislativo.

¿El actual gobierno terminará desplazándose hacia un enfoque de política de gasto más expansivo? Hasta ahora no hay razones para suponer que así sea. Su idea de austeridad no tiene que ver con el corto plazo y el ajuste al ciclo económico (hacer frente a presiones inflacionarias derivadas de una excesiva expansión de la economía), sino con la reforma del Estado. Sus motivaciones son políticas.

El discurso de campaña fue persistente en torno a la idea de austeridad republicana, como parte del funcionamiento normal del Estado mexicano, lo cual implica reducir espacios para el enriquecimiento de los miembros de la clase política. Y alterar, también, la relación entre los actores económicos y el gasto público, disminuyendo el rol del Estado como fuente de oportunidades de negocios para particulares. 

En términos macroeconómicos existe una discusión respecto a los efectos de la austeridad sobre el crecimiento (búsquese Rogoff, Project Syndicate 05/04/2019; Skidelsky, Project Syndicate 22/05/2019; Alesina, Favero y Giavazzi, Austerity, 2019; Dieter Plehwe et al, Austerity: 12 Miths Exposed; Wren-Lewis, The Lies We Were Told, 2018). Alesina y colaboradores afirman que, aunque a corto plazo tiene efectos negativos, estimula el crecimiento a largo plazo, mientras que Dieter Plehwe y colaboradores, por destacar a algunos, sostienen que no es así. Los críticos de la austeridad adoptan una postura más de tipo keynesiano. No obstante, es dudoso que las actuales autoridades de Hacienda tengan presente esa discusión. 

Siendo realistas, los productores en la agricultura tienen que asumir que el nuevo gobierno no va a ser muy suelto con el gasto y que va a mostrar mayor resistencia ante la presión de los productores que los anteriores gobiernos. No va a ser fácil sacarle dinero, aun cuando sus simpatías estén con el campo y con la idea de autosuficiencia alimentaria, porque la lógica de sus decisiones va más allá del campo. En tal sentido, no deben esperar que la rentabilidad del productor provenga de transferencias públicas, y no del mercado.

En este entorno, es de esperar que el mayor debate en torno a las políticas públicas ocurra en la Cámara de Diputados al abordarse la aprobación del presupuesto anual de egresos. El planteamiento de fondo debe ser la formulación de un marco de políticas y programas como política de Estado, para el mediano y el largo plazo. En ese marco el acento debe ponerse en las medidas que mejorar la competitividad y la viabilidad económica de los productores. Pero estos aspectos requieren de mayor elaboración.